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Tras reiteradas sanciones por saldos de subvenciones no acreditados en años anteriores, el organismo fiscalizador aplicó la sanción más grave contemplada en la normativa educacional para Carlos Gómez Miranda, quien ejerce la representación legal de la Corporación Municipal de Ancud. 

Si bien la administración de los 24 establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Ancud se encuentra desde agosto en manos de un administrador provisional, las acciones previas de esta entidad sostenedora continúan siendo investigadas por distintos organismos públicos. Uno de estos organismos es la Superintendencia de Educación (SIE), que tiene entre sus facultades el resguardo del buen uso de recursos públicos en el sistema educativo. Es por ello que mediante una resolución exenta de la Dirección Regional Los Lagos de la SIE, se constató que la entidad sostenedora, Corporación Municipal de Ancud, no cumplió en tiempo y forma con la entrega de información que acreditara la disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2021. Según el artículo Nº 76 de la ley 20.529, que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, no entregar información solicitada por las instituciones que componen el sistema, como la Superintendencia de Educación, constituye una infracción de carácter grave para las entidades sostenedoras. 
Lo anterior se agrava aún más, ya que en 2018, 2019 y 2021 la Corporación Municipal de Ancud había sido sancionada por la Superintendencia debido a los mismos motivos: no entregar información sobre saldos no acreditados. Tal como establece la normativa educacional, cuando existen saldos sin acreditar, estos son traspasados al saldo inicial del año siguiente, lo que permite a la entidad sostenedora poder acreditar los montos participando de los procesos de rectificación dispuestos por la Superintendencia. Desde la primera sanción a la última, registrada en 2023, el monto de saldos de subvenciones y/o aportes del Estado no acreditados por la Corporación Municipal de Ancud subió desde 1.840.279.875 pesos a 6.306.529.262 pesos.
 “Lo sucedido en Ancud con la administración de los establecimientos educacionales es grave y durante este año vimos cómo la continuidad de la prestación del servicio educativo se puso en riesgo, pudiendo afectar el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Chiloé”, contextualizó el director regional de Los Lagos de la Superintendencia de Educación, Fernando Pérez Barrera. “Como institución parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, nos corresponde velar por el buen uso de los recursos públicos que se entregan a las entidades sostenedoras y en este caso, atendiendo a la gravedad y a lo reiterativo de las infracciones, se determinó sancionar a la Corporación Municipal de Ancud con la inhabilitación perpetua para obtener y mantener la calidad de sostenedor, respecto de su representante legal, que es el alcalde”, explicó el director regional.

Una vez notificada de esta resolución, la entidad sostenedora dispone de 15 días en los que podría presentar un recurso de reclamación, para que sea revisado por la autoridad nacional del Servicio.

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