En una decisión inédita y que ha generado amplio respaldo ciudadano, el Concejo Municipal de Calbuco aprobó por unanimidad que tanto el alcalde Marco Silva como todos los concejales en ejercicio se sometan a test de drogas y exámenes capilares, en un claro gesto de compromiso con la transparencia, la ética y la probidad en el servicio público. La medida fue adoptada durante la sesión del concejo celebrada el 21 de julio de 2025, y se enmarca en el creciente debate nacional sobre la necesidad de controlar y prevenir la presencia de drogas en autoridades y representantes públicos. “No podemos tener autoridades bajo el efecto de sustancias. La comunidad necesita confiar en nosotros, y para eso hay que predicar con el ejemplo”, declaró el alcalde Silva tras la votación, según recogieron medios regionales. Un gesto más allá de lo simbólico: Lo aprobado no se limita a un simple test de orina, sino que contempla también el examen de pelo, una prueba científica que puede detectar el consumo de estupefacientes durante los últimos tres a seis meses. Esta decisión busca cerrar cualquier espacio a la duda o simulación, y representa una señal clara contra la normalización del consumo en el poder. Según lo informado, la medida se basa en los artículos 65 y 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N.º 18.695), que establece que quienes padezcan adicción a sustancias psicotrópicas no pueden ejercer cargos públicos, salvo con tratamiento y control médico. Prevención frente a un enemigo silencioso Esta resolución municipal surge en un contexto complejo para muchas comunas del sur de Chile, donde el narcotráfico y el microtráfico han comenzado a infiltrarse peligrosamente en las comunidades, afectando barrios, escuelas y espacios de convivencia ciudadana. Calbuco, con honestidad institucional, optó por adelantarse a la crisis y blindarse. “Esto no es por sospecha, es por convicción. Si pedimos responsabilidad a nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a exigirla a nuestras autoridades?”, agregó uno de los concejales que impulsó la medida. Aplauso ciudadano y llamado a replicar la decisión fue bien recibida por vecinas y vecinos que, desde hace años, han exigido mayor fiscalización sobre las conductas de quienes ocupan cargos de representación popular. Algunos incluso proponen extender esta exigencia a funcionarios de confianza, candidatos a elecciones, e incluso a trabajadores del aparato público. La medida de Calbuco marca un precedente en la región y probablemente también a nivel nacional. Es un mensaje directo y potente: la política no puede ser refugio de la impunidad ni de las adicciones escondidas.
A través de su cuenta en la red social Facebook, el concejal de Ancud Pablo Sebastian Vargas denunció la reiterada falta de quórum en la Comisión de Medioambiente, la cual preside, imposibilitando nuevamente su realización. Según lo expresado por el edil, este martes no se pudo llevar a cabo la sesión que tenía como propósito analizar los convenios entre la Corporación Cultural de Ancud y programas de reciclaje. “ Esperamos 30 minutos, realizamos los llamados correspondientes, pero no todos justificaron”, señaló en su publicación. El hecho no sería aislado. Vargas detalló que esta es la quinta vez consecutiva que la comisión no logra sesionar, y la tercera vez consecutiva que debe ser recalendarizada por falta de participación. “ Se entiende que no sea posible asistir o en última instancia haya ausencia, a cualquiera puede pasarle, pero cinco veces es demasiado y lo mínimo es avisar, ya que es imposible trabajar de esta manera un espacio de fiscalización”, enfatizó. El concejal aclaró que no realiza esta denuncia pública “con el ánimo de funar a alguien”, sino como un llamado a la toma de conciencia respecto de la responsabilidad que implica asistir y participar de estas instancias municipales. “ Estas comisiones ya se ha visto, suelen valorarse más por el ánimo o criterio político que pudieran tener”, añadió. Finalmente, Vargas agradeció la presencia del concejal Federico Kruger, así como la de los funcionarios municipales Raúl Manzano, Jorge Ulloa, Óscar Díaz, Rafael Álvarez, Alfredo Caro y Claudio Ortloff, quienes sí asistieron y “fueron pacientes” en la espera. La denuncia fue publicada el martes 25 de junio en la cuenta oficial de Facebook del concejal Pablo Sebastian Vargas.
Un aumento de presupuesto que supera los 88 millones de pesos, ap robó este jueves el Consejo Regional de los Lagos (CORE) para la adquisición de dos retroexcavadoras para la Municipalidad de Ancud, en el marco de un proyecto que se viene gestionando desde el año pasado. La iniciativa fue aprobada este jueves en la sesión plenaria del Consejo Regional que se realizó en la comuna de Puqueldón hasta donde llegaron los consejeros y el Gobernador Regional, para abordar diversas materias relacionadas con el desarrollo de la región. Para el consejero regional, Nelson Águila Serpa, se trata de un aporte muy significativo para el Municipio de Ancud, puesto que es la comuna donde se encuentra la red más extensa de caminos rurales, tanto enrolados cómo no enrolados y por lo mismo requiere contar con este tipo de maquinarias. “Se le aprobó un aumento de presupuesto para un proyecto de compra que tienen de dos retroexcavadoras, la comuna de Ancud. Es la comuna en Chiloé que tiene la mayor cantidad de caminos, la red más grande de caminos, tanto enrolados como no enrolados, lo tiene esa comuna y para ellos es de vital importancia contar con esta maquinaria. Lamentablemente el alza de precios y otros tropiezos hizo que no resultara la licitación el año pasado y tuvieron que venir a solicitar más recursos al Consejo Regional, obviamente fue aprobado por unanimidad, son 88 millones de pesos más que le va a permitir a la Municipalidad de Ancud, contar prontamente con dos nuevas retroexcavadoras”, señaló el consejero Águila. Palabras similares tuvo el consejero regional, Freddy Gallardo, quien recordó que el proyecto de las dos retroexcavadoras para Ancud, fue licitado en tres ocasiones, pero al no cumplir con algunos aspectos técnicos fue declarado desierto y por lo tanto se tuvo que reevaluar los costos para acceder a un aumento de presupuesto. “Con esta reevaluación que hizo el Municipio de Ancud, con un proyecto que tenía RS, recomendado técnicamente, que había sido licitado tres veces, que había quedado por razones técnico-administrativa sin poder sacarse adelante, bueno ahora se hizo una reevaluación y esa reevaluación ha sido aprobada por el plenario, por unanimidad del Consejo Regional y ahora Ancud va poder tener dos máquinas retroexcavadoras para hacer la mantención de mas de 700 kilómetros de caminos rurales, que no están pavimentados, cuyos 400 le corresponden a ellos, que son de su legitima responsabilidad”, explicó el consejero Gallardo. Por su parte el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, se mostró muy conforme con la aprobación del proyecto de maquinaria para su municipio, argumentando que su apuesta está orientada a potenciar fuertemente el desarrollo del turismo en la comuna y por lo mismo se requieren de vías camineras en buen estado para el desplazamiento de vehículos. “Nosotros apostamos a una comuna turística y para hacer turismo necesitamos caminos y también que nuestra gente, vecinas y vecinos, tengan una mejor calidad de vida. Hoy día Vialidad, a nivel regional, tiene enrolado más de 9 mil kilómetros de caminos y de esos 9 mil, 700 kilómetros aproximadamente son de la comuna de Ancud y nosotros como municipio nos hacemos cargo de caminos no enrolados por el orden de los 450 kilómetros. Por eso tener maquinaria en buen estado, maquinaria nueva, es el camino que nosotros vemos, para poder cumplir estos objetivos que nos hemos trazado” , sostuvo la autoridad comunal ancuditana. Cabe recordar que el proyecto de dos retroexcavadoras para la comuna de Ancud, fue aprobado el año pasado por un monto de 222 millones 510 mil pesos, pero al ser licitada en tres ocasiones, no se logró su adjudicación por aspectos técnicos y económicos, lo que significó hacer una reevaluación del proyecto para solicitar un aumento de 88 millones 947 mil pesos, ascendiendo a un monto total de 311 millones 457 mil pesos.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, alertó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) no tiene los recursos para financiar proyectos clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital regional. Se trata del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) y el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), que no cuentan con financiamiento pese a que la Municipalidad había presentado iniciativas que ya estaban en la categoría de elegibles. “Queremos prender las alarmas con lo que está pasando en nuestro país”, manifestó el jefe comunal, para agregar que “la Subdere no tiene recursos para financiar dos programas que son fundamentales para las municipalidades, el PMU y el PMB”. El alcalde Wainraihgt enfatizó que “nosotros como Municipalidad hicimos el trabajo. Con nuestro equipo técnico desde la Secplan sacamos adelante una serie de proyectos para la construcción de plazas, de agua potable, que es algo tan vital para nuestros vecinos y vecinas; y paraderos, sobre todo ahora en invierno”. El municipio a través de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) presentó proyectos como la Extensión de la red de agua potable y alcantarillado en el sector Roa Urzúa, entre las calles Egaña y Esmeralda, por $218 millones; la construcción de paraderos rurales en Lago Chapo y en Río Blanco, por $106 millones y $128 millones, respectivamente; y la construcción de una plaza multipropósito en la Isla Tenglo, por $154 millones. “Levantamos más de 700 millones de pesos, son proyectos que están completamente elegibles, pero lamentablemente la Subdere nos dice que no hay recursos. Entendemos que esto es algo generalizado, al parecer a este Gobierno se le acabaron los recursos y esto lamentablemente afecta el corazón mismo de nuestros vecinos y vecinas”, expresó el alcalde de Puerto Montt. El jefe comunal anunció que se reunirá en Santiago con sus pares de la Asociación de Municipales de Chile (Amuch) para analizar la situación y adoptar una postura común. “Queremos que este tema se transforme en nacional, porque le exigimos al Gobierno que a través de la Subdere baje los recursos a través de los PMU y PMB, porque desde los municipios hicimos la pega que era levantar estos proyectos desde el punto de vista técnico”, concluyó el alcalde Wainraihgt.
Establecer la obligación de un manejo diferenciado de los residuos orgánicos domiciliarios es el objetivo del proyecto de ley que comenzó a analizarse por la Comisión de Hacienda ( boletín 16182). La norma pretende reducir la cantidad de residuos que se eliminan, fortaleciendo su planificación y la gobernanza de su gestión. De esta forma, se espera promover un manejo ambientalmente racional y proteger la salud y calidad de vida de las personas. También se busca asegurar el cuidado, protección y la regeneración del medioambiente. La iniciativa, previamente debatida en la Comisión de Medio Ambiente, la presentó en la comisión la ministra de la cartera, Maisa Rojas. En la instancia señaló que el proyecto obliga a los municipios a ofrecer alternativas de manejo diferenciado de residuos orgánicos. Para esto, se deberán dictar ordenanzas que regulen la operación del manejo a nivel local. Plan de residuos orgánicos En la línea descrita, los gobiernos regionales y municipios deberán elaborar un plan estratégico para prevenir la generación y fomentar la valorización de residuos orgánicos. Este deberá contener las reglas para su elaboración y aprobación, instancias de participación, duración y mecanismos de seguimiento. Por otro lado, la norma señala que las empresas que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios y tengan ingresos anuales sobre 25.000 UF ($976.875.000 app.) no podrán destruir alimentos. Estos deberán ser donados a instituciones sin fines de lucro registradas como distribuidoras o receptoras de productos cuya comercialización se ha vuelto inviable. Paralelamente, la propuesta establece la posibilidad de que los municipios celebren convenios con la Tesorería General de la República para cobrar derechos de aseo. Este elemento fue observado de manera positiva por las y los diputados, ya que es un anhelo de algunos municipios. Junto a esto, se establece un “pago en función de los que se desecha” para la segunda fase transitoria de la implementación de la ley. Debate parlamentario En términos generales, el proyecto fue valorado transversalmente por las y los diputados de la instancia. Sin embargo, se manifestaron inquietudes en torno a la importancia de educación de la comunidad para la clasificación y gestión de los residuos. Frente al punto, la ministra Rojas recordó que parte del rol de su cartera es la educación medioambiental. Además, comunicó que la norma considera una campaña comunicacional de difusión de los alcances el proyecto cuando se convierta en ley. Adicionalmente, plantearon la necesidad de tener la opinión por parte de los municipios y gobierno regionales, considerando las nuevas responsabilidades. Para esto, acordaron invitar a sus representantes a una próxima sesión, tras lo cual comenzarían la votación del proyecto. Fuente: Cámara de Diputados
En una decisión inédita y que ha generado amplio respaldo ciudadano, el Concejo Municipal de Calbuco aprobó por unanimidad que tanto el alcalde Marco Silva como todos los concejales en ejercicio se sometan a test de drogas y exámenes capilares, en un claro gesto de compromiso con la transparencia, la ética y la probidad en el servicio público. La medida fue adoptada durante la sesión del concejo celebrada el 21 de julio de 2025, y se enmarca en el creciente debate nacional sobre la necesidad de controlar y prevenir la presencia de drogas en autoridades y representantes públicos. “No podemos tener autoridades bajo el efecto de sustancias. La comunidad necesita confiar en nosotros, y para eso hay que predicar con el ejemplo”, declaró el alcalde Silva tras la votación, según recogieron medios regionales. Un gesto más allá de lo simbólico: Lo aprobado no se limita a un simple test de orina, sino que contempla también el examen de pelo, una prueba científica que puede detectar el consumo de estupefacientes durante los últimos tres a seis meses. Esta decisión busca cerrar cualquier espacio a la duda o simulación, y representa una señal clara contra la normalización del consumo en el poder. Según lo informado, la medida se basa en los artículos 65 y 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N.º 18.695), que establece que quienes padezcan adicción a sustancias psicotrópicas no pueden ejercer cargos públicos, salvo con tratamiento y control médico. Prevención frente a un enemigo silencioso Esta resolución municipal surge en un contexto complejo para muchas comunas del sur de Chile, donde el narcotráfico y el microtráfico han comenzado a infiltrarse peligrosamente en las comunidades, afectando barrios, escuelas y espacios de convivencia ciudadana. Calbuco, con honestidad institucional, optó por adelantarse a la crisis y blindarse. “Esto no es por sospecha, es por convicción. Si pedimos responsabilidad a nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a exigirla a nuestras autoridades?”, agregó uno de los concejales que impulsó la medida. Aplauso ciudadano y llamado a replicar la decisión fue bien recibida por vecinas y vecinos que, desde hace años, han exigido mayor fiscalización sobre las conductas de quienes ocupan cargos de representación popular. Algunos incluso proponen extender esta exigencia a funcionarios de confianza, candidatos a elecciones, e incluso a trabajadores del aparato público. La medida de Calbuco marca un precedente en la región y probablemente también a nivel nacional. Es un mensaje directo y potente: la política no puede ser refugio de la impunidad ni de las adicciones escondidas.
A través de su cuenta en la red social Facebook, el concejal de Ancud Pablo Sebastian Vargas denunció la reiterada falta de quórum en la Comisión de Medioambiente, la cual preside, imposibilitando nuevamente su realización. Según lo expresado por el edil, este martes no se pudo llevar a cabo la sesión que tenía como propósito analizar los convenios entre la Corporación Cultural de Ancud y programas de reciclaje. “ Esperamos 30 minutos, realizamos los llamados correspondientes, pero no todos justificaron”, señaló en su publicación. El hecho no sería aislado. Vargas detalló que esta es la quinta vez consecutiva que la comisión no logra sesionar, y la tercera vez consecutiva que debe ser recalendarizada por falta de participación. “ Se entiende que no sea posible asistir o en última instancia haya ausencia, a cualquiera puede pasarle, pero cinco veces es demasiado y lo mínimo es avisar, ya que es imposible trabajar de esta manera un espacio de fiscalización”, enfatizó. El concejal aclaró que no realiza esta denuncia pública “con el ánimo de funar a alguien”, sino como un llamado a la toma de conciencia respecto de la responsabilidad que implica asistir y participar de estas instancias municipales. “ Estas comisiones ya se ha visto, suelen valorarse más por el ánimo o criterio político que pudieran tener”, añadió. Finalmente, Vargas agradeció la presencia del concejal Federico Kruger, así como la de los funcionarios municipales Raúl Manzano, Jorge Ulloa, Óscar Díaz, Rafael Álvarez, Alfredo Caro y Claudio Ortloff, quienes sí asistieron y “fueron pacientes” en la espera. La denuncia fue publicada el martes 25 de junio en la cuenta oficial de Facebook del concejal Pablo Sebastian Vargas.
Un aumento de presupuesto que supera los 88 millones de pesos, ap robó este jueves el Consejo Regional de los Lagos (CORE) para la adquisición de dos retroexcavadoras para la Municipalidad de Ancud, en el marco de un proyecto que se viene gestionando desde el año pasado. La iniciativa fue aprobada este jueves en la sesión plenaria del Consejo Regional que se realizó en la comuna de Puqueldón hasta donde llegaron los consejeros y el Gobernador Regional, para abordar diversas materias relacionadas con el desarrollo de la región. Para el consejero regional, Nelson Águila Serpa, se trata de un aporte muy significativo para el Municipio de Ancud, puesto que es la comuna donde se encuentra la red más extensa de caminos rurales, tanto enrolados cómo no enrolados y por lo mismo requiere contar con este tipo de maquinarias. “Se le aprobó un aumento de presupuesto para un proyecto de compra que tienen de dos retroexcavadoras, la comuna de Ancud. Es la comuna en Chiloé que tiene la mayor cantidad de caminos, la red más grande de caminos, tanto enrolados como no enrolados, lo tiene esa comuna y para ellos es de vital importancia contar con esta maquinaria. Lamentablemente el alza de precios y otros tropiezos hizo que no resultara la licitación el año pasado y tuvieron que venir a solicitar más recursos al Consejo Regional, obviamente fue aprobado por unanimidad, son 88 millones de pesos más que le va a permitir a la Municipalidad de Ancud, contar prontamente con dos nuevas retroexcavadoras”, señaló el consejero Águila. Palabras similares tuvo el consejero regional, Freddy Gallardo, quien recordó que el proyecto de las dos retroexcavadoras para Ancud, fue licitado en tres ocasiones, pero al no cumplir con algunos aspectos técnicos fue declarado desierto y por lo tanto se tuvo que reevaluar los costos para acceder a un aumento de presupuesto. “Con esta reevaluación que hizo el Municipio de Ancud, con un proyecto que tenía RS, recomendado técnicamente, que había sido licitado tres veces, que había quedado por razones técnico-administrativa sin poder sacarse adelante, bueno ahora se hizo una reevaluación y esa reevaluación ha sido aprobada por el plenario, por unanimidad del Consejo Regional y ahora Ancud va poder tener dos máquinas retroexcavadoras para hacer la mantención de mas de 700 kilómetros de caminos rurales, que no están pavimentados, cuyos 400 le corresponden a ellos, que son de su legitima responsabilidad”, explicó el consejero Gallardo. Por su parte el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, se mostró muy conforme con la aprobación del proyecto de maquinaria para su municipio, argumentando que su apuesta está orientada a potenciar fuertemente el desarrollo del turismo en la comuna y por lo mismo se requieren de vías camineras en buen estado para el desplazamiento de vehículos. “Nosotros apostamos a una comuna turística y para hacer turismo necesitamos caminos y también que nuestra gente, vecinas y vecinos, tengan una mejor calidad de vida. Hoy día Vialidad, a nivel regional, tiene enrolado más de 9 mil kilómetros de caminos y de esos 9 mil, 700 kilómetros aproximadamente son de la comuna de Ancud y nosotros como municipio nos hacemos cargo de caminos no enrolados por el orden de los 450 kilómetros. Por eso tener maquinaria en buen estado, maquinaria nueva, es el camino que nosotros vemos, para poder cumplir estos objetivos que nos hemos trazado” , sostuvo la autoridad comunal ancuditana. Cabe recordar que el proyecto de dos retroexcavadoras para la comuna de Ancud, fue aprobado el año pasado por un monto de 222 millones 510 mil pesos, pero al ser licitada en tres ocasiones, no se logró su adjudicación por aspectos técnicos y económicos, lo que significó hacer una reevaluación del proyecto para solicitar un aumento de 88 millones 947 mil pesos, ascendiendo a un monto total de 311 millones 457 mil pesos.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, alertó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) no tiene los recursos para financiar proyectos clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital regional. Se trata del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) y el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), que no cuentan con financiamiento pese a que la Municipalidad había presentado iniciativas que ya estaban en la categoría de elegibles. “Queremos prender las alarmas con lo que está pasando en nuestro país”, manifestó el jefe comunal, para agregar que “la Subdere no tiene recursos para financiar dos programas que son fundamentales para las municipalidades, el PMU y el PMB”. El alcalde Wainraihgt enfatizó que “nosotros como Municipalidad hicimos el trabajo. Con nuestro equipo técnico desde la Secplan sacamos adelante una serie de proyectos para la construcción de plazas, de agua potable, que es algo tan vital para nuestros vecinos y vecinas; y paraderos, sobre todo ahora en invierno”. El municipio a través de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) presentó proyectos como la Extensión de la red de agua potable y alcantarillado en el sector Roa Urzúa, entre las calles Egaña y Esmeralda, por $218 millones; la construcción de paraderos rurales en Lago Chapo y en Río Blanco, por $106 millones y $128 millones, respectivamente; y la construcción de una plaza multipropósito en la Isla Tenglo, por $154 millones. “Levantamos más de 700 millones de pesos, son proyectos que están completamente elegibles, pero lamentablemente la Subdere nos dice que no hay recursos. Entendemos que esto es algo generalizado, al parecer a este Gobierno se le acabaron los recursos y esto lamentablemente afecta el corazón mismo de nuestros vecinos y vecinas”, expresó el alcalde de Puerto Montt. El jefe comunal anunció que se reunirá en Santiago con sus pares de la Asociación de Municipales de Chile (Amuch) para analizar la situación y adoptar una postura común. “Queremos que este tema se transforme en nacional, porque le exigimos al Gobierno que a través de la Subdere baje los recursos a través de los PMU y PMB, porque desde los municipios hicimos la pega que era levantar estos proyectos desde el punto de vista técnico”, concluyó el alcalde Wainraihgt.
Establecer la obligación de un manejo diferenciado de los residuos orgánicos domiciliarios es el objetivo del proyecto de ley que comenzó a analizarse por la Comisión de Hacienda ( boletín 16182). La norma pretende reducir la cantidad de residuos que se eliminan, fortaleciendo su planificación y la gobernanza de su gestión. De esta forma, se espera promover un manejo ambientalmente racional y proteger la salud y calidad de vida de las personas. También se busca asegurar el cuidado, protección y la regeneración del medioambiente. La iniciativa, previamente debatida en la Comisión de Medio Ambiente, la presentó en la comisión la ministra de la cartera, Maisa Rojas. En la instancia señaló que el proyecto obliga a los municipios a ofrecer alternativas de manejo diferenciado de residuos orgánicos. Para esto, se deberán dictar ordenanzas que regulen la operación del manejo a nivel local. Plan de residuos orgánicos En la línea descrita, los gobiernos regionales y municipios deberán elaborar un plan estratégico para prevenir la generación y fomentar la valorización de residuos orgánicos. Este deberá contener las reglas para su elaboración y aprobación, instancias de participación, duración y mecanismos de seguimiento. Por otro lado, la norma señala que las empresas que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios y tengan ingresos anuales sobre 25.000 UF ($976.875.000 app.) no podrán destruir alimentos. Estos deberán ser donados a instituciones sin fines de lucro registradas como distribuidoras o receptoras de productos cuya comercialización se ha vuelto inviable. Paralelamente, la propuesta establece la posibilidad de que los municipios celebren convenios con la Tesorería General de la República para cobrar derechos de aseo. Este elemento fue observado de manera positiva por las y los diputados, ya que es un anhelo de algunos municipios. Junto a esto, se establece un “pago en función de los que se desecha” para la segunda fase transitoria de la implementación de la ley. Debate parlamentario En términos generales, el proyecto fue valorado transversalmente por las y los diputados de la instancia. Sin embargo, se manifestaron inquietudes en torno a la importancia de educación de la comunidad para la clasificación y gestión de los residuos. Frente al punto, la ministra Rojas recordó que parte del rol de su cartera es la educación medioambiental. Además, comunicó que la norma considera una campaña comunicacional de difusión de los alcances el proyecto cuando se convierta en ley. Adicionalmente, plantearon la necesidad de tener la opinión por parte de los municipios y gobierno regionales, considerando las nuevas responsabilidades. Para esto, acordaron invitar a sus representantes a una próxima sesión, tras lo cual comenzarían la votación del proyecto. Fuente: Cámara de Diputados
