Funcionarios de FENATS, FENPRUS y CONFUSAM se manifestaron este jueves en las afueras de la puerta Los Leones, en Talcahuano, previo a la llegada del Presidente José Antonio Kast a ASMAR, donde encabezó la ceremonia de lanzamiento del buque LPD 93 Magallanes. Con pancartas y consignas, los trabajadores de la salud buscaron visibilizar su preocupación por la situación presupuestaria del sector. Según denunciaron los gremios, los ajustes en el financiamiento estarían repercutiendo en la red pública, por lo que aprovecharon la presencia del Mandatario para expresar su descontento. La manifestación se desarrolló en paralelo al acto oficial en los Astilleros y Maestranzas de la Armada, instancia definida como una “histórica ceremonia de lanzamiento al mar” del buque multipropósito Magallanes. La nave, de 110 metros de eslora, fue diseñada para operaciones anfibias, ayuda humanitaria ante desastres y apoyo logístico en zonas aisladas. La protesta de los gremios, sin embargo, instaló el debate por el financiamiento de la salud pública en medio de los recortes que afectan a la cartera. Fuente: ADN Radio Nacional
Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
Los diputados integrantes de la Comisión de Salud, Roberto Arroyo y Catalina del Real, han iniciado una ofensiva fiscalizadora al solicitar una serie de antecedentes formales a diversas autoridades del área médica. Esto se debe a que han detectado la venta informal de leche materna a través de redes sociales. El requerimiento fue dirigido al Ministerio de Salud (Minsal), la Subsecretaría de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Seremi de Salud de Valparaíso. La preocupación surge debido a que tanto especialistas como establecimientos de salud han encendido las alarmas ante la proliferación de publicaciones destinadas a comercializar este insumo biológico. Según los expertos, esta práctica informal impide garantizar las condiciones adecuadas de extracción, almacenamiento, transporte y trazabilidad, lo que pone en riesgo la salud de los lactantes. El diputado Roberto Arroyo expresó su preocupación por el avance de este mercado informal en plataformas digitales. En sus palabras: “Cuando hablamos de la alimentación de recién nacidos no puede existir espacio para la informalidad. Nos preocupa que este tipo de publicaciones se estén normalizando en redes sociales sin que las familias conozcan los riesgos sanitarios que pueden existir detrás de estos productos que no cuentan con ningún control”. Por su parte, la diputada Catalina del Real destacó la importancia de resguardar los procesos de nutrición en la primera infancia bajo normativas estrictas. En sus declaraciones, mencionó: “La leche materna es un elemento fundamental para el desarrollo de los niños, pero su utilización debe realizarse bajo estrictos estándares de seguridad. Es importante reforzar la información a las familias y asegurar que cualquier proceso de donación se realice mediante mecanismos regulados y supervisados por la autoridad sanitaria”. El objetivo del oficio despachado por los legisladores es investigar a fondo el alcance del fenómeno en el país. Para ello, solicitaron información detallada sobre la existencia de denuncias previas, fiscalizaciones en terreno, sumarios sanitarios en curso, campañas preventivas y los protocolos vigentes relacionados con el manejo de la leche materna. En última instancia, esta solicitud busca evaluar si las herramientas legales e institucionales actuales son suficientes para enfrentar eficazmente un negocio informal que está ganando fuerza en las plataformas digitales. Fuente: ADN Radio Nacional
La ubicación de los niños haitianos que ingresaron al país en el marco de procesos de reunificación familiar y que actualmente figuran como inubicables se ha transformado sin duda en el tema de la semana. El caso es investigado por el Ministerio Público, que indaga un eventual delito de tráfico de migrantes. Según los antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República, un total de 486 niños haitianos ingresaron a Chile entre 2024 y 2025 acompañados por solo 12 adultos. El organismo fiscalizador analizó una muestra de 105 menores y determinó que 64 de ellos no pudieron ser localizados en los domicilios registrados al momento de su ingreso al país. A raíz de esta situación, equipos de las Oficinas Locales de la Niñez realizaron una serie de fiscalizaciones en distintas comunas para verificar los antecedentes. Como resultado de estas diligencias, durante las últimas horas se confirmó la ubicación de al menos 34 menores en diversos sectores de la Región Metropolitana. En medio de la investigación, un reportaje de T13 identificó a dos de las personas que ingresaron al país acompañando a un importante número de menores haitianos. Uno de los casos corresponde a Roose Shamma Jean, una ciudadana haitiana de 26 años que reside en Chile desde 2017. Según los antecedentes recopilados por el reportaje, la mujer ingresó al país el 5 de abril de 2025 acompañando a 34 niños. Los registros migratorios muestran además una intensa actividad de viajes internacionales. Entre 2024 y 2025 habría realizado al menos 18 desplazamientos entre Chile y Haití, manteniendo frecuentes entradas y salidas del territorio nacional en períodos muy breves. De acuerdo con la investigación, el 16 de marzo de 2025 salió de Chile rumbo a Haití, regresó once días después y volvió a abandonar el país al día siguiente. Movimientos similares se repitieron durante los meses posteriores. T13 intentó contactarla para conocer su versión sobre estos antecedentes, aunque no obtuvo respuesta. El reportaje también identificó a Pierre Louis Gesny, ciudadano haitiano nacionalizado chileno, quien aparece vinculado al ingreso de 22 niños en dos vuelos realizados entre 2024 y 2025. Al igual que en el caso anterior, los registros muestran una importante cantidad de movimientos internacionales. Entre 2022 y 2025, Gesny registra al menos 18 ingresos a Chile, además de viajes frecuentes a Haití y República Dominicana. Las autoridades continúan desarrollando diligencias para establecer el paradero de todos los menores involucrados y determinar si existieron irregularidades en los procesos de reunificación familiar utilizados para su ingreso al país. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas investigativas para esclarecer las circunstancias en que se realizaron estos traslados y eventuales responsabilidades penales asociadas al caso. Fuente: Publimetro
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
Funcionarios de FENATS, FENPRUS y CONFUSAM se manifestaron este jueves en las afueras de la puerta Los Leones, en Talcahuano, previo a la llegada del Presidente José Antonio Kast a ASMAR, donde encabezó la ceremonia de lanzamiento del buque LPD 93 Magallanes. Con pancartas y consignas, los trabajadores de la salud buscaron visibilizar su preocupación por la situación presupuestaria del sector. Según denunciaron los gremios, los ajustes en el financiamiento estarían repercutiendo en la red pública, por lo que aprovecharon la presencia del Mandatario para expresar su descontento. La manifestación se desarrolló en paralelo al acto oficial en los Astilleros y Maestranzas de la Armada, instancia definida como una “histórica ceremonia de lanzamiento al mar” del buque multipropósito Magallanes. La nave, de 110 metros de eslora, fue diseñada para operaciones anfibias, ayuda humanitaria ante desastres y apoyo logístico en zonas aisladas. La protesta de los gremios, sin embargo, instaló el debate por el financiamiento de la salud pública en medio de los recortes que afectan a la cartera. Fuente: ADN Radio Nacional
Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
Los diputados integrantes de la Comisión de Salud, Roberto Arroyo y Catalina del Real, han iniciado una ofensiva fiscalizadora al solicitar una serie de antecedentes formales a diversas autoridades del área médica. Esto se debe a que han detectado la venta informal de leche materna a través de redes sociales. El requerimiento fue dirigido al Ministerio de Salud (Minsal), la Subsecretaría de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Seremi de Salud de Valparaíso. La preocupación surge debido a que tanto especialistas como establecimientos de salud han encendido las alarmas ante la proliferación de publicaciones destinadas a comercializar este insumo biológico. Según los expertos, esta práctica informal impide garantizar las condiciones adecuadas de extracción, almacenamiento, transporte y trazabilidad, lo que pone en riesgo la salud de los lactantes. El diputado Roberto Arroyo expresó su preocupación por el avance de este mercado informal en plataformas digitales. En sus palabras: “Cuando hablamos de la alimentación de recién nacidos no puede existir espacio para la informalidad. Nos preocupa que este tipo de publicaciones se estén normalizando en redes sociales sin que las familias conozcan los riesgos sanitarios que pueden existir detrás de estos productos que no cuentan con ningún control”. Por su parte, la diputada Catalina del Real destacó la importancia de resguardar los procesos de nutrición en la primera infancia bajo normativas estrictas. En sus declaraciones, mencionó: “La leche materna es un elemento fundamental para el desarrollo de los niños, pero su utilización debe realizarse bajo estrictos estándares de seguridad. Es importante reforzar la información a las familias y asegurar que cualquier proceso de donación se realice mediante mecanismos regulados y supervisados por la autoridad sanitaria”. El objetivo del oficio despachado por los legisladores es investigar a fondo el alcance del fenómeno en el país. Para ello, solicitaron información detallada sobre la existencia de denuncias previas, fiscalizaciones en terreno, sumarios sanitarios en curso, campañas preventivas y los protocolos vigentes relacionados con el manejo de la leche materna. En última instancia, esta solicitud busca evaluar si las herramientas legales e institucionales actuales son suficientes para enfrentar eficazmente un negocio informal que está ganando fuerza en las plataformas digitales. Fuente: ADN Radio Nacional
La ubicación de los niños haitianos que ingresaron al país en el marco de procesos de reunificación familiar y que actualmente figuran como inubicables se ha transformado sin duda en el tema de la semana. El caso es investigado por el Ministerio Público, que indaga un eventual delito de tráfico de migrantes. Según los antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República, un total de 486 niños haitianos ingresaron a Chile entre 2024 y 2025 acompañados por solo 12 adultos. El organismo fiscalizador analizó una muestra de 105 menores y determinó que 64 de ellos no pudieron ser localizados en los domicilios registrados al momento de su ingreso al país. A raíz de esta situación, equipos de las Oficinas Locales de la Niñez realizaron una serie de fiscalizaciones en distintas comunas para verificar los antecedentes. Como resultado de estas diligencias, durante las últimas horas se confirmó la ubicación de al menos 34 menores en diversos sectores de la Región Metropolitana. En medio de la investigación, un reportaje de T13 identificó a dos de las personas que ingresaron al país acompañando a un importante número de menores haitianos. Uno de los casos corresponde a Roose Shamma Jean, una ciudadana haitiana de 26 años que reside en Chile desde 2017. Según los antecedentes recopilados por el reportaje, la mujer ingresó al país el 5 de abril de 2025 acompañando a 34 niños. Los registros migratorios muestran además una intensa actividad de viajes internacionales. Entre 2024 y 2025 habría realizado al menos 18 desplazamientos entre Chile y Haití, manteniendo frecuentes entradas y salidas del territorio nacional en períodos muy breves. De acuerdo con la investigación, el 16 de marzo de 2025 salió de Chile rumbo a Haití, regresó once días después y volvió a abandonar el país al día siguiente. Movimientos similares se repitieron durante los meses posteriores. T13 intentó contactarla para conocer su versión sobre estos antecedentes, aunque no obtuvo respuesta. El reportaje también identificó a Pierre Louis Gesny, ciudadano haitiano nacionalizado chileno, quien aparece vinculado al ingreso de 22 niños en dos vuelos realizados entre 2024 y 2025. Al igual que en el caso anterior, los registros muestran una importante cantidad de movimientos internacionales. Entre 2022 y 2025, Gesny registra al menos 18 ingresos a Chile, además de viajes frecuentes a Haití y República Dominicana. Las autoridades continúan desarrollando diligencias para establecer el paradero de todos los menores involucrados y determinar si existieron irregularidades en los procesos de reunificación familiar utilizados para su ingreso al país. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas investigativas para esclarecer las circunstancias en que se realizaron estos traslados y eventuales responsabilidades penales asociadas al caso. Fuente: Publimetro
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
