En un giro que pone en entredicho antiguas críticas y revela las complejidades del poder, el medio independiente Interferencia dio a conocer que durante el actual mandato del Presidente Gabriel Boric, la empresa encuestadora Cadem ha recibido $2.643 millones en contratos con organismos públicos, cifra muy similar a los $2.800 millones La información se obtiene de registros públicos analizados por el periodista Felipe Arancibia Muñoz, quien también revela que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Mario Marcel, es el principal contratante: más de $1.600 millones en cinco contratos entre 2022 y 2025 , todos vinculados a mediciones de satisfacción de servicios públicos. Este nuevo informe cobra relevancia al contrastar con las declaraciones hechas en 2020 por la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien desde su rol como diputada criticaba duramente estos pagos. En redes sociales, Vallejo cuestionó que se redujeran recursos para becas y el INE, mientras se destinaban cientos de millones a encuestas de Cadem. Paradójicamente, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) —que en el periodo anterior lideraba las contrataciones— ha optado por no adquirir servicios de Cadem durante esta administración. No obstante, diversas subsecretarías y organismos públicos han mantenido contratos vigentes sin reparaciones. La publicación de Interferencia no solo expone montos y vínculos contractuales, sino que reabre un debate sobre la coherencia política , el rol de las encuestas en el manejo del poder y el uso de recursos fiscales en tiempos de restricciones presupuestarias. Fuente: Interferencia, reportaje de Felipe Arancibia Muñoz, 25 de julio de 2025.
Juan Francisco Villalobos Prado, quien estuvo prófugo durante un año y medio tras ser imputado por estafa, habría recibido hasta mayo de este año un total de $16.415.350 como beneficiario de una pensión de gracia. Villalobos Prado, de 39 años, fue parte de los 418 beneficiarios que accedieron a pensiones de gracia en virtud de proyectos presidenciales vinculados al estallido social . Aunque originalmente su causa por había sido estafa abierta en julio de 2019, fue cerrada en enero de 2024 tras pagar una caución de $300 mil. Inclusive figuraba como presunta víctima de violencia institucional en una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en agosto de 2020. El Ministerio Público reveló que la causa se cerró debido a la inasistencia del denunciante a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal, a pesar de que su caso fue utilizado como fundamento para otorgar el beneficio estatal. Este caso forma parte de un contexto más amplio: según datos de la Tesorería General de la República, el Estado desembolsó $5.434 millones de pesos en pensiones de gracia a 405 de los 418 beneficiarios identificados, de los cuales 270 fueron otorgados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y 148 durante la administración anterior de Sebastián Piñera. Además, ha trascendido que al menos 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales , muchos por delitos graves cometidos durante el estallido social, lo que dejó en evidencia fallas sistemáticas en la revisión de antecedentes antes de la entrega de los beneficios. En respuesta, desde el gobierno se anunció que las pensiones serán revocadas en casos de condenas por delitos graves. Hasta la fecha, ya se han cancelado 28 pensiones, incluidos beneficiarios por robo, violencia intrafamiliar, lanzamiento de molotov y una falsa víctima del 18-O. Este caso ha desatado fuertes críticas sobre la forma en que se han manejado las pensiones de gracia, generando cuestionamientos a los procedimientos de evaluación del INDH y la Subsecretaría del Interior, así como solicitudes de mayor control y transparencia en la asignación de este tipo de beneficios. Sobre el beneficio de pensión de gracia: – Es una reparación estatal reconocida por el Presidente de la República, en calidad de víctima afectada por hechos graves, como torturas o apremios ilegítimos durante el estallido social. – El monto mensual se fija en ingresos mínimos no remuneracionales y puede variar entre 1 y 2 veces ese valor, aproximadamente entre $258.000 y $516.000 mensuales, según la escala vigente. Fuente: ex-ante.cl, t13.cl, elpais.com
En un giro que pone en entredicho antiguas críticas y revela las complejidades del poder, el medio independiente Interferencia dio a conocer que durante el actual mandato del Presidente Gabriel Boric, la empresa encuestadora Cadem ha recibido $2.643 millones en contratos con organismos públicos, cifra muy similar a los $2.800 millones La información se obtiene de registros públicos analizados por el periodista Felipe Arancibia Muñoz, quien también revela que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Mario Marcel, es el principal contratante: más de $1.600 millones en cinco contratos entre 2022 y 2025 , todos vinculados a mediciones de satisfacción de servicios públicos. Este nuevo informe cobra relevancia al contrastar con las declaraciones hechas en 2020 por la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien desde su rol como diputada criticaba duramente estos pagos. En redes sociales, Vallejo cuestionó que se redujeran recursos para becas y el INE, mientras se destinaban cientos de millones a encuestas de Cadem. Paradójicamente, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) —que en el periodo anterior lideraba las contrataciones— ha optado por no adquirir servicios de Cadem durante esta administración. No obstante, diversas subsecretarías y organismos públicos han mantenido contratos vigentes sin reparaciones. La publicación de Interferencia no solo expone montos y vínculos contractuales, sino que reabre un debate sobre la coherencia política , el rol de las encuestas en el manejo del poder y el uso de recursos fiscales en tiempos de restricciones presupuestarias. Fuente: Interferencia, reportaje de Felipe Arancibia Muñoz, 25 de julio de 2025.
Juan Francisco Villalobos Prado, quien estuvo prófugo durante un año y medio tras ser imputado por estafa, habría recibido hasta mayo de este año un total de $16.415.350 como beneficiario de una pensión de gracia. Villalobos Prado, de 39 años, fue parte de los 418 beneficiarios que accedieron a pensiones de gracia en virtud de proyectos presidenciales vinculados al estallido social . Aunque originalmente su causa por había sido estafa abierta en julio de 2019, fue cerrada en enero de 2024 tras pagar una caución de $300 mil. Inclusive figuraba como presunta víctima de violencia institucional en una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en agosto de 2020. El Ministerio Público reveló que la causa se cerró debido a la inasistencia del denunciante a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal, a pesar de que su caso fue utilizado como fundamento para otorgar el beneficio estatal. Este caso forma parte de un contexto más amplio: según datos de la Tesorería General de la República, el Estado desembolsó $5.434 millones de pesos en pensiones de gracia a 405 de los 418 beneficiarios identificados, de los cuales 270 fueron otorgados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y 148 durante la administración anterior de Sebastián Piñera. Además, ha trascendido que al menos 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales , muchos por delitos graves cometidos durante el estallido social, lo que dejó en evidencia fallas sistemáticas en la revisión de antecedentes antes de la entrega de los beneficios. En respuesta, desde el gobierno se anunció que las pensiones serán revocadas en casos de condenas por delitos graves. Hasta la fecha, ya se han cancelado 28 pensiones, incluidos beneficiarios por robo, violencia intrafamiliar, lanzamiento de molotov y una falsa víctima del 18-O. Este caso ha desatado fuertes críticas sobre la forma en que se han manejado las pensiones de gracia, generando cuestionamientos a los procedimientos de evaluación del INDH y la Subsecretaría del Interior, así como solicitudes de mayor control y transparencia en la asignación de este tipo de beneficios. Sobre el beneficio de pensión de gracia: – Es una reparación estatal reconocida por el Presidente de la República, en calidad de víctima afectada por hechos graves, como torturas o apremios ilegítimos durante el estallido social. – El monto mensual se fija en ingresos mínimos no remuneracionales y puede variar entre 1 y 2 veces ese valor, aproximadamente entre $258.000 y $516.000 mensuales, según la escala vigente. Fuente: ex-ante.cl, t13.cl, elpais.com