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Mientras los peatones cruzan con miedo y choferes sortean cruces sin control, los semáforos apagados en Ancud no solo reflejan abandono. Pueden configurar una falta grave de servicio por parte del municipio. La ley, la Contraloría y los fallos judiciales son claros: cuando hay omisión, hay responsabilidad

✍️ Por Lumen Garay / Décima TV

(Más fotografías al final del artículo) 

Ancud, Chiloé . Son las ocho de la mañana y Marcela toma de la mano a su hijo para cruzar la calle en Pudeto. Mira hacia ambos lados y avanza con decisión, pero no sin miedo. El semáforo está apagado. “Aquí uno cruza con susto, porque no sabes si te van a respetar o si te va a tocar un frenazo encima” , comenta. Lo que antes parecía una falla puntual hoy se ha vuelto paisaje urbano.

En Ancud, intersecciones clave como 18 con Blanco, Pedro Montt con Praty Goycolea con Prat llevan semanas fallando. Otros puntos de semáforos han finncionado con intermitencias:  a veces funcionan, otras no.  Los ancuditanos en redes sociales ya comienzan a hablar de abandono que no solo incomoda: pone en riesgo vidas todos los días.

🚦 Semáforos apagados, señales de alerta encendidas

La situación no solo ha encendido la molestia ciudadana. Ha encendido, también, alarmas jurídicas.

Porque aunque muchos piensan que estos temas son “detalles técnicos”, lo cierto es que hay un concepto que pesa con fuerza en el Derecho chileno: la falta de servicio.

Este principio —reconocido por la Contraloría General de la República y por múltiples fallos judiciales— establece que cuando una autoridad pública no actúa como debería, puede ser legalmente responsable de los daños que ello cause.

⚖️ ¿Qué dice la ley?

Aunque la “falta de servicio” no esté literalmente escrita en un artículo, la jurisprudencia la ha consolidado con claridad.

La municipalidad sí tiene responsabilidad legal cuando :

No mantiene operativos los semáforos (art. 100, Ley de Tránsito).

No instala señalética de advertencia en cruces sin control.

Sabe de la falla y no actúa en un tiempo razonable.

La Contraloría ha sido tajante:

si un órgano del Estado no cumple con sus deberes legales, incurre en falta de servicio .

Y los tribunales han ido más allá:

han condenado a municipios a pagar indemnizaciones por accidentes causados por omisiones similares, como veredas rotas, luminarias apagadas o demoras en reparaciones .

📚 ¿Qué se necesita para demostrarlo

Para que un municipio sea condenado por falta de servicio, se debe demostrar:

Que conoció el problema (por denuncias, fiscalizaciones u oficios).

Que no funcionó o lo hizo mal.

Que hubo daño a terceros (lesiones, pérdidas materiales).

Y que existe un nexo directo entre la omisión y el accidente .

🚧 Ancud: la vida en pausa entre luces apagadas

Para quienes viven, trabajan o estudian en Ancud, esta no es una discusión jurídica. Es el día a día. " A veces te toca doblar en una esquina y nadie sabe quién tiene la preferencia. Esto no es solo una falla técnica, es una falta de gestión" , dice Juan Carlos, conductor del transporte público.

Algunos colectivos han debido reducir la frecuencia en ciertos tramos, y los escolares —especialmente los más pequeños— se ven forzados a cruzar sin resguardo.

"Esto es jugar con la vida de la gente. Un día va a pasar una tragedia, y ahí recién van a mover un dedo" , comenta don Enrique, adulto mayor que vive cerca del centro.

La pregunta es inevitable: ¿ quién responde si ocurre un accidente grave?

La ley es clara. La Contraloría ha hablado. La Corte Suprema ha fallado  la ciudadanía de Ancud ha anunciado, gritado y esperado. Pero hasta ahora, sigue transitando a ciegas. Si alguien resulta herido —o algo peor— en una intersección sin semáforo, la Municipalidad puede ser demandada y obligada a indemnizar por falta de servicio.  La prevención no puede seguir esperando. Porque cuando la justicia actúe, será tarde. Y cuando llegue el juicio, la indemnización saldrá de las arcas municipales, no del bolsillo de los responsables.

Los ancuditanos necesitan soluciones.Y necesita autoridades que recuerden que proteger la vida y la seguridad no es un favor: es una obligación legal y moral.







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