La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
Chile ha decidido suspender la importación de carne desde Argentina, según una Resolución exenta emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Esta determinación se tomó luego de una decisión del gobierno trasandino relacionada con la industria ganadera. En el comunicado emitido por el SAG, se destaca que la función principal de este organismo es adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al país de agentes infecto contagiosos causantes de enfermedades que afectan a animales, determinando acciones de prevención necesarias para este fin. La razón detrás de esta suspensión se debe a que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina autorizó recientemente el ingreso de carne bovina con hueso libre de fiebre aftosa con vacunación a la Patagonia. Esta medida fue establecida en la Resolución N°460 emitida por el gobierno trasandino en junio pasado. El SAG expresó su preocupación al tomar conocimiento sobre esta resolución, ya que representa un cambio en las condiciones sanitarias previamente evaluadas. En consecuencia, se dejó sin efecto el reconocimiento sanitario otorgado por Chile a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en Argentina. Por lo tanto, se ha decidido suspender la importación a Chile desde Argentina, de todos los animales y productos de origen animal que deben cumplir su certificación veterinaria internacional con el requisito sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, reconocido por Chile o reconocido por el SAG. Fuente: Meganoticias
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Hacienda ha publicado un segundo balance sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, específicamente en la administración central del Estado. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los trabajadores involucrados en este escándalo que han sido despedidos por el gobierno llegan a 1468. Además, el número de funcionarios públicos de la administración central implicados en el mal uso de licencias médicas se ha elevado a 8814, con 7926 trabajadores sujetos a sumarios, los cuales, según el ministro Marcel, en la mayoría de los casos todavía estos sumarios están en desarrollo. Mario Marcel señaló que los funcionarios se concentran principalmente en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y destacó que es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios. Sin embargo, enfatizó que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumarios recibieron $10 938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. Asimismo, señaló que la duración promedio de estas licencias médicas es de 18,9 días. En cuanto a la validación de antecedentes durante la etapa investigativa, el ministro Marcel mencionó que es necesario solicitar por oficio la certificación oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación con la fecha de entrada y salida del país. Hasta el jueves 26 de junio, la PDI informó que ha recibido alrededor de 1500 solicitudes por parte de los servicios públicos de la administración central del Estado, habiendo respondido un 58% hasta la fecha. Fuente: Publimetro
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
Chile ha decidido suspender la importación de carne desde Argentina, según una Resolución exenta emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Esta determinación se tomó luego de una decisión del gobierno trasandino relacionada con la industria ganadera. En el comunicado emitido por el SAG, se destaca que la función principal de este organismo es adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al país de agentes infecto contagiosos causantes de enfermedades que afectan a animales, determinando acciones de prevención necesarias para este fin. La razón detrás de esta suspensión se debe a que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina autorizó recientemente el ingreso de carne bovina con hueso libre de fiebre aftosa con vacunación a la Patagonia. Esta medida fue establecida en la Resolución N°460 emitida por el gobierno trasandino en junio pasado. El SAG expresó su preocupación al tomar conocimiento sobre esta resolución, ya que representa un cambio en las condiciones sanitarias previamente evaluadas. En consecuencia, se dejó sin efecto el reconocimiento sanitario otorgado por Chile a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en Argentina. Por lo tanto, se ha decidido suspender la importación a Chile desde Argentina, de todos los animales y productos de origen animal que deben cumplir su certificación veterinaria internacional con el requisito sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, reconocido por Chile o reconocido por el SAG. Fuente: Meganoticias
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Hacienda ha publicado un segundo balance sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, específicamente en la administración central del Estado. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los trabajadores involucrados en este escándalo que han sido despedidos por el gobierno llegan a 1468. Además, el número de funcionarios públicos de la administración central implicados en el mal uso de licencias médicas se ha elevado a 8814, con 7926 trabajadores sujetos a sumarios, los cuales, según el ministro Marcel, en la mayoría de los casos todavía estos sumarios están en desarrollo. Mario Marcel señaló que los funcionarios se concentran principalmente en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y destacó que es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios. Sin embargo, enfatizó que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumarios recibieron $10 938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. Asimismo, señaló que la duración promedio de estas licencias médicas es de 18,9 días. En cuanto a la validación de antecedentes durante la etapa investigativa, el ministro Marcel mencionó que es necesario solicitar por oficio la certificación oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación con la fecha de entrada y salida del país. Hasta el jueves 26 de junio, la PDI informó que ha recibido alrededor de 1500 solicitudes por parte de los servicios públicos de la administración central del Estado, habiendo respondido un 58% hasta la fecha. Fuente: Publimetro
