La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) denunció ante la Contraloría que diversos ediles estarían vulnerando el debido proceso al sancionar de forma anticipada a funcionarios por presunto mal uso de licencias médicas. Acusan que se está quebrantando la imparcialidad y los derechos fundamentales de los trabajadores. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) ingresó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, acusando a varios alcaldes del país de aplicar sanciones anticipadas a funcionarios municipales, en medio de investigaciones por presuntos abusos en el uso de licencias médicas. El presidente de la federación, Fabián Caballero, aseguró que se están vulnerando principios básicos como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. “Estamos enfrentando sanciones anticipadas”, afirmó en entrevista con Radio ADN, aludiendo a declaraciones públicas de jefes comunales que han anunciado despidos o medidas disciplinarias antes de que concluyan los procesos investigativos internos. Según Caballero, estas declaraciones no solo comprometen la imparcialidad de las investigaciones, sino que “contaminan el procedimiento”, ya que los alcaldes actúan como superiores jerárquicos de los fiscales municipales, ejerciendo presión sobre quienes deberían llevar a cabo las indagatorias de manera independiente. Desde la Fentramuch sostienen que, aunque rechazan el uso fraudulento de licencias médicas, toda acción sancionatoria debe estar sustentada en procedimientos formales, con las garantías necesarias para asegurar un juicio justo. “Incluso el más peligroso criminal tiene derecho a defensa. No puede ser que los funcionarios públicos no la tengan”, subrayó el dirigente. La organización recordó además que los alcaldes no tienen competencia para aplicar sanciones sin un proceso administrativo regular. Su rol, apuntan, debe centrarse en la supervisión y en remitir los antecedentes a los órganos competentes, como la Contraloría o el Ministerio de Salud, pero no en ejecutar sanciones unilaterales ni públicas. La controversia surge en medio de un contexto de creciente preocupación por el alza en la emisión de licencias médicas, un tema que ha generado debate tanto en el ámbito público como privado. Desde el gobierno se han impulsado medidas para fiscalizar y sancionar el mal uso de estos documentos, pero los trabajadores municipales alertan sobre el riesgo de que se vulneren derechos en el camino. “Los procesos administrativos no pueden convertirse en una cacería de brujas. Deben respetar las reglas básicas del Estado de Derecho”, concluyó Caballero.
La investigación busca verificar el uso correcto de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado. La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una fiscalización para revisar el uso de licencias médicas de funcionarios públicos, especialmente durante el período de vacaciones. El objetivo es evitar que estas licencias sean utilizadas para otros fines. La Contraloría solicitó información a los servicios públicos del país sobre las licencias emitidas entre 2022 y 2024. Además, pidió a la Policía de Investigaciones (PDI) información sobre los ingresos y egresos del país de determinados funcionarios durante el mismo período. La investigación utilizará herramientas avanzadas de analítica y procesamiento masivo de datos para analizar los antecedentes recopilados. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a la PDI para entregar los antecedentes.
La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) denunció ante la Contraloría que diversos ediles estarían vulnerando el debido proceso al sancionar de forma anticipada a funcionarios por presunto mal uso de licencias médicas. Acusan que se está quebrantando la imparcialidad y los derechos fundamentales de los trabajadores. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) ingresó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, acusando a varios alcaldes del país de aplicar sanciones anticipadas a funcionarios municipales, en medio de investigaciones por presuntos abusos en el uso de licencias médicas. El presidente de la federación, Fabián Caballero, aseguró que se están vulnerando principios básicos como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. “Estamos enfrentando sanciones anticipadas”, afirmó en entrevista con Radio ADN, aludiendo a declaraciones públicas de jefes comunales que han anunciado despidos o medidas disciplinarias antes de que concluyan los procesos investigativos internos. Según Caballero, estas declaraciones no solo comprometen la imparcialidad de las investigaciones, sino que “contaminan el procedimiento”, ya que los alcaldes actúan como superiores jerárquicos de los fiscales municipales, ejerciendo presión sobre quienes deberían llevar a cabo las indagatorias de manera independiente. Desde la Fentramuch sostienen que, aunque rechazan el uso fraudulento de licencias médicas, toda acción sancionatoria debe estar sustentada en procedimientos formales, con las garantías necesarias para asegurar un juicio justo. “Incluso el más peligroso criminal tiene derecho a defensa. No puede ser que los funcionarios públicos no la tengan”, subrayó el dirigente. La organización recordó además que los alcaldes no tienen competencia para aplicar sanciones sin un proceso administrativo regular. Su rol, apuntan, debe centrarse en la supervisión y en remitir los antecedentes a los órganos competentes, como la Contraloría o el Ministerio de Salud, pero no en ejecutar sanciones unilaterales ni públicas. La controversia surge en medio de un contexto de creciente preocupación por el alza en la emisión de licencias médicas, un tema que ha generado debate tanto en el ámbito público como privado. Desde el gobierno se han impulsado medidas para fiscalizar y sancionar el mal uso de estos documentos, pero los trabajadores municipales alertan sobre el riesgo de que se vulneren derechos en el camino. “Los procesos administrativos no pueden convertirse en una cacería de brujas. Deben respetar las reglas básicas del Estado de Derecho”, concluyó Caballero.
La investigación busca verificar el uso correcto de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado. La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una fiscalización para revisar el uso de licencias médicas de funcionarios públicos, especialmente durante el período de vacaciones. El objetivo es evitar que estas licencias sean utilizadas para otros fines. La Contraloría solicitó información a los servicios públicos del país sobre las licencias emitidas entre 2022 y 2024. Además, pidió a la Policía de Investigaciones (PDI) información sobre los ingresos y egresos del país de determinados funcionarios durante el mismo período. La investigación utilizará herramientas avanzadas de analítica y procesamiento masivo de datos para analizar los antecedentes recopilados. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a la PDI para entregar los antecedentes.
