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El Gobierno promulgó este viernes la denominada Ley Karin, una iniciativa propuesta por la diputada Erika Olivera con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar los casos de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La promulgación de esta ley marca un hito en la regulación destinada a proteger los derechos laborales y la integridad de los trabajadores.

​La ceremonia, que contó con la presencia de distintos ministros de Estado, parlamentarios del oficialismo y de la oposición, así como el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, fue un momento significativo para el país en la lucha contra el acoso laboral y sexual.

​Entre las medidas clave establecidas por la Ley Karin se encuentra la obligación de las empresas y órganos del Estado de elaborar un protocolo de prevención de acoso laboral y/o sexual, llenando así un vacío regulatorio presente en la legislación anterior. Además, se introducen normas específicas para salvaguardar la privacidad y la honra de todas las personas involucradas en los procedimientos de investigación.

​La Dirección del Trabajo (DT) y la Contraloría General de la República verán reforzado su papel en los procedimientos de investigación, asegurando así garantías para los denunciantes. Estos cambios buscan fortalecer la transparencia y la eficacia de los procesos, asegurando que los casos de acoso laboral y sexual se aborden de manera justa y equitativa.

​La Ley Karin también subraya la importancia de que las relaciones laborales se basen en un trato libre de violencia, sean compatibles con la dignidad de la persona y adopten una perspectiva de género. Estos principios fundamentales buscan crear un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores.

Durante la ceremonia, una de las asistentes solicitó la palabra para realizar una denuncia relacionada con el sistema judicial. "Hemos estado hasta el cansancio buscando respuestas, necesitamos reformular normas especiales también en el código procesal penal, por cuanto, hoy, hace poco tiempo salía en un programa que aquellos que son condenados a violación, por el hecho de tener el beneficio de caución, finalmente no cumplen condena en nuestro país".

"Por lo tanto, aquellos imputados de violación no pueden gozar de este beneficio cuando una violencia tan grave hacia las mujeres se está investigando y hay motivos graves de creer que esta se concluyó", agregó.

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