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La situación en torno al caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, se complica aún más tras el anuncio de la Policía de Investigaciones (PDI) de abrir un sumario a los escoltas que lo dejaron desprotegido el 22 de septiembre. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios policiales, especialmente en el contexto de una investigación más amplia que incluye presuntos delitos de violación y obstrucción a la justicia.

Ante esto, el 22 de septiembre, Monsalve se trasladó solo a varios lugares, incluido el restaurante El Ají Seco Místico, lo que ha llevado a la Fiscalía a interrogar a detectives sobre su comportamiento y la falta de resguardo. Según fuentes, el director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que esta omisión se produjo a solicitud del propio Monsalve, quien habría dado instrucciones específicas sobre su protección.

Asimismo, en los días posteriores, la fiscalía tomó declaraciones a la jefatura de inteligencia policial para esclarecer si las órdenes recibidas por los escoltas estaban justificadas o si, por el contrario, infringieron protocolos establecidos. Especialistas legales han advertido que cualquier diligencia realizada por la PDI debe estar en conformidad con la ley y supervisada por el Ministerio Público, planteando dudas sobre la legalidad de las acciones policiales en este caso.

Finalmente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la actuación de la PDI y rechazó cualquier alegato de ilegalidad, subrayando que la policía actuó conforme a un reporte de inteligencia requerido por una autoridad. No obstante, la controversia persiste en torno a las decisiones tomadas al interior de la Subsecretaría del Interior y su impacto en las investigaciones administrativas y penales que se llevan a cabo. La fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar si hubo una falta en el cumplimiento de las funciones de los escoltas y el papel de la PDI en el caso Monsalve.

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