La organización de la Copa del Mundo es un proceso complejo en el que la FIFA asume el papel central, y los anfitriones ponen a disposición su territorio y sus infraestructuras. Esta dinámica ha evolucionado, con la FIFA tomando un papel más activo en la selección de sedes y comités organizadores locales desde el Mundial de Qatar en 2022, en un esfuerzo por evitar posibles problemas de corrupción y favoritismo. 

Una de las mayores transformaciones en la Copa del Mundo se materializará en el Mundial 2030. En esta edición, participarán 48 selecciones en lugar de las 32 tradicionales, y se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán, lo que resultará en una ronda de dieciseisavos de final adicional. Este nuevo formato extenderá la competición a 40 días y contará con más de 100 partidos, 40 más que el modelo anterior. 

El hecho de que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay ya estén clasificados como anfitriones ha generado controversia. La inclusión de los equipos suramericanos por solo organizar el partido inaugural en Montevideo y los primeros partidos en Argentina y Paraguay ha suscitado debates, especialmente en Chile, que fue excluido de esta fase inicial. 

Según fuentes del medio El País, solo había espacio para tres países anfitriones, y la elección se basó en factores como la historia, el estatus actual y la ubicación geográfica. El partido inaugural tendrá lugar en Montevideo, mientras que la final se espera que se celebre en el Santiago Bernabéu, con un aforo mínimo de 80,000 espectadores. Sin embargo, las sedes definitivas para el Mundial 2030 no se conocerán hasta 2026, después de un proceso de selección que analizará varios factores, incluida la infraestructura y la explotación comercial. 

España, Portugal y Marruecos presentarán sus sedes y estadios, con España liderando en número de partidos, aunque enfrentando dificultades para albergar semifinales debido a la ubicación de la final y el partido inaugural. La FIFA evaluará las candidaturas según criterios que asignan un 70% de importancia a la infraestructura y un 30% a la explotación comercial. Los estadios, hoteles, campos de entrenamiento y otras infraestructuras serán fundamentales en esta evaluación. 

Además, se prestará atención al legado que el torneo dejará en los países anfitriones y sus alrededores, incluido el impacto económico en el desarrollo del fútbol base y el fútbol femenino, así como en las infraestructuras que puedan contribuir a este desarrollo. El apoyo gubernamental y político también se tendrá en cuenta en la decisión final de la FIFA.