En un giro que pone en entredicho antiguas críticas y revela las complejidades del poder, el medio independiente Interferencia dio a conocer que durante el actual mandato del Presidente Gabriel Boric, la empresa encuestadora Cadem ha recibido $2.643 millones en contratos con organismos públicos, cifra muy similar a los $2.800 millones La información se obtiene de registros públicos analizados por el periodista Felipe Arancibia Muñoz, quien también revela que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Mario Marcel, es el principal contratante: más de $1.600 millones en cinco contratos entre 2022 y 2025 , todos vinculados a mediciones de satisfacción de servicios públicos. Este nuevo informe cobra relevancia al contrastar con las declaraciones hechas en 2020 por la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien desde su rol como diputada criticaba duramente estos pagos. En redes sociales, Vallejo cuestionó que se redujeran recursos para becas y el INE, mientras se destinaban cientos de millones a encuestas de Cadem. Paradójicamente, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) —que en el periodo anterior lideraba las contrataciones— ha optado por no adquirir servicios de Cadem durante esta administración. No obstante, diversas subsecretarías y organismos públicos han mantenido contratos vigentes sin reparaciones. La publicación de Interferencia no solo expone montos y vínculos contractuales, sino que reabre un debate sobre la coherencia política , el rol de las encuestas en el manejo del poder y el uso de recursos fiscales en tiempos de restricciones presupuestarias. Fuente: Interferencia, reportaje de Felipe Arancibia Muñoz, 25 de julio de 2025.
Juan Francisco Villalobos Prado, quien estuvo prófugo durante un año y medio tras ser imputado por estafa, habría recibido hasta mayo de este año un total de $16.415.350 como beneficiario de una pensión de gracia. Villalobos Prado, de 39 años, fue parte de los 418 beneficiarios que accedieron a pensiones de gracia en virtud de proyectos presidenciales vinculados al estallido social . Aunque originalmente su causa por había sido estafa abierta en julio de 2019, fue cerrada en enero de 2024 tras pagar una caución de $300 mil. Inclusive figuraba como presunta víctima de violencia institucional en una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en agosto de 2020. El Ministerio Público reveló que la causa se cerró debido a la inasistencia del denunciante a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal, a pesar de que su caso fue utilizado como fundamento para otorgar el beneficio estatal. Este caso forma parte de un contexto más amplio: según datos de la Tesorería General de la República, el Estado desembolsó $5.434 millones de pesos en pensiones de gracia a 405 de los 418 beneficiarios identificados, de los cuales 270 fueron otorgados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y 148 durante la administración anterior de Sebastián Piñera. Además, ha trascendido que al menos 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales , muchos por delitos graves cometidos durante el estallido social, lo que dejó en evidencia fallas sistemáticas en la revisión de antecedentes antes de la entrega de los beneficios. En respuesta, desde el gobierno se anunció que las pensiones serán revocadas en casos de condenas por delitos graves. Hasta la fecha, ya se han cancelado 28 pensiones, incluidos beneficiarios por robo, violencia intrafamiliar, lanzamiento de molotov y una falsa víctima del 18-O. Este caso ha desatado fuertes críticas sobre la forma en que se han manejado las pensiones de gracia, generando cuestionamientos a los procedimientos de evaluación del INDH y la Subsecretaría del Interior, así como solicitudes de mayor control y transparencia en la asignación de este tipo de beneficios. Sobre el beneficio de pensión de gracia: – Es una reparación estatal reconocida por el Presidente de la República, en calidad de víctima afectada por hechos graves, como torturas o apremios ilegítimos durante el estallido social. – El monto mensual se fija en ingresos mínimos no remuneracionales y puede variar entre 1 y 2 veces ese valor, aproximadamente entre $258.000 y $516.000 mensuales, según la escala vigente. Fuente: ex-ante.cl, t13.cl, elpais.com
Gran controversia ha causado en las redes sociales de la comuna chilota de Ancud el nombramiento por parte del alcalde Andrés Ojeda, del director De la Corporacion Cultural Municipal de Ancud Manuel Jesús Escobar Rivera, quien habría sido envestido con el nombramiento de Director sin haber profundizado en la información que demuestre que tiene antecedentes intachables para ejercer el cargo. A través de redes sociales, el alcalde de dicha comuna habría sido alertado de lo poco pertinente del nombramiento en cuestión, señalando que el aludido, presuntamente, habría cumplido condena por una causa penal. Llamó la atención, por lo poco usual que resulta de parte de una autoridad comunal, que el alcalde respondiera, de madrugada, en la misma red social que corresponde a un grupo de Facebook. En este grupo de Facebook y respondiendo a la denuncia de un usuario, que expuso los presuntos antecedentes adversos del mencionado Director, el alcalde de Ancud Andrés Ojeda, en respuesta al usuario José Manuel Castro, señaló: Acabo de enterarme de esto! Estoy averiguando y si tuviera asidero sobre la misma solicitaré su renuncia inmediata. Aclarar, que como muchas personas que han ingresado a nuestra administración no las conocemos. Solo la hemos considerado por referencias en el área cultural. Clarificar que esos cargos no tienen remuneración y es uno más dentro de un directorio que ha sesionado en no más de 3 o 4 oportunidades. Clarificaremos a la brevedad esta situación. Nos pueden hacer 1000 críticas y las aceptamos! Sin embargos, somos de manos limpias y queremos lo mejor para nuestra comuna. Unidos donde no sobra nadie! Lamento que utilicen algo que pudiera ser tan delicado con otros temas que no tienen nada que ver. Si cualquier concejal nos hubiera hecho esta denuncia primeramente lo agradecería. Buenas noches! Sin embargoo lo más sorprendente de esta desatada e inusual discusión en redes sociales, es que el aludido Director de Cultura, hizo sus descargos y presentó su renuncia en la misma red social: Las redes sociales se prestan para esto. Primero que todo, dejo mi cargo de director para la tranquilidad de quienes no quieren que sea participe de tal. Segundo en sesión del consejo (lo pueden buscar es la sesión 2 del concejo) el Alcalde deja bien en claro que no me conoce que se llega a mi por la necesidad de encontrar a un Ancuditano que tenga experiencia en gestión cultural y que bajo esa premisa yo podría ser un aporte en el directorio. No le hice campaña, no hay favores políticos ni nada que se le parezca . Este cargo NO RECIBE REMUNERACIÓN ALGUNA, ni del municipio, ni de la corporación ni de nadie vinculado dentro ni fuera del municipio, yo tengo mi propio trabajo y vivo de eso. Una vez dicho esto, dejo mi certificado de antecedentes y el más grande de los agradecimientos por darme la oportunidad de tratar de aportar a levantar nuestra querida ciudad, porque si bien es cierto hay situaciones que producto de la juventud yparte de la naturaleza humana y el proceso de crecimiento, NO SOY UN DELINCUENTE!. Antecedentes objetivos : Desde el departamento de prensa de Décima TV, unificamos la información para poder vislumbrar la verdad objetiva de este entuerto. Sin embargo debemos aclarar que la Información la hemos recogido de grupos de redes sociales públicas y validadas por los incumbentes al expresar su opinión públicamente. Nos referimos a la Municipalidad de Ancud a través de las declaraciones del alcalde en redes sociales y la respuesta del aludido Director de Cultura al exponer su defensa en la mismas redes sociales. Cronología : Todo se inició en una publicación donde el concejal de Ancud Pablo Vargas expuso su malestar por la decisión de sus colegas concejales de sacarlo de la presidencia de comisiones que presidía al interior del Concejo Municipal, entre ellas, la comisión de Turismo, Cultura y Patrimonio, al respecto, el Concejal Pablo Sebastián Vargas escribió en su perfil de Facebook, la siguiente declaración que fue ampliamente compartida en las RRSS de Chiloé: Tras la decisión de mis colegas durante el Concejo hoy, dejo de ser presidente de la 'Comisión Social y Juventud', así como 'Turismo, Cultura y Patrimonio'. En su lugar, el Concejal Ibañez, mismo que planificó esa decisión, se propuso a sí mismo para 'Comisión Social' y al Concejal Ojeda para 'Comisión de Cultura'. En cuanto a 'Turismo y Patrimonio' el Concejal Cárdenas recomendó al Concejal Chepillo, quedando presididas de esta forma y pasando a ser 3 las comisiones que antes eran 2 (por motivos de eficiencia).Pero me quedo satisfecho. Aunque el interés personal de algunos de mis colegas sea mayor al del consenso, se logró reactivar las comisiones, incluir el ámbito social (entre otros) e incentivar este enfoque. De las 12 comisiones realizadas en estos 3 meses por el concejo, concretamos 4 de las comisiones que he presidido, más una que viene en camino (5 de 12). Ahora a seguir trabajando con lo pendiente, queda harto por hacer. Producto de la mencionada publicación se produjo una cantidad importante de menciones en apoyo al concejal ancuditano. Entre estos mensajes de apoyo, el usuario José Manuel Castro denunció que: Aquí el verdadero motivo por el que quieren sacar al concejal Pablo Sebastián Vargas... (refiriéndose a la votación por parte los concejales para sacar de la presidencia de la comisión de Cultura al mencionado concejal) y acto seguido publica la fotografía de una carta en la que expone presuntos antecedentes penales de condena cumplida por parte del recientemente nombrado Director de la Corporación Cultural Municipal de Ancud. A raíz de la mencionada denuncia y la defensa del aludido director en las RRSS ya expuestas, según fuentes confiables de Décima TV, el alcalde de Ancud habría solicitado a Manuel Escobar su certificado de antecedentes, el cual hizo llegar pertinentemente. Dicho sea de paso, fue el mismo alcalde quien publicó en el hilo de una conversación, el certificado de antecedentes de su subordinado. En dicho documento aparece que el aludido No Tiene Antecedentes,.. Sin embargo, ante la contundencia de documentos exhibidos en redes sociales y al cotejarlo con la información pública del poder judicial, se pudo comprobar que que el aludido sí cumplió condena por una causa penal. Del editor : Ahora bien, más allá de si es lícito o ético designar o no en un cargo público a una persona basándose solamente en el certificado de antecedentes y sin hacer un juicio de valor por ello, cabe la pregunta: Es aceptable que un alcalde se enfrasque en una discusión en redes sociales con una persona que tiene un perfil no verificado como real, a las 2 de la madrugada, en la cual expone aun más a su director en cuestión, publicando el mismo alcalde el certificado de antecedentes de su subordinado? Es lícito o ético aceptar la renuncia de la persona nombrada por él mismo, basándose en información que pueda resultar verdadera o falsa y que provienen de un perfil que podría resultar falso? Y otra interrogante no menor, el alcalde Ojeda señala en su publicación: Acabo de enterarme de esto! Estoy averiguando y si tuviera asidero sobre la misma solicitaré su renuncia inmediata... aquí cabe preguntar: puede el alcalde solicitar la renuncia del director pese a tener un certificado de antecedentes que señala sin antecedentes? O puede el alcalde pedirle la renuncia basándose en una antigua causa penal en la cual el aludido ya cumplió condena? No habría sido más prudente que el alcalde pidiera la asesoría legal pertinente antes de participar en la discusión de redes sociales? Nos contactamos con el alcalde e insistimos en obtener una entrevista para consultar por este y otros temas, pero no hemos obtenido respuesta a la petición de realizar dicha entrevista. Infografia:
En un giro que pone en entredicho antiguas críticas y revela las complejidades del poder, el medio independiente Interferencia dio a conocer que durante el actual mandato del Presidente Gabriel Boric, la empresa encuestadora Cadem ha recibido $2.643 millones en contratos con organismos públicos, cifra muy similar a los $2.800 millones La información se obtiene de registros públicos analizados por el periodista Felipe Arancibia Muñoz, quien también revela que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Mario Marcel, es el principal contratante: más de $1.600 millones en cinco contratos entre 2022 y 2025 , todos vinculados a mediciones de satisfacción de servicios públicos. Este nuevo informe cobra relevancia al contrastar con las declaraciones hechas en 2020 por la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien desde su rol como diputada criticaba duramente estos pagos. En redes sociales, Vallejo cuestionó que se redujeran recursos para becas y el INE, mientras se destinaban cientos de millones a encuestas de Cadem. Paradójicamente, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) —que en el periodo anterior lideraba las contrataciones— ha optado por no adquirir servicios de Cadem durante esta administración. No obstante, diversas subsecretarías y organismos públicos han mantenido contratos vigentes sin reparaciones. La publicación de Interferencia no solo expone montos y vínculos contractuales, sino que reabre un debate sobre la coherencia política , el rol de las encuestas en el manejo del poder y el uso de recursos fiscales en tiempos de restricciones presupuestarias. Fuente: Interferencia, reportaje de Felipe Arancibia Muñoz, 25 de julio de 2025.
Juan Francisco Villalobos Prado, quien estuvo prófugo durante un año y medio tras ser imputado por estafa, habría recibido hasta mayo de este año un total de $16.415.350 como beneficiario de una pensión de gracia. Villalobos Prado, de 39 años, fue parte de los 418 beneficiarios que accedieron a pensiones de gracia en virtud de proyectos presidenciales vinculados al estallido social . Aunque originalmente su causa por había sido estafa abierta en julio de 2019, fue cerrada en enero de 2024 tras pagar una caución de $300 mil. Inclusive figuraba como presunta víctima de violencia institucional en una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en agosto de 2020. El Ministerio Público reveló que la causa se cerró debido a la inasistencia del denunciante a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal, a pesar de que su caso fue utilizado como fundamento para otorgar el beneficio estatal. Este caso forma parte de un contexto más amplio: según datos de la Tesorería General de la República, el Estado desembolsó $5.434 millones de pesos en pensiones de gracia a 405 de los 418 beneficiarios identificados, de los cuales 270 fueron otorgados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y 148 durante la administración anterior de Sebastián Piñera. Además, ha trascendido que al menos 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales , muchos por delitos graves cometidos durante el estallido social, lo que dejó en evidencia fallas sistemáticas en la revisión de antecedentes antes de la entrega de los beneficios. En respuesta, desde el gobierno se anunció que las pensiones serán revocadas en casos de condenas por delitos graves. Hasta la fecha, ya se han cancelado 28 pensiones, incluidos beneficiarios por robo, violencia intrafamiliar, lanzamiento de molotov y una falsa víctima del 18-O. Este caso ha desatado fuertes críticas sobre la forma en que se han manejado las pensiones de gracia, generando cuestionamientos a los procedimientos de evaluación del INDH y la Subsecretaría del Interior, así como solicitudes de mayor control y transparencia en la asignación de este tipo de beneficios. Sobre el beneficio de pensión de gracia: – Es una reparación estatal reconocida por el Presidente de la República, en calidad de víctima afectada por hechos graves, como torturas o apremios ilegítimos durante el estallido social. – El monto mensual se fija en ingresos mínimos no remuneracionales y puede variar entre 1 y 2 veces ese valor, aproximadamente entre $258.000 y $516.000 mensuales, según la escala vigente. Fuente: ex-ante.cl, t13.cl, elpais.com
Gran controversia ha causado en las redes sociales de la comuna chilota de Ancud el nombramiento por parte del alcalde Andrés Ojeda, del director De la Corporacion Cultural Municipal de Ancud Manuel Jesús Escobar Rivera, quien habría sido envestido con el nombramiento de Director sin haber profundizado en la información que demuestre que tiene antecedentes intachables para ejercer el cargo. A través de redes sociales, el alcalde de dicha comuna habría sido alertado de lo poco pertinente del nombramiento en cuestión, señalando que el aludido, presuntamente, habría cumplido condena por una causa penal. Llamó la atención, por lo poco usual que resulta de parte de una autoridad comunal, que el alcalde respondiera, de madrugada, en la misma red social que corresponde a un grupo de Facebook. En este grupo de Facebook y respondiendo a la denuncia de un usuario, que expuso los presuntos antecedentes adversos del mencionado Director, el alcalde de Ancud Andrés Ojeda, en respuesta al usuario José Manuel Castro, señaló: Acabo de enterarme de esto! Estoy averiguando y si tuviera asidero sobre la misma solicitaré su renuncia inmediata. Aclarar, que como muchas personas que han ingresado a nuestra administración no las conocemos. Solo la hemos considerado por referencias en el área cultural. Clarificar que esos cargos no tienen remuneración y es uno más dentro de un directorio que ha sesionado en no más de 3 o 4 oportunidades. Clarificaremos a la brevedad esta situación. Nos pueden hacer 1000 críticas y las aceptamos! Sin embargos, somos de manos limpias y queremos lo mejor para nuestra comuna. Unidos donde no sobra nadie! Lamento que utilicen algo que pudiera ser tan delicado con otros temas que no tienen nada que ver. Si cualquier concejal nos hubiera hecho esta denuncia primeramente lo agradecería. Buenas noches! Sin embargoo lo más sorprendente de esta desatada e inusual discusión en redes sociales, es que el aludido Director de Cultura, hizo sus descargos y presentó su renuncia en la misma red social: Las redes sociales se prestan para esto. Primero que todo, dejo mi cargo de director para la tranquilidad de quienes no quieren que sea participe de tal. Segundo en sesión del consejo (lo pueden buscar es la sesión 2 del concejo) el Alcalde deja bien en claro que no me conoce que se llega a mi por la necesidad de encontrar a un Ancuditano que tenga experiencia en gestión cultural y que bajo esa premisa yo podría ser un aporte en el directorio. No le hice campaña, no hay favores políticos ni nada que se le parezca . Este cargo NO RECIBE REMUNERACIÓN ALGUNA, ni del municipio, ni de la corporación ni de nadie vinculado dentro ni fuera del municipio, yo tengo mi propio trabajo y vivo de eso. Una vez dicho esto, dejo mi certificado de antecedentes y el más grande de los agradecimientos por darme la oportunidad de tratar de aportar a levantar nuestra querida ciudad, porque si bien es cierto hay situaciones que producto de la juventud yparte de la naturaleza humana y el proceso de crecimiento, NO SOY UN DELINCUENTE!. Antecedentes objetivos : Desde el departamento de prensa de Décima TV, unificamos la información para poder vislumbrar la verdad objetiva de este entuerto. Sin embargo debemos aclarar que la Información la hemos recogido de grupos de redes sociales públicas y validadas por los incumbentes al expresar su opinión públicamente. Nos referimos a la Municipalidad de Ancud a través de las declaraciones del alcalde en redes sociales y la respuesta del aludido Director de Cultura al exponer su defensa en la mismas redes sociales. Cronología : Todo se inició en una publicación donde el concejal de Ancud Pablo Vargas expuso su malestar por la decisión de sus colegas concejales de sacarlo de la presidencia de comisiones que presidía al interior del Concejo Municipal, entre ellas, la comisión de Turismo, Cultura y Patrimonio, al respecto, el Concejal Pablo Sebastián Vargas escribió en su perfil de Facebook, la siguiente declaración que fue ampliamente compartida en las RRSS de Chiloé: Tras la decisión de mis colegas durante el Concejo hoy, dejo de ser presidente de la 'Comisión Social y Juventud', así como 'Turismo, Cultura y Patrimonio'. En su lugar, el Concejal Ibañez, mismo que planificó esa decisión, se propuso a sí mismo para 'Comisión Social' y al Concejal Ojeda para 'Comisión de Cultura'. En cuanto a 'Turismo y Patrimonio' el Concejal Cárdenas recomendó al Concejal Chepillo, quedando presididas de esta forma y pasando a ser 3 las comisiones que antes eran 2 (por motivos de eficiencia).Pero me quedo satisfecho. Aunque el interés personal de algunos de mis colegas sea mayor al del consenso, se logró reactivar las comisiones, incluir el ámbito social (entre otros) e incentivar este enfoque. De las 12 comisiones realizadas en estos 3 meses por el concejo, concretamos 4 de las comisiones que he presidido, más una que viene en camino (5 de 12). Ahora a seguir trabajando con lo pendiente, queda harto por hacer. Producto de la mencionada publicación se produjo una cantidad importante de menciones en apoyo al concejal ancuditano. Entre estos mensajes de apoyo, el usuario José Manuel Castro denunció que: Aquí el verdadero motivo por el que quieren sacar al concejal Pablo Sebastián Vargas... (refiriéndose a la votación por parte los concejales para sacar de la presidencia de la comisión de Cultura al mencionado concejal) y acto seguido publica la fotografía de una carta en la que expone presuntos antecedentes penales de condena cumplida por parte del recientemente nombrado Director de la Corporación Cultural Municipal de Ancud. A raíz de la mencionada denuncia y la defensa del aludido director en las RRSS ya expuestas, según fuentes confiables de Décima TV, el alcalde de Ancud habría solicitado a Manuel Escobar su certificado de antecedentes, el cual hizo llegar pertinentemente. Dicho sea de paso, fue el mismo alcalde quien publicó en el hilo de una conversación, el certificado de antecedentes de su subordinado. En dicho documento aparece que el aludido No Tiene Antecedentes,.. Sin embargo, ante la contundencia de documentos exhibidos en redes sociales y al cotejarlo con la información pública del poder judicial, se pudo comprobar que que el aludido sí cumplió condena por una causa penal. Del editor : Ahora bien, más allá de si es lícito o ético designar o no en un cargo público a una persona basándose solamente en el certificado de antecedentes y sin hacer un juicio de valor por ello, cabe la pregunta: Es aceptable que un alcalde se enfrasque en una discusión en redes sociales con una persona que tiene un perfil no verificado como real, a las 2 de la madrugada, en la cual expone aun más a su director en cuestión, publicando el mismo alcalde el certificado de antecedentes de su subordinado? Es lícito o ético aceptar la renuncia de la persona nombrada por él mismo, basándose en información que pueda resultar verdadera o falsa y que provienen de un perfil que podría resultar falso? Y otra interrogante no menor, el alcalde Ojeda señala en su publicación: Acabo de enterarme de esto! Estoy averiguando y si tuviera asidero sobre la misma solicitaré su renuncia inmediata... aquí cabe preguntar: puede el alcalde solicitar la renuncia del director pese a tener un certificado de antecedentes que señala sin antecedentes? O puede el alcalde pedirle la renuncia basándose en una antigua causa penal en la cual el aludido ya cumplió condena? No habría sido más prudente que el alcalde pidiera la asesoría legal pertinente antes de participar en la discusión de redes sociales? Nos contactamos con el alcalde e insistimos en obtener una entrevista para consultar por este y otros temas, pero no hemos obtenido respuesta a la petición de realizar dicha entrevista. Infografia:
