El senador Fidel Espinoza realizó una dura declaración pública contra el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien responsabilizó directamente por las “escandalosas demoras” en la tramitación de subdivisiones prediales —subdivisión de terrenos— que afecta a miles de familias a lo largo del país. El parlamentario acusó que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo dependiente de la cartera de Agricultura, mantiene atrapadas las carpetas por meses e incluso más de un año, impidiendo que pequeños y medianos agricultores puedan vender parcelas, incluso en casos humanitarios urgentes. “Un pequeño agricultor no puede vender ni siquiera una parcela porque su carpeta lleva un año detenida en el SAG. Mientras tanto, hay adultos mayores con enfermedades terminales que solo quieren dejar a sus familias libres de deudas, pero la burocracia del ministro Valenzuela se los impide”, sostuvo Espinoza. El senador afirmó que el Estado, a través del SAG, bajo la conducción de Valenzuela, está actuando “por decreto, por sobre la propia ley” , afectando a toda una cadena productiva que incluye a quienes construyen caminos, perforan pozos e instalan electricidad en los terrenos. En su emplazamiento, Espinoza subrayó que la región de Los Lagos es una de las más afectadas del país y solicitó formalmente que el ministro entregue cifras sobre los tiempos de tramitación en otras regiones, advirtiendo que esta situación está generando desempleo y paralización económica en un momento en que Chile necesita más empleo y dinamismo productivo. Esto no es un problema técnico, es un problema de humanidad y voluntad. Y el ministro Valenzuela ha demostrado cero humanidad y cero voluntad, concluyó el legislador.
En un encendido reclamo que evidencia tensiones dentro del oficialismo, el senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, arremetió duramente contra el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, por sus declaraciones sobre el supuesto mejoramiento de los índices de delincuencia en Chile. “Es una burla, ministro Elizalde. No se lo voy a aceptar”, disparó Espinoza, quien además es parte del mismo Partido Socialista, manifestando su total rechazo ante lo que calificó como unamentira inaceptable. El parlamentario acusó desconexión del Gobierno con la realidad que enfrenta la ciudadanía a diario. “Basta que nuestros propios ministros nos vengan a decir que estamos mejor, porque eso es reírse del propio país”, agregó visiblemente molesto. Las palabras del senador reflejan no solo una crítica a la gestión del Ejecutivo, sino también un malestar profundo al interior del bloque oficialista, en momentos en que la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Mientras el Gobierno insiste en mostrar cifras que apuntarían a una baja en algunos delitos, diversos informes de prensa y sondeos de percepción ciudadana revelan una creciente sensación de inseguridad en barrios, centros urbanos y zonas rurales del país. Espinoza no es el primer parlamentario del oficialismo que cuestiona el discurso gubernamental en materia de seguridad, pero sí uno de los que lo ha hecho con mayor dureza y frontalidad, marcando una clara distancia respecto a la narrativa de La Moneda. Este nuevo quiebre interno ocurre en medio de debates legislativos clave sobre el fortalecimiento de las policías, la reforma al sistema de inteligencia y la necesidad de enfrentar con urgencia el avance del crimen organizado, cuya presencia ha sido reconocida incluso por organismos internacionales.
Mientras los peatones cruzan con miedo y choferes sortean cruces sin control, los semáforos apagados en Ancud no solo reflejan abandono. Pueden configurar una falta grave de servicio por parte del municipio. La ley, la Contraloría y los fallos judiciales son claros: cuando hay omisión, hay responsabilidad ✍️ Por Lumen Garay / Décima TV (Más fotografías al final del artículo) Ancud, Chiloé . Son las ocho de la mañana y Marcela toma de la mano a su hijo para cruzar la calle en Pudeto. Mira hacia ambos lados y avanza con decisión, pero no sin miedo. El semáforo está apagado. “Aquí uno cruza con susto, porque no sabes si te van a respetar o si te va a tocar un frenazo encima” , comenta. Lo que antes parecía una falla puntual hoy se ha vuelto paisaje urbano. En Ancud, intersecciones clave como 18 con Blanco, Pedro Montt con Praty Goycolea con Prat llevan semanas fallando. Otros puntos de semáforos han finncionado con intermitencias: a veces funcionan, otras no. Los ancuditanos en redes sociales ya comienzan a hablar de abandono que no solo incomoda: pone en riesgo vidas todos los días. 🚦 Semáforos apagados, señales de alerta encendidas La situación no solo ha encendido la molestia ciudadana. Ha encendido, también, alarmas jurídicas. Porque aunque muchos piensan que estos temas son “detalles técnicos”, lo cierto es que hay un concepto que pesa con fuerza en el Derecho chileno: la falta de servicio. Este principio —reconocido por la Contraloría General de la República y por múltiples fallos judiciales— establece que cuando una autoridad pública no actúa como debería, puede ser legalmente responsable de los daños que ello cause. ⚖️ ¿Qué dice la ley? Aunque la “falta de servicio” no esté literalmente escrita en un artículo, la jurisprudencia la ha consolidado con claridad. La municipalidad sí tiene responsabilidad legal cuando : No mantiene operativos los semáforos (art. 100, Ley de Tránsito). No instala señalética de advertencia en cruces sin control. Sabe de la falla y no actúa en un tiempo razonable. La Contraloría ha sido tajante: si un órgano del Estado no cumple con sus deberes legales, incurre en falta de servicio . Y los tribunales han ido más allá: han condenado a municipios a pagar indemnizaciones por accidentes causados por omisiones similares, como veredas rotas, luminarias apagadas o demoras en reparaciones . 📚 ¿Qué se necesita para demostrarlo ? Para que un municipio sea condenado por falta de servicio, se debe demostrar: Que conoció el problema (por denuncias, fiscalizaciones u oficios). Que no funcionó o lo hizo mal. Que hubo daño a terceros (lesiones, pérdidas materiales). Y que existe un nexo directo entre la omisión y el accidente . 🚧 Ancud: la vida en pausa entre luces apagadas Para quienes viven, trabajan o estudian en Ancud, esta no es una discusión jurídica. Es el día a día. A veces te toca doblar en una esquina y nadie sabe quién tiene la preferencia. Esto no es solo una falla técnica, es una falta de gestión , dice Juan Carlos, conductor del transporte público. Algunos colectivos han debido reducir la frecuencia en ciertos tramos, y los escolares —especialmente los más pequeños— se ven forzados a cruzar sin resguardo. Esto es jugar con la vida de la gente. Un día va a pasar una tragedia, y ahí recién van a mover un dedo , comenta don Enrique, adulto mayor que vive cerca del centro. La pregunta es inevitable: ¿ quién responde si ocurre un accidente grave? La ley es clara. La Contraloría ha hablado. La Corte Suprema ha fallado la ciudadanía de Ancud ha anunciado, gritado y esperado. Pero hasta ahora, sigue transitando a ciegas. Si alguien resulta herido —o algo peor— en una intersección sin semáforo, la Municipalidad puede ser demandada y obligada a indemnizar por falta de servicio. La prevención no puede seguir esperando. Porque cuando la justicia actúe, será tarde. Y cuando llegue el juicio, la indemnización saldrá de las arcas municipales, no del bolsillo de los responsables. Los ancuditanos necesitan soluciones.Y necesita autoridades que recuerden que proteger la vida y la seguridad no es un favor: es una obligación legal y moral.
A más de cuatro meses del incendio que destruyó el centro comercial de Ancud, locatarios aún no reciben los $350 millones prometidos por el Gobierno Regional. Nuevos antecedentes sugieren que los fondos aprobados serían para residuos sólidos, no para ayuda directa. Ancud. Julio de 2025 – La promesa de apoyo inmediato tras el incendio que devastó el centro de Ancud el pasado 22 de febrero, parece haberse esfumado entre el humo de la burocracia y la confusión administrativa. 60 comerciantes lo perdieron todo. Hoy, a más de 130 días del siniestro, la mayoría sigue sin recibir ni un peso del aporte comprometido por las autoridades. El 24 de Febrero, el Gobernador Regional Alejandro Santana, en entrevista difundida por Décima TV, aseguró que el Gobierno Regional de Los Lagos transferiría $350 millones en los próximos días, de forma “directa e inmediata”, para ir en ayuda de los comerciantes damnificados. El alcalde Andrés Ojeda Care reforzó públicamente ese compromiso. ( Declaraciones del Gobernador Regional el 24 de Febrero) Pero esta semana, surgió un dato que podría explicar —aunque no justificar— el retraso. Según una revisión documental realizada por este medio, el único registro oficial visible sobre la aprobación de fondos por $350 millones desde el CORE Los Lagos corresponde a un proyecto para residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Ancud, no para apoyo a emprendedores ni damnificados. Más aún: cualquier uso distinto al que establece su título original podría constituir una irregularidad o incluso una malversación de fondos públicos, salvo expresa autorización de la Subdere, que es el organismo estatal de donde provienen los recursos. Al respecto, la Subdere al ser consultada, respondió que: En relación con una eventual autorización otorgada al alcalde de Ancud para redestinar recursos de la glosa presupuestaria de RSD a ayudas por el incendio del 22 de febrero:Tal como se señaló anteriormente, no se han efectuado modificaciones presupuestarias con dicho objetivo. En consecuencia, SUBDERE no ha otorgado autorización alguna para redirigir los recursos destinados al manejo de residuos sólidos domiciliarios a otros fines. Lo anterior contraviene lo expresado por el alcalde de Ancud en una reunión que sostuvo en marzo con los locatarios, donde señaló: Para que ustedes sepan, cuando el Gobierno Regional dice 5 millones de libre disposición, ellos no nos están pasando los recursos todavía. Lo que ellos nos dijeron, que nosotros ocupemos de nuestros recursos que tenemos para la basura, para más adelante en el año, que lo ocupemos ahora y que después ellos, como en dos o tres meses más, nos van a hacer el depósito para la basura y nosotros nos gastamos nuestra plata de la basura ahora, declaró el edil. La falta de claridad ha encendido las alarmas entre los propios comerciantes afectados. El pasado lunes 8 de julio, ingresaron una carta formal al alcalde y al Concejo Municipal, la que fue leída en sesión oficial el martes 9. Allí, exigen saber qué pasó con los fondos prometidos, qué recursos están realmente disponibles, y por qué tantos siguen excluidos. “Después de cuatro meses seguimos con las mismas dudas. La ayuda que se nos ofreció era inmediata. Esa fue la palabra usada por el alcalde y el gobernador. Pero seguimos esperando” , declaró Carolina Saldivia, comerciante afectada. Hasta ahora, solo 18 locatarios de un total de 53 activos han recibido algún tipo de apoyo económico. El resto enfrenta una total incertidumbre. El administrador municipal Raúl Manzano señaló que el proceso ha sido complejo por temas administrativos y jurídicos. “Es la primera vez que se intenta entregar una ayuda de este volumen y características” , dijo. Sin embargo, desde la propia Municipalidad hay total hermetismo con la prensa respecto a clarificar a los damnificados y a la ciudadanía la real situación en la que está la mencionada ayuda social. Por otra parte, ya el día 8 de mayo, Décima TV había advertido la discordancia entre lo comprometido por el Gobernador Regional – Ayuda Social de 350 millones para los damnificados - y lo realmente aprobado por el Consejo Regional: 350 millones para Residuos Sólidos Domiciliarios. Promesas y compromisos con los damnificados, sin cumplir, de acuerdo al propio intinerario autoimpuesto por la Municipalidad de Ancud: El dia 4 de marzo el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda comprometió fechas específicas en las cuales se comenzaría a entregar la ayuda a los damnificados del incendio. En dicha oportunidad señaló: Vamos a ver cuánto le podíamos pasar esta semana, vamos a ver si es el viernes (8 de marzo) o el lunes (10 de marzo), ahí les vamos a estar avisando, y ahí lo voy a explicar porqué, entonces, de esos 5 millones, nosotros le vamos a pasar ahora, el viernes o el lunes 2 millones de pesos a cada locatario y de ahí en los meses sucesivos, cada mes, 1 millón de pesos por 3 meses, declaró Ojeda . En la mencionada reunión del 4 de marzo el alcalde Ojeda también mencionó que parte de los 350 millones quedarían a disposición del municipio para ser utilizados en otros gastos, al respecto, señaló:: Acá el concejal Javier Cárdenas, estuvo denantito también con el tema, entonces eso es como la situación ya heee, si usted divide 350 millones en 60, obviamente es mucho más, pero recuerden son 350 millones a libre disposición del municipio para la emergencia, nosotros, esos extras, que pueden quedar, que son más de 60 millones, nosotros lo pudiéramos ocupar eventualmente, no sé, en el escombro que se sacó para la disposición, pagamos petróleo para los bomberos, alimentación etcétera y podríamos empezar a decir, mire, sacamos aca, sacamos allá. No, les comento, nosotros eso lo vamos a tener como un colchon de reserva y vamos a ver. Declaró El alcalde Ojeda, también destacó la importancia que no hubiera medios de comunación en la mencionada reunión, aunque no se logra vislumbrar los motivos por los cuales era importante la ausencia de la prensa. Transcrbimos aquí sus declaraciones en la mentada reunión: acá no hay medio de comunicación ni nada, tratamos tambien de ser muy cautos en eso, de hecho yo ahora me voy a ir cuando le pasen su cheque, no quiero apareecer entregando ningún cheque, ya. Acto seguido, el edil ancuditano aseguró que habría mas ayuda para los locatarios: Nosotros, lo que hay que tener cuidado acá,es que van a venir para ustedes más beneficios, acuérdense que SERCOTEC va a hacer unos proyectos, un programa que es hasta 10 millones por locatario, no quiere decir que a todos le pasen 10 millones, pero es hasta 10, ya, y la mayoría esperamos que lo ganen, porque nosotros les vamos a ayudar, además, el Gobierno Regional hace unos días, yo estoy con el consejero y con el gobernador y ellos van a intencionar otro programa a traves de Sercotec, que ellos también van a colocar recursos, esos igual van a ser varios millones de pesos más, señaló . Al concluir la reunión, el alcalde Ojeda, cedió la palabra al concejal Javier Cárdenas, quien avaló todo lo señalado y prometido por el alcalde: ... no se Concejal si usted quieres decir algo... Concejal Javier Cárdenas: no, solamente que nos gustaría ir mucho mas rápido pero hay temas administrativos, legales que son imposibles de flanquear como por ejemplo, la modificación presupuestaria. No podemos saltarnos lo cinco dias habiles para que nosotros la podamos aprobar y a nosotros nos hubiera encantado que a lo mejor este martes hubiera estado la modificación presupuestaria para que ustedes puedan tener rápidamente, a traves de un cheque o a traves de sus cuentas, los recursos para que puedan volver a ponerse de pie... agregó el concejal. Por ahora, al cierre de esta edición, la ayuda, tal y como se comprometió, sigue sin llegar. Las explicaciones son confusas y la indignación crece. Lo que comenzó como una tragedia por el fuego, hoy se convierte también en una crisis de transparencia y confianza institucional. En el siguiente enlace podrá usted escuchar íntegramente los dichos del alcalde Andrés Ojeda de Ancud en la reunión donde, en teoría, no debía estar la prensa: Enlace relacionado: https://www.facebook.com/decimatvchiloe/videos/1425257055550469/?mibextid=9drbnH
La Contraloría Regional de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Ancud reintegrar en sus funciones a la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien fue apartada de su cargo como Directora de Desarrollo Comunitario a pesar de estar amparada por el fuero maternal vigente. La instrucción se detalla en el Oficio N° E55164/2025, emitido el 19 de junio, tras recibir antecedentes enviados por la directora de Control Interno (s) del municipio, Leyla Aguayo, mediante el Ord. N° 178 de 2025. En el documento se informó a Contraloría que, a pesar de haberse advertido formalmente a la jefatura edilicia sobre la improcedencia de la desvinculación, no se adoptaron medidas correctivas, lo que motivó la intervención del órgano contralor. Mónica Pamela Maldonado ejercía el cargo en calidad de titular desde el 1 de agosto de 2022, por decreto alcaldicio N° 330. No obstante, el 17 de abril de este año, se le solicitó su renuncia no voluntaria. Posteriormente, por decreto N° 220 de 2025, el municipio declaró vacante su cargo a contar del 23 de abril, y nombró a Angélica Caicheo Caileo en su reemplazo, mediante el decreto N° 229, con fecha 28 de abril. Sin embargo, la funcionaria se encuentra protegida por el fuero maternal, dado que su hija nació el 5 de abril de 2024. En virtud del artículo 201 del Código del Trabajo, dicha protección se extiende hasta 1 año y 84 días desde el nacimiento, por lo que la desvinculación fue considerada improcedente. La Contraloría recordó que los cargos de exclusiva confianza establecidos en la Ley N° 18.695 —como el que ocupaba Maldonado— no tienen origen constitucional, por lo que deben respetar las normas sobre protección a la maternidad, las que tienen carácter preferente sobre cualquier disposición legal de menor jerarquía. Con base en ello, se instruyó el reintegro inmediato de la funcionaria a su cargo, el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo alejada de sus funciones, y se solicitó al municipio informar en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos, a través de la plataforma “Mis Trámites CGR”. Este dictamen refuerza la obligatoriedad de respetar el fuero maternal y evidencia las debilidades del municipio ancuditano en la gestión de sus recursos humanos y el cumplimiento de normativas laborales esenciales. Desde la municipalidad, hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una declaración oficial respecto del dictamen, aunque fuentes internas aseguran que el tema ha provocado tensión al interior del equipo jurídico del municipio.
El senador Fidel Espinoza realizó una dura declaración pública contra el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien responsabilizó directamente por las “escandalosas demoras” en la tramitación de subdivisiones prediales —subdivisión de terrenos— que afecta a miles de familias a lo largo del país. El parlamentario acusó que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo dependiente de la cartera de Agricultura, mantiene atrapadas las carpetas por meses e incluso más de un año, impidiendo que pequeños y medianos agricultores puedan vender parcelas, incluso en casos humanitarios urgentes. “Un pequeño agricultor no puede vender ni siquiera una parcela porque su carpeta lleva un año detenida en el SAG. Mientras tanto, hay adultos mayores con enfermedades terminales que solo quieren dejar a sus familias libres de deudas, pero la burocracia del ministro Valenzuela se los impide”, sostuvo Espinoza. El senador afirmó que el Estado, a través del SAG, bajo la conducción de Valenzuela, está actuando “por decreto, por sobre la propia ley” , afectando a toda una cadena productiva que incluye a quienes construyen caminos, perforan pozos e instalan electricidad en los terrenos. En su emplazamiento, Espinoza subrayó que la región de Los Lagos es una de las más afectadas del país y solicitó formalmente que el ministro entregue cifras sobre los tiempos de tramitación en otras regiones, advirtiendo que esta situación está generando desempleo y paralización económica en un momento en que Chile necesita más empleo y dinamismo productivo. Esto no es un problema técnico, es un problema de humanidad y voluntad. Y el ministro Valenzuela ha demostrado cero humanidad y cero voluntad, concluyó el legislador.
En un encendido reclamo que evidencia tensiones dentro del oficialismo, el senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, arremetió duramente contra el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, por sus declaraciones sobre el supuesto mejoramiento de los índices de delincuencia en Chile. “Es una burla, ministro Elizalde. No se lo voy a aceptar”, disparó Espinoza, quien además es parte del mismo Partido Socialista, manifestando su total rechazo ante lo que calificó como unamentira inaceptable. El parlamentario acusó desconexión del Gobierno con la realidad que enfrenta la ciudadanía a diario. “Basta que nuestros propios ministros nos vengan a decir que estamos mejor, porque eso es reírse del propio país”, agregó visiblemente molesto. Las palabras del senador reflejan no solo una crítica a la gestión del Ejecutivo, sino también un malestar profundo al interior del bloque oficialista, en momentos en que la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Mientras el Gobierno insiste en mostrar cifras que apuntarían a una baja en algunos delitos, diversos informes de prensa y sondeos de percepción ciudadana revelan una creciente sensación de inseguridad en barrios, centros urbanos y zonas rurales del país. Espinoza no es el primer parlamentario del oficialismo que cuestiona el discurso gubernamental en materia de seguridad, pero sí uno de los que lo ha hecho con mayor dureza y frontalidad, marcando una clara distancia respecto a la narrativa de La Moneda. Este nuevo quiebre interno ocurre en medio de debates legislativos clave sobre el fortalecimiento de las policías, la reforma al sistema de inteligencia y la necesidad de enfrentar con urgencia el avance del crimen organizado, cuya presencia ha sido reconocida incluso por organismos internacionales.
Mientras los peatones cruzan con miedo y choferes sortean cruces sin control, los semáforos apagados en Ancud no solo reflejan abandono. Pueden configurar una falta grave de servicio por parte del municipio. La ley, la Contraloría y los fallos judiciales son claros: cuando hay omisión, hay responsabilidad ✍️ Por Lumen Garay / Décima TV (Más fotografías al final del artículo) Ancud, Chiloé . Son las ocho de la mañana y Marcela toma de la mano a su hijo para cruzar la calle en Pudeto. Mira hacia ambos lados y avanza con decisión, pero no sin miedo. El semáforo está apagado. “Aquí uno cruza con susto, porque no sabes si te van a respetar o si te va a tocar un frenazo encima” , comenta. Lo que antes parecía una falla puntual hoy se ha vuelto paisaje urbano. En Ancud, intersecciones clave como 18 con Blanco, Pedro Montt con Praty Goycolea con Prat llevan semanas fallando. Otros puntos de semáforos han finncionado con intermitencias: a veces funcionan, otras no. Los ancuditanos en redes sociales ya comienzan a hablar de abandono que no solo incomoda: pone en riesgo vidas todos los días. 🚦 Semáforos apagados, señales de alerta encendidas La situación no solo ha encendido la molestia ciudadana. Ha encendido, también, alarmas jurídicas. Porque aunque muchos piensan que estos temas son “detalles técnicos”, lo cierto es que hay un concepto que pesa con fuerza en el Derecho chileno: la falta de servicio. Este principio —reconocido por la Contraloría General de la República y por múltiples fallos judiciales— establece que cuando una autoridad pública no actúa como debería, puede ser legalmente responsable de los daños que ello cause. ⚖️ ¿Qué dice la ley? Aunque la “falta de servicio” no esté literalmente escrita en un artículo, la jurisprudencia la ha consolidado con claridad. La municipalidad sí tiene responsabilidad legal cuando : No mantiene operativos los semáforos (art. 100, Ley de Tránsito). No instala señalética de advertencia en cruces sin control. Sabe de la falla y no actúa en un tiempo razonable. La Contraloría ha sido tajante: si un órgano del Estado no cumple con sus deberes legales, incurre en falta de servicio . Y los tribunales han ido más allá: han condenado a municipios a pagar indemnizaciones por accidentes causados por omisiones similares, como veredas rotas, luminarias apagadas o demoras en reparaciones . 📚 ¿Qué se necesita para demostrarlo ? Para que un municipio sea condenado por falta de servicio, se debe demostrar: Que conoció el problema (por denuncias, fiscalizaciones u oficios). Que no funcionó o lo hizo mal. Que hubo daño a terceros (lesiones, pérdidas materiales). Y que existe un nexo directo entre la omisión y el accidente . 🚧 Ancud: la vida en pausa entre luces apagadas Para quienes viven, trabajan o estudian en Ancud, esta no es una discusión jurídica. Es el día a día. A veces te toca doblar en una esquina y nadie sabe quién tiene la preferencia. Esto no es solo una falla técnica, es una falta de gestión , dice Juan Carlos, conductor del transporte público. Algunos colectivos han debido reducir la frecuencia en ciertos tramos, y los escolares —especialmente los más pequeños— se ven forzados a cruzar sin resguardo. Esto es jugar con la vida de la gente. Un día va a pasar una tragedia, y ahí recién van a mover un dedo , comenta don Enrique, adulto mayor que vive cerca del centro. La pregunta es inevitable: ¿ quién responde si ocurre un accidente grave? La ley es clara. La Contraloría ha hablado. La Corte Suprema ha fallado la ciudadanía de Ancud ha anunciado, gritado y esperado. Pero hasta ahora, sigue transitando a ciegas. Si alguien resulta herido —o algo peor— en una intersección sin semáforo, la Municipalidad puede ser demandada y obligada a indemnizar por falta de servicio. La prevención no puede seguir esperando. Porque cuando la justicia actúe, será tarde. Y cuando llegue el juicio, la indemnización saldrá de las arcas municipales, no del bolsillo de los responsables. Los ancuditanos necesitan soluciones.Y necesita autoridades que recuerden que proteger la vida y la seguridad no es un favor: es una obligación legal y moral.
A más de cuatro meses del incendio que destruyó el centro comercial de Ancud, locatarios aún no reciben los $350 millones prometidos por el Gobierno Regional. Nuevos antecedentes sugieren que los fondos aprobados serían para residuos sólidos, no para ayuda directa. Ancud. Julio de 2025 – La promesa de apoyo inmediato tras el incendio que devastó el centro de Ancud el pasado 22 de febrero, parece haberse esfumado entre el humo de la burocracia y la confusión administrativa. 60 comerciantes lo perdieron todo. Hoy, a más de 130 días del siniestro, la mayoría sigue sin recibir ni un peso del aporte comprometido por las autoridades. El 24 de Febrero, el Gobernador Regional Alejandro Santana, en entrevista difundida por Décima TV, aseguró que el Gobierno Regional de Los Lagos transferiría $350 millones en los próximos días, de forma “directa e inmediata”, para ir en ayuda de los comerciantes damnificados. El alcalde Andrés Ojeda Care reforzó públicamente ese compromiso. ( Declaraciones del Gobernador Regional el 24 de Febrero) Pero esta semana, surgió un dato que podría explicar —aunque no justificar— el retraso. Según una revisión documental realizada por este medio, el único registro oficial visible sobre la aprobación de fondos por $350 millones desde el CORE Los Lagos corresponde a un proyecto para residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Ancud, no para apoyo a emprendedores ni damnificados. Más aún: cualquier uso distinto al que establece su título original podría constituir una irregularidad o incluso una malversación de fondos públicos, salvo expresa autorización de la Subdere, que es el organismo estatal de donde provienen los recursos. Al respecto, la Subdere al ser consultada, respondió que: En relación con una eventual autorización otorgada al alcalde de Ancud para redestinar recursos de la glosa presupuestaria de RSD a ayudas por el incendio del 22 de febrero:Tal como se señaló anteriormente, no se han efectuado modificaciones presupuestarias con dicho objetivo. En consecuencia, SUBDERE no ha otorgado autorización alguna para redirigir los recursos destinados al manejo de residuos sólidos domiciliarios a otros fines. Lo anterior contraviene lo expresado por el alcalde de Ancud en una reunión que sostuvo en marzo con los locatarios, donde señaló: Para que ustedes sepan, cuando el Gobierno Regional dice 5 millones de libre disposición, ellos no nos están pasando los recursos todavía. Lo que ellos nos dijeron, que nosotros ocupemos de nuestros recursos que tenemos para la basura, para más adelante en el año, que lo ocupemos ahora y que después ellos, como en dos o tres meses más, nos van a hacer el depósito para la basura y nosotros nos gastamos nuestra plata de la basura ahora, declaró el edil. La falta de claridad ha encendido las alarmas entre los propios comerciantes afectados. El pasado lunes 8 de julio, ingresaron una carta formal al alcalde y al Concejo Municipal, la que fue leída en sesión oficial el martes 9. Allí, exigen saber qué pasó con los fondos prometidos, qué recursos están realmente disponibles, y por qué tantos siguen excluidos. “Después de cuatro meses seguimos con las mismas dudas. La ayuda que se nos ofreció era inmediata. Esa fue la palabra usada por el alcalde y el gobernador. Pero seguimos esperando” , declaró Carolina Saldivia, comerciante afectada. Hasta ahora, solo 18 locatarios de un total de 53 activos han recibido algún tipo de apoyo económico. El resto enfrenta una total incertidumbre. El administrador municipal Raúl Manzano señaló que el proceso ha sido complejo por temas administrativos y jurídicos. “Es la primera vez que se intenta entregar una ayuda de este volumen y características” , dijo. Sin embargo, desde la propia Municipalidad hay total hermetismo con la prensa respecto a clarificar a los damnificados y a la ciudadanía la real situación en la que está la mencionada ayuda social. Por otra parte, ya el día 8 de mayo, Décima TV había advertido la discordancia entre lo comprometido por el Gobernador Regional – Ayuda Social de 350 millones para los damnificados - y lo realmente aprobado por el Consejo Regional: 350 millones para Residuos Sólidos Domiciliarios. Promesas y compromisos con los damnificados, sin cumplir, de acuerdo al propio intinerario autoimpuesto por la Municipalidad de Ancud: El dia 4 de marzo el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda comprometió fechas específicas en las cuales se comenzaría a entregar la ayuda a los damnificados del incendio. En dicha oportunidad señaló: Vamos a ver cuánto le podíamos pasar esta semana, vamos a ver si es el viernes (8 de marzo) o el lunes (10 de marzo), ahí les vamos a estar avisando, y ahí lo voy a explicar porqué, entonces, de esos 5 millones, nosotros le vamos a pasar ahora, el viernes o el lunes 2 millones de pesos a cada locatario y de ahí en los meses sucesivos, cada mes, 1 millón de pesos por 3 meses, declaró Ojeda . En la mencionada reunión del 4 de marzo el alcalde Ojeda también mencionó que parte de los 350 millones quedarían a disposición del municipio para ser utilizados en otros gastos, al respecto, señaló:: Acá el concejal Javier Cárdenas, estuvo denantito también con el tema, entonces eso es como la situación ya heee, si usted divide 350 millones en 60, obviamente es mucho más, pero recuerden son 350 millones a libre disposición del municipio para la emergencia, nosotros, esos extras, que pueden quedar, que son más de 60 millones, nosotros lo pudiéramos ocupar eventualmente, no sé, en el escombro que se sacó para la disposición, pagamos petróleo para los bomberos, alimentación etcétera y podríamos empezar a decir, mire, sacamos aca, sacamos allá. No, les comento, nosotros eso lo vamos a tener como un colchon de reserva y vamos a ver. Declaró El alcalde Ojeda, también destacó la importancia que no hubiera medios de comunación en la mencionada reunión, aunque no se logra vislumbrar los motivos por los cuales era importante la ausencia de la prensa. Transcrbimos aquí sus declaraciones en la mentada reunión: acá no hay medio de comunicación ni nada, tratamos tambien de ser muy cautos en eso, de hecho yo ahora me voy a ir cuando le pasen su cheque, no quiero apareecer entregando ningún cheque, ya. Acto seguido, el edil ancuditano aseguró que habría mas ayuda para los locatarios: Nosotros, lo que hay que tener cuidado acá,es que van a venir para ustedes más beneficios, acuérdense que SERCOTEC va a hacer unos proyectos, un programa que es hasta 10 millones por locatario, no quiere decir que a todos le pasen 10 millones, pero es hasta 10, ya, y la mayoría esperamos que lo ganen, porque nosotros les vamos a ayudar, además, el Gobierno Regional hace unos días, yo estoy con el consejero y con el gobernador y ellos van a intencionar otro programa a traves de Sercotec, que ellos también van a colocar recursos, esos igual van a ser varios millones de pesos más, señaló . Al concluir la reunión, el alcalde Ojeda, cedió la palabra al concejal Javier Cárdenas, quien avaló todo lo señalado y prometido por el alcalde: ... no se Concejal si usted quieres decir algo... Concejal Javier Cárdenas: no, solamente que nos gustaría ir mucho mas rápido pero hay temas administrativos, legales que son imposibles de flanquear como por ejemplo, la modificación presupuestaria. No podemos saltarnos lo cinco dias habiles para que nosotros la podamos aprobar y a nosotros nos hubiera encantado que a lo mejor este martes hubiera estado la modificación presupuestaria para que ustedes puedan tener rápidamente, a traves de un cheque o a traves de sus cuentas, los recursos para que puedan volver a ponerse de pie... agregó el concejal. Por ahora, al cierre de esta edición, la ayuda, tal y como se comprometió, sigue sin llegar. Las explicaciones son confusas y la indignación crece. Lo que comenzó como una tragedia por el fuego, hoy se convierte también en una crisis de transparencia y confianza institucional. En el siguiente enlace podrá usted escuchar íntegramente los dichos del alcalde Andrés Ojeda de Ancud en la reunión donde, en teoría, no debía estar la prensa: Enlace relacionado: https://www.facebook.com/decimatvchiloe/videos/1425257055550469/?mibextid=9drbnH
La Contraloría Regional de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Ancud reintegrar en sus funciones a la funcionaria Mónica Pamela Maldonado Velásquez, quien fue apartada de su cargo como Directora de Desarrollo Comunitario a pesar de estar amparada por el fuero maternal vigente. La instrucción se detalla en el Oficio N° E55164/2025, emitido el 19 de junio, tras recibir antecedentes enviados por la directora de Control Interno (s) del municipio, Leyla Aguayo, mediante el Ord. N° 178 de 2025. En el documento se informó a Contraloría que, a pesar de haberse advertido formalmente a la jefatura edilicia sobre la improcedencia de la desvinculación, no se adoptaron medidas correctivas, lo que motivó la intervención del órgano contralor. Mónica Pamela Maldonado ejercía el cargo en calidad de titular desde el 1 de agosto de 2022, por decreto alcaldicio N° 330. No obstante, el 17 de abril de este año, se le solicitó su renuncia no voluntaria. Posteriormente, por decreto N° 220 de 2025, el municipio declaró vacante su cargo a contar del 23 de abril, y nombró a Angélica Caicheo Caileo en su reemplazo, mediante el decreto N° 229, con fecha 28 de abril. Sin embargo, la funcionaria se encuentra protegida por el fuero maternal, dado que su hija nació el 5 de abril de 2024. En virtud del artículo 201 del Código del Trabajo, dicha protección se extiende hasta 1 año y 84 días desde el nacimiento, por lo que la desvinculación fue considerada improcedente. La Contraloría recordó que los cargos de exclusiva confianza establecidos en la Ley N° 18.695 —como el que ocupaba Maldonado— no tienen origen constitucional, por lo que deben respetar las normas sobre protección a la maternidad, las que tienen carácter preferente sobre cualquier disposición legal de menor jerarquía. Con base en ello, se instruyó el reintegro inmediato de la funcionaria a su cargo, el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo alejada de sus funciones, y se solicitó al municipio informar en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos, a través de la plataforma “Mis Trámites CGR”. Este dictamen refuerza la obligatoriedad de respetar el fuero maternal y evidencia las debilidades del municipio ancuditano en la gestión de sus recursos humanos y el cumplimiento de normativas laborales esenciales. Desde la municipalidad, hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una declaración oficial respecto del dictamen, aunque fuentes internas aseguran que el tema ha provocado tensión al interior del equipo jurídico del municipio.
