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La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado.

Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó que "las remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley".

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.

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