Se trata de una moción que presentaron las y los diputados independientes Erika Olivera, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, más el PS Leonardo Soto. El propósito es que se conozca la forma y procedencia del financiamiento de estas organizaciones, para prevenir y fiscalizar posibles situaciones irregulares.Hay que recordar que las ONG son instituciones sin fines de lucro, dedicadas a la realización de objetivos sociales o de interés público. La moción busca prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones ilícitas: conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas y tráfico de influencias, por ejemplo.Para ello, el texto legal plantea dos medidas. En primer lugar, modifica la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Ello, para determinar que las ONG deberán inscribir, anualmente, en el Registro de ingresos y mecanismos de financiamiento, al menos los montos, procedencia u origen y la identificación de los aportantes, si corresponde.Este registro se encuentra contenido, a su vez, en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Este se encuentra a cargo del Registro Civil e Identificación.Luego, en la Ley que regula el Lobby, dispone que las ONG deben proporcionar copia de esta información ingresada al Registro. De lo contrario, o si la información no está actualizada, se les denegará la audiencia por lobby o gestión de intereses que soliciten a autoridades.