#ComunicadoOficial: 17 de Julio del 2023. Declaración Pública. 5 Concejales de la Comuna de Ancud, Ruth Caicheo Caileo, Alex Muñoz Muñoz, Samuel Mandiola Lagos, Rubén González Villar y Andrés Ibáñez Saldivia, hemos presentado ante el Tribunal Electoral Regional, el requerimiento de remoción del alcalde Carlos Gómez Miranda por notable abandono de deberes, por las siguientes causales: - El no pago de cotizaciones previsionales. - El no pago de remuneraciones. - Obstrucción a la labor fiscalizadora del Concejo Municipal. - Incumplimiento grave y reiterado de los convenios de transición. - Incumplimiento de obligación de supervigilancia. - Incumplimiento de normas de probidad administrativa. Nuestra comunidad Ancuditana ha visto con dolor y mucha preocupación los problemas que se han evidenciado en la gestión municipal actual y otras que le anteceden, lo que ha provocado desesperanza, angustia y una sensación de abandono, falta de empatía y liderazgo frente a una sistemática vulneración de derechos en contra de trabajadoras y trabajadores de la Educación. Trabajadores cuyas remuneraciones no se han pagado oportunamente, montos millonarios de cotizaciones previsionales impagas, acuerdos con el Ministerio de Educación incumplidos, ausencia de transparencia del gasto que realiza la Corporación municipal, fiscalizaciones de Contraloría General de la República que ponen en evidencia múltiples problemas de gestión contable y financiera y pérdida patrimonial del Municipio, lo que nos han llevado a la decisión de solicitar la remoción del Alcalde de la comuna, ante el Tribunal Electoral regional, que es la instancia judicial competente para ello. De acuerdo a la ley, el Alcalde de la comuna es el principal responsable administrativo de las actuaciones de los servicios municipales y de la Corporación. La ley le entrega la obligación de la supervigilancia permanente sobre dichos actos u omisiones. Como Concejales hemos realizado nuestra labor fiscalizando las actuaciones de los servicios municipales y de la Corporación. En el primer caso, nos hemos enfrentado a una conducta ilícita de obstrucción reiterada a nuestra labor fiscalizadora y en relación con la Corporación una conducta poco diligente, No transparente en el uso de recursos y escasa información entregada, lo que ha impactado directa e indirectamente a los habitantes de nuestra Comuna. Confiamos que nuestro requerimiento será admisible por parte del Tribunal Electoral Regional y con esta acción damos un paso importante en nuestra labor fiscalizadora. Nuestro trabajo lo seguiremos realizando con responsabilidad y compromiso como lo hemos realizado a la fecha, enfocado en una administración más responsable, transparente y eficiente que logre una mejor ejecución del presupuesto, y principalmente que cumpla con lo que señala la ley orgánica constitucional de Municipalidades en su art.1; satisfacer las necesidades de la Comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural. (Noticia en Desarrollo)
