La Contraloría Regional de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Ancud reintegrar en sus funciones a la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien fue apartada de su cargo como Directora de Desarrollo Comunitario a pesar de estar amparada por el fuero maternal vigente. La instrucción se detalla en el Oficio N° E55164/2025, emitido el 19 de junio, tras recibir antecedentes enviados por la directora de Control Interno (s) del municipio, Leyla Aguayo, mediante el Ord. N° 178 de 2025. En el documento se informó a Contraloría que, a pesar de haberse advertido formalmente a la jefatura edilicia sobre la improcedencia de la desvinculación, no se adoptaron medidas correctivas, lo que motivó la intervención del órgano contralor. Mónica Pamela Maldonado ejercía el cargo en calidad de titular desde el 1 de agosto de 2022, por decreto alcaldicio N° 330. No obstante, el 17 de abril de este año, se le solicitó su renuncia no voluntaria. Posteriormente, por decreto N° 220 de 2025, el municipio declaró vacante su cargo a contar del 23 de abril, y nombró a Angélica Caicheo Caileo en su reemplazo, mediante el decreto N° 229, con fecha 28 de abril. Sin embargo, la funcionaria se encuentra protegida por el fuero maternal, dado que su hija nació el 5 de abril de 2024. En virtud del artículo 201 del Código del Trabajo, dicha protección se extiende hasta 1 año y 84 días desde el nacimiento, por lo que la desvinculación fue considerada improcedente. La Contraloría recordó que los cargos de exclusiva confianza establecidos en la Ley N° 18.695 —como el que ocupaba Maldonado— no tienen origen constitucional, por lo que deben respetar las normas sobre protección a la maternidad, las que tienen carácter preferente sobre cualquier disposición legal de menor jerarquía. Con base en ello, se instruyó el reintegro inmediato de la funcionaria a su cargo, el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo alejada de sus funciones, y se solicitó al municipio informar en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos, a través de la plataforma “Mis Trámites CGR”. Este dictamen refuerza la obligatoriedad de respetar el fuero maternal y evidencia las debilidades del municipio ancuditano en la gestión de sus recursos humanos y el cumplimiento de normativas laborales esenciales. Desde la municipalidad, hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una declaración oficial respecto del dictamen, aunque fuentes internas aseguran que el tema ha provocado tensión al interior del equipo jurídico del municipio.
Mónica Pamela Maldonado Velasquez, quien ejercía funciones directivas en la Municipalidad de Ancud, presentó una denuncia por tutela laboral acusando a la administración del alcalde Andrés Ojeda de vulnerar sus derechos fundamentales. Asegura que fue desvinculada estando protegida por fuero maternal, y que la decisión fue motivada por haber competido en las elecciones municipales de 2024. En una grave denuncia presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Ancud, la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Mónica Pamela Maldonado Velásquez, acusa a la Municipalidad de Ancud de haber vulnerado sus derechos fundamentales al despedirla mientras aún estaba protegida por fuero maternal. La acción judicial incluye acusaciones de discriminación por razones de maternidad y de índole política, tras haber sido contendora del actual alcalde, Andrés Ojeda, en las elecciones municipales de 2024. Según el relato de la denunciante, su carrera funcionaria comenzó en 2016 y culminó abruptamente el 17 de abril de 2025, cuando fue notificada en el domicilio de sus suegros del término de su contrato, bajo el argumento de que su cargo era de exclusiva confianza del alcalde. Sin embargo, Maldonado afirma que esta decisión fue arbitraria y persecutoria, en represalia por haber disputado electoralmente la alcaldía con Ojeda y por haberse reintegrado al trabajo tras un postnatal y licencias médicas asociadas al nacimiento prematuro de su hija. Me despidieron tres días después de haber vuelto de licencia médica. Me encontraba amparada por fuero maternal hasta el 27 de junio de 2025, señala la denuncia. Además, Maldonado agrega que, durante su reincorporación, sufrió hostigamientos laborales, exclusión por parte de compañeros y la pérdida de condiciones laborales esenciales como su oficina, elementos de trabajo y accesos digitales. La exfuncionaria también acusa que el municipio fue notificado de su estado maternal, que se encontraba debidamente respaldado con licencias médicas, y que incluso la propia jefa de personal que le notificó el despido declaró que “estaban dispuestos a asumir las consecuencias”, en referencia a la ilegalidad del acto por no existir un procedimiento de desafuero. Ese mismo día, además, Maldonado formalizó su intención de postular a la directiva de la ASEMUCH, la asociación de funcionarios municipales. Según afirma, su despido buscó también impedir que obtuviera fuero sindical, ampliando las razones de la desvinculación a una persecución política y gremial. El documento judicial cita legislación, jurisprudencia de la Corte Suprema y dictámenes de Contraloría que refuerzan el carácter ilegal del despido. En él se destaca que el fuero maternal es irrenunciable y que cualquier despido requiere autorización judicial previa, lo que no ocurrió en este caso. “La desvinculación no sólo fue una represalia política, sino una decisión cruel, que atentó contra mi dignidad como trabajadora, madre y servidora pública. Se me quitó mi fuente de ingresos y se me humilló frente a mi familia, violando todas las normas que protegen la maternidad y la no discriminación” , enfatizó Maldonado. El caso se encuentra actualmente en trámite judicial, y podría marcar un precedente en la aplicación del procedimiento de tutela laboral para funcionarios públicos en Chile, especialmente mujeres con fuero maternal. Dirección de Control de la Municipalidad de Ancud habria advertido al alcalde Andrés Ojeda que los decretos que removieron a funcionaria con fuero maternal eran ilegales. El Municipio de Ancud fue advertido de la irregularidad, pero decidió continuar con la tramitación de los decretos. Dirección de Control exigió la reincorporación de la afectada y cumplimiento del fuero. El 5 de mayo de 2025, la Directora Subrogante de Control Interno, Leyla Aguayo Valenzuela, emitió una representación formal dirigida al alcalde de Ancud, señalando como arbitrarios e ilegales tres decretos alcaldicios que pusieron término al contrato de la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien ejercía como Directora de Desarrollo Comunitario y goza de fuero maternal. Los actos cuestionados corresponden a los Decretos Alcaldicios N° 219 (17 de abril), N° 220 (23 de abril) y N° 229 (28 de abril), mediante los cuales se solicitó la renuncia no voluntaria de Maldonado, se declaró vacante su cargo y finalmente se nombró a una nueva titular. La representante de Control advirtió que, según el artículo 201 del Código del Trabajo, la funcionaria no puede ser removida sin autorización judicial previa, por estar protegida por fuero maternal. Asimismo, citó dictámenes recientes de la Contraloría General de la República que extienden esta protección a todas las funcionarias públicas, incluso en cargos de exclusiva confianza. A pesar de que se informó por escrito al alcalde subrogante sobre la ilegalidad de los decretos, este ordenó continuar con la tramitación, lo que también fue dejado constancia en la Secretaría Municipal. En su oficio, Leyla Aguayo exigió la reincorporación inmediata de Mónican Pamela Maldonado Velásquez, extendiendo su permanencia en el cargo por todo el tiempo que dure el fuero. En caso contrario, señaló que el municipio deberá presentar antes del 9 de mayo de 2025 la solicitud de desafuero ante el juez competente. La presentación se realizó en conformidad con el artículo 29 letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD De acuerdo con la legislación laboral chilena, si el tribunal acredita la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, la Municipalidad de Ancud podría enfrentar importantes sanciones: 1. NULIDAD DEL DESPIDO : Si se confirma que no existió autorización judicial para el despido, este puede ser declarado nulo. En ese caso, la municipalidad debería pagar a la exfuncionaria todas las remuneraciones, cotizaciones y beneficios desde la fecha del despido hasta que se dicte una sentencia definitiva o sea reincorporada. 2. INDEMNIZACIÓN ESPECIAL: Según el artículo 489 del Código del Trabajo, en caso de vulneración de derechos fundamentales, el tribunal puede ordenar el pago de una indemnización adicional que va entre 6 a 11 remuneraciones mensuales. 3. REINCORPORACIÓN AL CARGO : Si la trabajadora lo solicita y el tribunal acoge su petición, se puede ordenar su inmediata reincorporación a la Municipalidad de Ancud. 4. SANCIÓN ADMINISTRATIVA : Paralelamente, el caso puede ser derivado a la Contraloría General de la República, que tiene la facultad de iniciar un sumario contra los funcionarios responsables y emitir dictámenes para anular actos administrativos ilegales. En resumen, de confirmarse lo expuesto por Pamela Maldonado, el municipio podría enfrentar consecuencias económicas, administrativas y políticas de alto impacto. El proceso judicial no sólo busca reparar el daño a la exfuncionaria, sino que también puede convertirse en un hito para la protección efectiva de los derechos laborales y maternales en el servicio público.
Un informe revelado por The Clinic el 20 de junio de 2025 da cuenta de una crisis estructural en el sistema previsional del mundo municipal chileno: el 98% de las municipalidades del país—339 de 345—mantienen deudas previsionales con sus trabajadores, acumulando una mora superior a los $512 mil millones. La comuna con la mayor deuda es Ancud, en la Región de Los Lagos, que encabeza el listado nacional con más de $41 mil millones impagos, considerando tanto a la municipalidad como a su corporación de servicios. Le siguen La Serena (~ $35 mil millones), Quilpué (> $28 mil millones), San Miguel (> $28 mil millones) y Cerro Navia (> $26 mil millones). Los antecedentes recopilados por The Clinic provienen del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), y muestran que más de 236 mil trabajadores municipales han sido afectados, en su mayoría en el sistema AFP, donde la deuda ha aumentado en un 258% desde fines de 2021, alcanzando los $215 mil millones. A esto se suman otros $296 mil millones adeudados en el sistema antiguo (IPS). La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (FENTRAMUCH) ha denunciado que esta situación se arrastra por décadas, atribuida a malas gestiones, desvíos de fondos y, en algunos casos, delitos como fraude al fisco. Por ejemplo, en Viña del Mar se documentó el uso de recursos previsionales para pagar horas extras, generando una deuda que superaba los $16 mil millones a septiembre de 2023. A pesar de que la ley prohíbe que los municipios con cotizaciones impagas reciban recursos del Fondo Común Municipal (FCM), comunas como Cerro Navia, Ancud y San Fernando han continuado recibiendo entre $9 mil y $22 mil millones desde ese fondo, revelando una falla crítica en los mecanismos de control. Ante la inacción del Estado, FENTRAMUCH presentó reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, donde ya fueron declarados admisibles dos de los tres convenios invocados. A pesar de la conformación de una mesa de trabajo tripartita junto al Ministerio del Trabajo y la OIT, los dirigentes denunciaron que no ha habido avances desde diciembre de 2024, por lo que en junio de 2025 presentaron un nuevo reclamo. Aunque la Contraloría ha realizado auditorías en más de 50 municipios desde 2021 y existen causas penales en curso, la deuda previsional continúa aumentando, afectando directamente la salud previsional y seguridad social de miles de trabajadores del mundo municipal. (Fuente: “El 98% de los municipios del país debe más de $512 mil millones en cotizaciones previsionales a sus trabajadores” – The Clinic, 20 de junio de 2025) El caso de Ancud La deuda previsional acumulada por la Municipalidad de Ancud ha sido el resultado de una serie de factores que se han ido sumando a lo largo del tiempo. A continuación, se detallan los principales elementos que han contribuido a esta situación: 1. Deuda heredada desde 2016: Al asumir Carlos Gómez la alcaldía en 2016, encontró una deuda previsional de más de $2.500 millones de pesos, heredada de la administración anterior. Esta deuda incluía cotizaciones impagas y otros compromisos financieros no cumplidos. 2. Acumulación de deuda durante la gestión de Carlos Gómez: Durante los dos períodos de Carlos Gómez como alcalde (2016–2020 y 2021–2024), la deuda previsional se incrementó significativamente. En 2022, la deuda ascendía a cerca de $10.000 millones de pesos, y en 2023, se estimaba en $19.600 millones de pesos. Para 2024, la deuda había superado los $25.000 millones de pesos. 3. Falta de pagos y compromisos incumplidos: A pesar de los compromisos asumidos por la administración municipal, los pagos a los trabajadores de la educación no se realizaron de manera oportuna. Esto incluyó cotizaciones previsionales, salud y seguro de cesantía, lo que afectó gravemente los derechos laborales de los docentes y asistentes de la educación. 4. Acciones legales y administrativas: Los trabajadores afectados interpusieron diversas acciones legales y administrativas, incluyendo querellas por apropiación indebida y denuncias ante la Inspección del Trabajo. Sin embargo, muchas de estas acciones no han tenido resultados concretos, y la deuda sigue sin saldarse. 5. Intervención del administrador provisional e Inhabilitación del exalcalde Carlos Gómez Miranda El exalcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, fue inhabilitado de por vida para ejercer como sostenedor de establecimientos educacionales, según resolvió la Superintendencia de Educación en octubre de 2023. La medida se aplicó luego de que la Corporación Municipal de Ancud, bajo su representación legal, no acreditara el uso de más de $6.300 millones en subvenciones del año 2021. Esta falta se sumó a otras infracciones cometidas en 2018, 2019 y 2021, ya sancionadas anteriormente, lo que motivó la aplicación de la máxima sanción legal. Como consecuencia, desde agosto de 2023, los colegios municipales de Ancud pasaron a ser administrados por un administrador provisional, en transición hacia el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Cabe recordar que Carlos Gómez cesó en sus funciones como alcalde el 15 de noviembre de 2024, tras renunciar para postular presuntamente a un cargo parlamentario. En resumen, la deuda previsional actual de la Municipalidad de Ancud es el resultado de una combinación de deudas heredadas, acumulación de impagos durante la gestión de Carlos Gómez y falta de acciones efectivas para resolver la situación. A pesar de los esfuerzos realizados, la deuda sigue siendo un problema significativo que afecta a los trabajadores de la educación. Sin embargo y pese a que la responsabilidad de la deuda no fue generada por la administración actual, en el caso de Ancud, es el alcalde en ejercicio Andres Ojeda junto a su equipo politico, qulen debe apoyar las gestiones que se realizan desde la Comision de Educación del Senado para lograr una solución que permita pagar esta deuda que ha contribuido a menoscabar la calidad de vida de muchos docentes de la comuna de Ancud. Hay una luz de esperanza: Tal como publicamos en una edición anterior: Un protocolo de pago entregado por la Comisión de Educación del senado reabrió las esperanzas para saldar la deuda previsional en Ancud como así también en Quinchao, Queilen y Quellón. Se trata de un mecanismo que fue solicitado por el Colegio de Profesores de Chile el cual se hizo efectivo a fines de abril de este año entregando detalles de cómo se podría avanzar en esta compleja materia. La presidenta del Colegio de Profesores, Pamela Carrasco, manifestó que “ hay pasos, seguimientos, priorizaciones, métodos para empezar a pagar la deuda previsional”. “El protocolo establece mecanismos, por ejemplo la Dirección de Educación Pública tienen que tener conocimiento de los informes financieros para poder saber el nivel de la deuda, después de eso se va a hacer una planilla de trabajadores que fueron traspasados y después de eso se empiezan a cotejar”, sostuvo Pamela Carrasco.La profesora recordó que hasta el momento se mantienen pendientes los informes financieros en las ex administraciones de Ancud y Quinchao siendo fundamentales para avanzar en el pago de estas deudas que deberán cancelar las municipalidades.
Un nuevo caso de mal uso de licencias médicas constató la Contraloría General de la República. Esta vez, vinculada a 250 médicos que cumplen función pública y que, en un lapso donde registraban licencia médica, asistieron partos en recintos privados. Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC), los hechos investigados abarcaron el período 2023 y 2024. Lo expuesto podría implicar el uso irregular de 440 licencias médicas emitidas en el periodo analizado, de las cuales el 27% corresponde a FONASA y un 73% a ISAPRES. Además, la Contraloría constató que los funcionarios que eventualmente incumplieron su periodo de reposo habrían asistido 710 partos. Respecto de la duración de estos documentos, un 55% corresponde a licencias otorgadas de 1 a 5 días, un 11% de 6 a 10 días, un 18% de 11 a 15 días y un 16% a más de 15 días. Asimismo, se desprende del informe que un funcionario se habría otorgado a sí mismo una licencia para atender un parto en su periodo de reposo. FUENTE; https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/cic-doctores
De acuerdo con el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él. El nuevo reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres. El informe de la CGR indica que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo. Otros datos del análisis de la Contraloría revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica. Sin embargo 13 servicios concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719. Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10,0%) Normativa La licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración. El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otras cosas y en caso de que corresponda, el tipo de reposo para su afección (total o parcial); el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección y teléfono. Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica concedida, cuando exista un incumplimiento del reposo indicado en la licencia. En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5.145.997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen 1.231.362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período. Fuente. https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/ciclicencias-medicas
La Contraloría Regional de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Ancud reintegrar en sus funciones a la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien fue apartada de su cargo como Directora de Desarrollo Comunitario a pesar de estar amparada por el fuero maternal vigente. La instrucción se detalla en el Oficio N° E55164/2025, emitido el 19 de junio, tras recibir antecedentes enviados por la directora de Control Interno (s) del municipio, Leyla Aguayo, mediante el Ord. N° 178 de 2025. En el documento se informó a Contraloría que, a pesar de haberse advertido formalmente a la jefatura edilicia sobre la improcedencia de la desvinculación, no se adoptaron medidas correctivas, lo que motivó la intervención del órgano contralor. Mónica Pamela Maldonado ejercía el cargo en calidad de titular desde el 1 de agosto de 2022, por decreto alcaldicio N° 330. No obstante, el 17 de abril de este año, se le solicitó su renuncia no voluntaria. Posteriormente, por decreto N° 220 de 2025, el municipio declaró vacante su cargo a contar del 23 de abril, y nombró a Angélica Caicheo Caileo en su reemplazo, mediante el decreto N° 229, con fecha 28 de abril. Sin embargo, la funcionaria se encuentra protegida por el fuero maternal, dado que su hija nació el 5 de abril de 2024. En virtud del artículo 201 del Código del Trabajo, dicha protección se extiende hasta 1 año y 84 días desde el nacimiento, por lo que la desvinculación fue considerada improcedente. La Contraloría recordó que los cargos de exclusiva confianza establecidos en la Ley N° 18.695 —como el que ocupaba Maldonado— no tienen origen constitucional, por lo que deben respetar las normas sobre protección a la maternidad, las que tienen carácter preferente sobre cualquier disposición legal de menor jerarquía. Con base en ello, se instruyó el reintegro inmediato de la funcionaria a su cargo, el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo alejada de sus funciones, y se solicitó al municipio informar en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos, a través de la plataforma “Mis Trámites CGR”. Este dictamen refuerza la obligatoriedad de respetar el fuero maternal y evidencia las debilidades del municipio ancuditano en la gestión de sus recursos humanos y el cumplimiento de normativas laborales esenciales. Desde la municipalidad, hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una declaración oficial respecto del dictamen, aunque fuentes internas aseguran que el tema ha provocado tensión al interior del equipo jurídico del municipio.
Mónica Pamela Maldonado Velasquez, quien ejercía funciones directivas en la Municipalidad de Ancud, presentó una denuncia por tutela laboral acusando a la administración del alcalde Andrés Ojeda de vulnerar sus derechos fundamentales. Asegura que fue desvinculada estando protegida por fuero maternal, y que la decisión fue motivada por haber competido en las elecciones municipales de 2024. En una grave denuncia presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Ancud, la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Mónica Pamela Maldonado Velásquez, acusa a la Municipalidad de Ancud de haber vulnerado sus derechos fundamentales al despedirla mientras aún estaba protegida por fuero maternal. La acción judicial incluye acusaciones de discriminación por razones de maternidad y de índole política, tras haber sido contendora del actual alcalde, Andrés Ojeda, en las elecciones municipales de 2024. Según el relato de la denunciante, su carrera funcionaria comenzó en 2016 y culminó abruptamente el 17 de abril de 2025, cuando fue notificada en el domicilio de sus suegros del término de su contrato, bajo el argumento de que su cargo era de exclusiva confianza del alcalde. Sin embargo, Maldonado afirma que esta decisión fue arbitraria y persecutoria, en represalia por haber disputado electoralmente la alcaldía con Ojeda y por haberse reintegrado al trabajo tras un postnatal y licencias médicas asociadas al nacimiento prematuro de su hija. Me despidieron tres días después de haber vuelto de licencia médica. Me encontraba amparada por fuero maternal hasta el 27 de junio de 2025, señala la denuncia. Además, Maldonado agrega que, durante su reincorporación, sufrió hostigamientos laborales, exclusión por parte de compañeros y la pérdida de condiciones laborales esenciales como su oficina, elementos de trabajo y accesos digitales. La exfuncionaria también acusa que el municipio fue notificado de su estado maternal, que se encontraba debidamente respaldado con licencias médicas, y que incluso la propia jefa de personal que le notificó el despido declaró que “estaban dispuestos a asumir las consecuencias”, en referencia a la ilegalidad del acto por no existir un procedimiento de desafuero. Ese mismo día, además, Maldonado formalizó su intención de postular a la directiva de la ASEMUCH, la asociación de funcionarios municipales. Según afirma, su despido buscó también impedir que obtuviera fuero sindical, ampliando las razones de la desvinculación a una persecución política y gremial. El documento judicial cita legislación, jurisprudencia de la Corte Suprema y dictámenes de Contraloría que refuerzan el carácter ilegal del despido. En él se destaca que el fuero maternal es irrenunciable y que cualquier despido requiere autorización judicial previa, lo que no ocurrió en este caso. “La desvinculación no sólo fue una represalia política, sino una decisión cruel, que atentó contra mi dignidad como trabajadora, madre y servidora pública. Se me quitó mi fuente de ingresos y se me humilló frente a mi familia, violando todas las normas que protegen la maternidad y la no discriminación” , enfatizó Maldonado. El caso se encuentra actualmente en trámite judicial, y podría marcar un precedente en la aplicación del procedimiento de tutela laboral para funcionarios públicos en Chile, especialmente mujeres con fuero maternal. Dirección de Control de la Municipalidad de Ancud habria advertido al alcalde Andrés Ojeda que los decretos que removieron a funcionaria con fuero maternal eran ilegales. El Municipio de Ancud fue advertido de la irregularidad, pero decidió continuar con la tramitación de los decretos. Dirección de Control exigió la reincorporación de la afectada y cumplimiento del fuero. El 5 de mayo de 2025, la Directora Subrogante de Control Interno, Leyla Aguayo Valenzuela, emitió una representación formal dirigida al alcalde de Ancud, señalando como arbitrarios e ilegales tres decretos alcaldicios que pusieron término al contrato de la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien ejercía como Directora de Desarrollo Comunitario y goza de fuero maternal. Los actos cuestionados corresponden a los Decretos Alcaldicios N° 219 (17 de abril), N° 220 (23 de abril) y N° 229 (28 de abril), mediante los cuales se solicitó la renuncia no voluntaria de Maldonado, se declaró vacante su cargo y finalmente se nombró a una nueva titular. La representante de Control advirtió que, según el artículo 201 del Código del Trabajo, la funcionaria no puede ser removida sin autorización judicial previa, por estar protegida por fuero maternal. Asimismo, citó dictámenes recientes de la Contraloría General de la República que extienden esta protección a todas las funcionarias públicas, incluso en cargos de exclusiva confianza. A pesar de que se informó por escrito al alcalde subrogante sobre la ilegalidad de los decretos, este ordenó continuar con la tramitación, lo que también fue dejado constancia en la Secretaría Municipal. En su oficio, Leyla Aguayo exigió la reincorporación inmediata de Mónican Pamela Maldonado Velásquez, extendiendo su permanencia en el cargo por todo el tiempo que dure el fuero. En caso contrario, señaló que el municipio deberá presentar antes del 9 de mayo de 2025 la solicitud de desafuero ante el juez competente. La presentación se realizó en conformidad con el artículo 29 letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD De acuerdo con la legislación laboral chilena, si el tribunal acredita la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, la Municipalidad de Ancud podría enfrentar importantes sanciones: 1. NULIDAD DEL DESPIDO : Si se confirma que no existió autorización judicial para el despido, este puede ser declarado nulo. En ese caso, la municipalidad debería pagar a la exfuncionaria todas las remuneraciones, cotizaciones y beneficios desde la fecha del despido hasta que se dicte una sentencia definitiva o sea reincorporada. 2. INDEMNIZACIÓN ESPECIAL: Según el artículo 489 del Código del Trabajo, en caso de vulneración de derechos fundamentales, el tribunal puede ordenar el pago de una indemnización adicional que va entre 6 a 11 remuneraciones mensuales. 3. REINCORPORACIÓN AL CARGO : Si la trabajadora lo solicita y el tribunal acoge su petición, se puede ordenar su inmediata reincorporación a la Municipalidad de Ancud. 4. SANCIÓN ADMINISTRATIVA : Paralelamente, el caso puede ser derivado a la Contraloría General de la República, que tiene la facultad de iniciar un sumario contra los funcionarios responsables y emitir dictámenes para anular actos administrativos ilegales. En resumen, de confirmarse lo expuesto por Pamela Maldonado, el municipio podría enfrentar consecuencias económicas, administrativas y políticas de alto impacto. El proceso judicial no sólo busca reparar el daño a la exfuncionaria, sino que también puede convertirse en un hito para la protección efectiva de los derechos laborales y maternales en el servicio público.
Un informe revelado por The Clinic el 20 de junio de 2025 da cuenta de una crisis estructural en el sistema previsional del mundo municipal chileno: el 98% de las municipalidades del país—339 de 345—mantienen deudas previsionales con sus trabajadores, acumulando una mora superior a los $512 mil millones. La comuna con la mayor deuda es Ancud, en la Región de Los Lagos, que encabeza el listado nacional con más de $41 mil millones impagos, considerando tanto a la municipalidad como a su corporación de servicios. Le siguen La Serena (~ $35 mil millones), Quilpué (> $28 mil millones), San Miguel (> $28 mil millones) y Cerro Navia (> $26 mil millones). Los antecedentes recopilados por The Clinic provienen del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), y muestran que más de 236 mil trabajadores municipales han sido afectados, en su mayoría en el sistema AFP, donde la deuda ha aumentado en un 258% desde fines de 2021, alcanzando los $215 mil millones. A esto se suman otros $296 mil millones adeudados en el sistema antiguo (IPS). La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (FENTRAMUCH) ha denunciado que esta situación se arrastra por décadas, atribuida a malas gestiones, desvíos de fondos y, en algunos casos, delitos como fraude al fisco. Por ejemplo, en Viña del Mar se documentó el uso de recursos previsionales para pagar horas extras, generando una deuda que superaba los $16 mil millones a septiembre de 2023. A pesar de que la ley prohíbe que los municipios con cotizaciones impagas reciban recursos del Fondo Común Municipal (FCM), comunas como Cerro Navia, Ancud y San Fernando han continuado recibiendo entre $9 mil y $22 mil millones desde ese fondo, revelando una falla crítica en los mecanismos de control. Ante la inacción del Estado, FENTRAMUCH presentó reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, donde ya fueron declarados admisibles dos de los tres convenios invocados. A pesar de la conformación de una mesa de trabajo tripartita junto al Ministerio del Trabajo y la OIT, los dirigentes denunciaron que no ha habido avances desde diciembre de 2024, por lo que en junio de 2025 presentaron un nuevo reclamo. Aunque la Contraloría ha realizado auditorías en más de 50 municipios desde 2021 y existen causas penales en curso, la deuda previsional continúa aumentando, afectando directamente la salud previsional y seguridad social de miles de trabajadores del mundo municipal. (Fuente: “El 98% de los municipios del país debe más de $512 mil millones en cotizaciones previsionales a sus trabajadores” – The Clinic, 20 de junio de 2025) El caso de Ancud La deuda previsional acumulada por la Municipalidad de Ancud ha sido el resultado de una serie de factores que se han ido sumando a lo largo del tiempo. A continuación, se detallan los principales elementos que han contribuido a esta situación: 1. Deuda heredada desde 2016: Al asumir Carlos Gómez la alcaldía en 2016, encontró una deuda previsional de más de $2.500 millones de pesos, heredada de la administración anterior. Esta deuda incluía cotizaciones impagas y otros compromisos financieros no cumplidos. 2. Acumulación de deuda durante la gestión de Carlos Gómez: Durante los dos períodos de Carlos Gómez como alcalde (2016–2020 y 2021–2024), la deuda previsional se incrementó significativamente. En 2022, la deuda ascendía a cerca de $10.000 millones de pesos, y en 2023, se estimaba en $19.600 millones de pesos. Para 2024, la deuda había superado los $25.000 millones de pesos. 3. Falta de pagos y compromisos incumplidos: A pesar de los compromisos asumidos por la administración municipal, los pagos a los trabajadores de la educación no se realizaron de manera oportuna. Esto incluyó cotizaciones previsionales, salud y seguro de cesantía, lo que afectó gravemente los derechos laborales de los docentes y asistentes de la educación. 4. Acciones legales y administrativas: Los trabajadores afectados interpusieron diversas acciones legales y administrativas, incluyendo querellas por apropiación indebida y denuncias ante la Inspección del Trabajo. Sin embargo, muchas de estas acciones no han tenido resultados concretos, y la deuda sigue sin saldarse. 5. Intervención del administrador provisional e Inhabilitación del exalcalde Carlos Gómez Miranda El exalcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, fue inhabilitado de por vida para ejercer como sostenedor de establecimientos educacionales, según resolvió la Superintendencia de Educación en octubre de 2023. La medida se aplicó luego de que la Corporación Municipal de Ancud, bajo su representación legal, no acreditara el uso de más de $6.300 millones en subvenciones del año 2021. Esta falta se sumó a otras infracciones cometidas en 2018, 2019 y 2021, ya sancionadas anteriormente, lo que motivó la aplicación de la máxima sanción legal. Como consecuencia, desde agosto de 2023, los colegios municipales de Ancud pasaron a ser administrados por un administrador provisional, en transición hacia el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Cabe recordar que Carlos Gómez cesó en sus funciones como alcalde el 15 de noviembre de 2024, tras renunciar para postular presuntamente a un cargo parlamentario. En resumen, la deuda previsional actual de la Municipalidad de Ancud es el resultado de una combinación de deudas heredadas, acumulación de impagos durante la gestión de Carlos Gómez y falta de acciones efectivas para resolver la situación. A pesar de los esfuerzos realizados, la deuda sigue siendo un problema significativo que afecta a los trabajadores de la educación. Sin embargo y pese a que la responsabilidad de la deuda no fue generada por la administración actual, en el caso de Ancud, es el alcalde en ejercicio Andres Ojeda junto a su equipo politico, qulen debe apoyar las gestiones que se realizan desde la Comision de Educación del Senado para lograr una solución que permita pagar esta deuda que ha contribuido a menoscabar la calidad de vida de muchos docentes de la comuna de Ancud. Hay una luz de esperanza: Tal como publicamos en una edición anterior: Un protocolo de pago entregado por la Comisión de Educación del senado reabrió las esperanzas para saldar la deuda previsional en Ancud como así también en Quinchao, Queilen y Quellón. Se trata de un mecanismo que fue solicitado por el Colegio de Profesores de Chile el cual se hizo efectivo a fines de abril de este año entregando detalles de cómo se podría avanzar en esta compleja materia. La presidenta del Colegio de Profesores, Pamela Carrasco, manifestó que “ hay pasos, seguimientos, priorizaciones, métodos para empezar a pagar la deuda previsional”. “El protocolo establece mecanismos, por ejemplo la Dirección de Educación Pública tienen que tener conocimiento de los informes financieros para poder saber el nivel de la deuda, después de eso se va a hacer una planilla de trabajadores que fueron traspasados y después de eso se empiezan a cotejar”, sostuvo Pamela Carrasco.La profesora recordó que hasta el momento se mantienen pendientes los informes financieros en las ex administraciones de Ancud y Quinchao siendo fundamentales para avanzar en el pago de estas deudas que deberán cancelar las municipalidades.
Un nuevo caso de mal uso de licencias médicas constató la Contraloría General de la República. Esta vez, vinculada a 250 médicos que cumplen función pública y que, en un lapso donde registraban licencia médica, asistieron partos en recintos privados. Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC), los hechos investigados abarcaron el período 2023 y 2024. Lo expuesto podría implicar el uso irregular de 440 licencias médicas emitidas en el periodo analizado, de las cuales el 27% corresponde a FONASA y un 73% a ISAPRES. Además, la Contraloría constató que los funcionarios que eventualmente incumplieron su periodo de reposo habrían asistido 710 partos. Respecto de la duración de estos documentos, un 55% corresponde a licencias otorgadas de 1 a 5 días, un 11% de 6 a 10 días, un 18% de 11 a 15 días y un 16% a más de 15 días. Asimismo, se desprende del informe que un funcionario se habría otorgado a sí mismo una licencia para atender un parto en su periodo de reposo. FUENTE; https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/cic-doctores
De acuerdo con el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él. El nuevo reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres. El informe de la CGR indica que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo. Otros datos del análisis de la Contraloría revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica. Sin embargo 13 servicios concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719. Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10,0%) Normativa La licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración. El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otras cosas y en caso de que corresponda, el tipo de reposo para su afección (total o parcial); el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección y teléfono. Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica concedida, cuando exista un incumplimiento del reposo indicado en la licencia. En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5.145.997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen 1.231.362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período. Fuente. https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/ciclicencias-medicas
