En Calbuco, alcalde y concejales se someterán a test de drogas. Te gustaría que las autoridades de tu comuna también se sometan a este test?

En una decisión inédita y que ha generado amplio respaldo ciudadano, el Concejo Municipal de Calbuco aprobó por unanimidad que tanto el alcalde Marco Silva como todos los concejales en ejercicio se sometan a test de drogas y exámenes capilares, en un claro gesto de compromiso con la transparencia, la ética y la probidad en el servicio público.

La medida fue adoptada durante la sesión del concejo celebrada el 21 de julio de 2025, y se enmarca en el creciente debate nacional sobre la necesidad de controlar y prevenir la presencia de drogas en autoridades y representantes públicos. 

“No podemos tener autoridades bajo el efecto de sustancias. La comunidad necesita confiar en nosotros, y para eso hay que predicar con el ejemplo”, declaró el alcalde Silva tras la votación, según recogieron medios regionales. 

Un gesto más allá de lo simbólico:

Lo aprobado no se limita a un simple test de orina, sino que contempla también el examen de pelo, una prueba científica que puede detectar el consumo de estupefacientes durante los últimos tres a seis meses.

Esta decisión busca cerrar cualquier espacio a la duda o simulación, y representa una señal clara contra la normalización del consumo en el poder.

Según lo informado, la medida se basa en los artículos 65 y 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N.º 18.695), que establece que quienes padezcan adicción a sustancias psicotrópicas no pueden ejercer cargos públicos, salvo con tratamiento y control médico. 

Prevención frente a un enemigo silencioso

Esta resolución municipal surge en un contexto complejo para muchas comunas del sur de Chile, donde el narcotráfico y el microtráfico han comenzado a infiltrarse peligrosamente en las comunidades, afectando barrios, escuelas y espacios de convivencia ciudadana. Calbuco, con honestidad institucional, optó por adelantarse a la crisis y blindarse. “Esto no es por sospecha, es por convicción. Si pedimos responsabilidad a nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a exigirla a nuestras autoridades?”, agregó uno de los concejales que impulsó la medida. 

Aplauso ciudadano y llamado a replicar la decisión fue bien recibida por vecinas y vecinos que, desde hace años, han exigido mayor fiscalización sobre las conductas de quienes ocupan cargos de representación popular. Algunos incluso proponen extender esta exigencia a funcionarios de confianza, candidatos a elecciones, e incluso a trabajadores del aparato público. 

La medida de Calbuco marca un precedente en la región y probablemente también a nivel nacional. Es un mensaje directo y potente: la política no puede ser refugio de la impunidad ni de las adicciones escondidas.