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El gobierno de Chile ha firmado un protocolo para agilizar la expulsión de migrantes con antecedentes penales.

La medida busca optimizar los procedimientos de expulsión de extranjeros con órdenes vigentes, al fortalecer la coordinación entre Migraciones, Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI). 

Durante el 2024, se han concretado 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años. El ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que la medida busca acelerar y optimizar los procesos de expulsión de personas extranjeras con órdenes vigentes, priorizando aquellos casos que representan mayor riesgo para la seguridad pública. 

El protocolo establece una mejora de la integración de la información entre instituciones, que incluirá por parte de Gendarmería un informe semanal a la PDI sobre extranjeros en prisión preventiva o cumpliendo condenas.

Además, se busca aumentar las dotaciones, particularmente la del Servicio de Migraciones, para poder llevar a cabo los procesos de expulsión de manera más eficiente.

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