El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, ha expresado su preocupación ante la eventual realización de un juicio presencial en la ciudad norteña, en el marco del caso de los 38 imputados presuntamente vinculados a la agrupación criminal Los Gallegos, el brazo operativo en Chile de la banda conocida como el Tren de Aragua. La preocupación surge después de que la Corte Suprema ordenara la suspensión del juicio oral contra los imputados, que había comenzado de forma telemática en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica. La decisión se tomó tras acoger un recurso de amparo presentado por la defensa de los acusados, y se ordenó la suspensión del juicio hasta que se realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial. Las condiciones de la ciudad hacen que un juicio de esta naturaleza sea mucho más riesgoso llevarlo en Arica que llevarlo en otra ciudad de Chile. Si es de manera presencial, especialmente por la cercanía a la frontera, especialmente por las otras responsabilidades que existen en Arica en diferentes materias de seguridad , declaró Espíndola en una entrevista con radio ADN. Además, aseguró que conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quienes les manifestó su preocupación y se comprometió a aumentar el contingente policial para la ciudad. Sin embargo, expresó su escepticismo acerca de que Arica sea la ubicación óptima para un juicio presencial, argumentando que incluso con un plan de seguridad, la ciudad no cuenta con las condiciones adecuadas. Nosotros sabemos que van a venir carabineros, pero ¿Qué va a pasar en la frontera? ¿Qué va a pasar alrededor de esto? ¿Qué va a pasar con otro tipo de situaciones que están ocurriendo en la ciudad? Es lo que me preocupa, porque son muchas las externalidades que hay en torno a un juicio de esta naturaleza y Arica no es la ciudad para hacer este juicio , cerró el edil.
Esta tarde, la Corte Suprema tomó una decisión crucial respecto al juicio oral contra 19 imputados vinculados a Los Gallegos, una organización criminal ligada al Tren de Aragua. El tribunal superior acogió un recurso de protección presentado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería, revocando la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Arica que exigía la presencialidad del juicio. En su lugar, se determinó que el proceso se realice de manera telemática. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó la admisión del recurso y la implementación de una orden de no innovar por parte de la Corte Suprema.Hoy día fueron admitidos a tramitación por parte de la Corte Suprema, quienes además determinaron lo que se denomina orden de no innovar, y dentro de esta orden de no innovar han resuelto que el juicio se puede iniciar el día lunes y bajo la modalidad que inicialmente había resuelto el Tribunal Oral en Lo Penal. Esto es, con el carácter de telemático, explicó Carrera. Desde el Ministerio Público, se mostraron conformes con la resolución, aunque Carrera aclaró que la aceptación de la orden de no innovar no significa que el recurso haya sido completamente resuelto.El hecho de que se haya acogido la orden de no innovar no implica que ya esté resuelto el recurso, sino que simplemente durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se ha dado luz verde al traslado o no, señaló el fiscal. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, presentó el recurso contra la realización presencial del juicio considerando los riesgos que el traslado de los acusados podía implicar.La opinión nuestra, que es la opinión de Gendarmería, es que la realización del juicio presencial, teniendo posibilidades de conexión telemática real y efectiva, implica un riesgo significativo a la seguridad por tres grandes motivos. El primero, por los traslados. El segundo, por el perfil de las personas. Son de peligrosas y de alto compromiso. Y el tercero, por el riesgo que implica un juicio presencial de esas características en el lugar donde se encuentra el tribunal, argumentó el ministro de Justicia, Luis Cordero. El juicio, que involucra a un total de 38 acusados, se llevará a cabo el próximo lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, de manera telemática. De los 19 acusados que estaban inicialmente obligados a asistir de manera presencial, cinco enfrentan solicitudes de presidio perpetuo, destacando la gravedad de los cargos en su contra.
En el marco de su funcionamiento desde el pasado 2 de enero, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, atendió cuatro casos de niños y adolescentes extranjeros ingresados al país de manera clandestina por adultos. Esta información fue confirmada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, durante una visita de la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Renée Portilla, a la mencionada unidad de la Fiscalía. En tres de estos casos, se constató la existencia de una relación de parentesco entre los menores y sus acompañantes, lo que constituye una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos episodios fueron detectados por funcionarios del Ejército y de Carabineros, tras el ingreso de los migrantes por pasos clandestinos. Sin embargo, tras la evaluación de profesionales psicólogos de la Fiscalía, se determinó que en uno de los casos no existía relación de parentesco. Este particular involucró a un niño de 2 años y una mujer adulta que lo acompañaba. En los otros tres casos, se acreditó el vínculo de los NNA con los adultos responsables. El cuarto caso se registró en el Complejo Fronterizo de Chungará, en la frontera con Bolivia, donde una mujer y su hija de 15 años ingresaron clandestinamente a Chile ocultas en el maletero de un autobús, tras pagarle una suma de dinero al conductor por esta acción ilícita. Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dispuso las medidas de protección correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Durante la visita de la jueza Renée Portilla a la unidad fronteriza, el fiscal regional Mario Carrera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar estos casos y proteger los derechos de los NNA. Carrera enfatizó que la Fiscalía de Frontera se abrió para la protección de los niños, tanto en el marco de delitos como en situaciones que puedan requerir otro tipo de atención. La jueza Portilla comentó que la intervención del Juzgado de Familia es fundamental, especialmente cuando los menores no son parte de un ilícito penal. La información recopilada por la unidad persecutora resulta crucial para las acciones proteccionales del tribunal en situaciones de movilidad de niños, niñas y adolescentes ingresados por un paso no habilitado. En este sentido, Portilla enfatizó la necesidad de verificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños y conocer su contexto para garantizar su bienestar y protección.
La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica logró la primera condena en Chile contra una persona jurídica por el delito de trata de personas. La sentencia se obtuvo durante este viernes y marca un hito en la lucha contra este tipo de crímenes en el país. La condena se dio en el marco de la investigación contra la organización criminal Los Gallegos , identificada como el brazo operativo del Tren de Aragua. Los delitos se llevaban a cabo en dos locales nocturnos de la ciudad de Arica, donde las víctimas, en su mayoría ciudadanas extranjeras indocumentadas, eran explotadas sexualmente en la región de Arica y Parinacota. La Fiscalía logró la pena de disolución y cancelación de la persona jurídica de los establecimientos implicados, identificados como Club Ibiza Spa y Hollywood Spa . Ambos locales eran administrados por A.R.M.S., representante legal de los mismos, quien además se encuentra formalizado por delitos de lavado de activos y tráfico de migrantes. Las investigaciones revelaron que A.R.M.S. estaba plenamente consciente y se beneficiaba de la explotación sexual que ocurría en los locales nocturnos. Las mujeres víctimas eran sometidas a extorsiones y obligadas a pagar una cuota semanal, siendo controladas y amenazadas por miembros de Los Gallegos. La sentencia también se enmarca en la lucha contra otros delitos perpetrados por la organización en los establecimientos mencionados, como el tráfico de drogas y extorsiones. En cada recinto, una administradora era la encargada de recolectar el porcentaje de los servicios sexuales, entregándolo posteriormente a los miembros de la red criminal. Durante el allanamiento de ambos locales, llevado a cabo por detectives antinarcóticos de la PDI, se logró incautar un total de 20.000 dólares provenientes de los servicios sexuales, destinados a integrantes de la red criminal. El fiscal regional, Mario Carrera, destacó la relevancia de esta condena en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que golpear las finanzas de estas organizaciones es clave. La idea es justamente golpearlos donde más les duele, que son sus finanzas, y por ello lograr la disolución de este tipo de negocios donde se cometían delitos graves, además de la incautación de sus bienes y patrimonio, es una muy buena señal , afirmó Carrera.
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, ha expresado su preocupación ante la eventual realización de un juicio presencial en la ciudad norteña, en el marco del caso de los 38 imputados presuntamente vinculados a la agrupación criminal Los Gallegos, el brazo operativo en Chile de la banda conocida como el Tren de Aragua. La preocupación surge después de que la Corte Suprema ordenara la suspensión del juicio oral contra los imputados, que había comenzado de forma telemática en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica. La decisión se tomó tras acoger un recurso de amparo presentado por la defensa de los acusados, y se ordenó la suspensión del juicio hasta que se realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial. Las condiciones de la ciudad hacen que un juicio de esta naturaleza sea mucho más riesgoso llevarlo en Arica que llevarlo en otra ciudad de Chile. Si es de manera presencial, especialmente por la cercanía a la frontera, especialmente por las otras responsabilidades que existen en Arica en diferentes materias de seguridad , declaró Espíndola en una entrevista con radio ADN. Además, aseguró que conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quienes les manifestó su preocupación y se comprometió a aumentar el contingente policial para la ciudad. Sin embargo, expresó su escepticismo acerca de que Arica sea la ubicación óptima para un juicio presencial, argumentando que incluso con un plan de seguridad, la ciudad no cuenta con las condiciones adecuadas. Nosotros sabemos que van a venir carabineros, pero ¿Qué va a pasar en la frontera? ¿Qué va a pasar alrededor de esto? ¿Qué va a pasar con otro tipo de situaciones que están ocurriendo en la ciudad? Es lo que me preocupa, porque son muchas las externalidades que hay en torno a un juicio de esta naturaleza y Arica no es la ciudad para hacer este juicio , cerró el edil.
Esta tarde, la Corte Suprema tomó una decisión crucial respecto al juicio oral contra 19 imputados vinculados a Los Gallegos, una organización criminal ligada al Tren de Aragua. El tribunal superior acogió un recurso de protección presentado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería, revocando la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Arica que exigía la presencialidad del juicio. En su lugar, se determinó que el proceso se realice de manera telemática. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó la admisión del recurso y la implementación de una orden de no innovar por parte de la Corte Suprema.Hoy día fueron admitidos a tramitación por parte de la Corte Suprema, quienes además determinaron lo que se denomina orden de no innovar, y dentro de esta orden de no innovar han resuelto que el juicio se puede iniciar el día lunes y bajo la modalidad que inicialmente había resuelto el Tribunal Oral en Lo Penal. Esto es, con el carácter de telemático, explicó Carrera. Desde el Ministerio Público, se mostraron conformes con la resolución, aunque Carrera aclaró que la aceptación de la orden de no innovar no significa que el recurso haya sido completamente resuelto.El hecho de que se haya acogido la orden de no innovar no implica que ya esté resuelto el recurso, sino que simplemente durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se ha dado luz verde al traslado o no, señaló el fiscal. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, presentó el recurso contra la realización presencial del juicio considerando los riesgos que el traslado de los acusados podía implicar.La opinión nuestra, que es la opinión de Gendarmería, es que la realización del juicio presencial, teniendo posibilidades de conexión telemática real y efectiva, implica un riesgo significativo a la seguridad por tres grandes motivos. El primero, por los traslados. El segundo, por el perfil de las personas. Son de peligrosas y de alto compromiso. Y el tercero, por el riesgo que implica un juicio presencial de esas características en el lugar donde se encuentra el tribunal, argumentó el ministro de Justicia, Luis Cordero. El juicio, que involucra a un total de 38 acusados, se llevará a cabo el próximo lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, de manera telemática. De los 19 acusados que estaban inicialmente obligados a asistir de manera presencial, cinco enfrentan solicitudes de presidio perpetuo, destacando la gravedad de los cargos en su contra.
En el marco de su funcionamiento desde el pasado 2 de enero, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, atendió cuatro casos de niños y adolescentes extranjeros ingresados al país de manera clandestina por adultos. Esta información fue confirmada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, durante una visita de la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Renée Portilla, a la mencionada unidad de la Fiscalía. En tres de estos casos, se constató la existencia de una relación de parentesco entre los menores y sus acompañantes, lo que constituye una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos episodios fueron detectados por funcionarios del Ejército y de Carabineros, tras el ingreso de los migrantes por pasos clandestinos. Sin embargo, tras la evaluación de profesionales psicólogos de la Fiscalía, se determinó que en uno de los casos no existía relación de parentesco. Este particular involucró a un niño de 2 años y una mujer adulta que lo acompañaba. En los otros tres casos, se acreditó el vínculo de los NNA con los adultos responsables. El cuarto caso se registró en el Complejo Fronterizo de Chungará, en la frontera con Bolivia, donde una mujer y su hija de 15 años ingresaron clandestinamente a Chile ocultas en el maletero de un autobús, tras pagarle una suma de dinero al conductor por esta acción ilícita. Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dispuso las medidas de protección correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Durante la visita de la jueza Renée Portilla a la unidad fronteriza, el fiscal regional Mario Carrera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar estos casos y proteger los derechos de los NNA. Carrera enfatizó que la Fiscalía de Frontera se abrió para la protección de los niños, tanto en el marco de delitos como en situaciones que puedan requerir otro tipo de atención. La jueza Portilla comentó que la intervención del Juzgado de Familia es fundamental, especialmente cuando los menores no son parte de un ilícito penal. La información recopilada por la unidad persecutora resulta crucial para las acciones proteccionales del tribunal en situaciones de movilidad de niños, niñas y adolescentes ingresados por un paso no habilitado. En este sentido, Portilla enfatizó la necesidad de verificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños y conocer su contexto para garantizar su bienestar y protección.
La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica logró la primera condena en Chile contra una persona jurídica por el delito de trata de personas. La sentencia se obtuvo durante este viernes y marca un hito en la lucha contra este tipo de crímenes en el país. La condena se dio en el marco de la investigación contra la organización criminal Los Gallegos , identificada como el brazo operativo del Tren de Aragua. Los delitos se llevaban a cabo en dos locales nocturnos de la ciudad de Arica, donde las víctimas, en su mayoría ciudadanas extranjeras indocumentadas, eran explotadas sexualmente en la región de Arica y Parinacota. La Fiscalía logró la pena de disolución y cancelación de la persona jurídica de los establecimientos implicados, identificados como Club Ibiza Spa y Hollywood Spa . Ambos locales eran administrados por A.R.M.S., representante legal de los mismos, quien además se encuentra formalizado por delitos de lavado de activos y tráfico de migrantes. Las investigaciones revelaron que A.R.M.S. estaba plenamente consciente y se beneficiaba de la explotación sexual que ocurría en los locales nocturnos. Las mujeres víctimas eran sometidas a extorsiones y obligadas a pagar una cuota semanal, siendo controladas y amenazadas por miembros de Los Gallegos. La sentencia también se enmarca en la lucha contra otros delitos perpetrados por la organización en los establecimientos mencionados, como el tráfico de drogas y extorsiones. En cada recinto, una administradora era la encargada de recolectar el porcentaje de los servicios sexuales, entregándolo posteriormente a los miembros de la red criminal. Durante el allanamiento de ambos locales, llevado a cabo por detectives antinarcóticos de la PDI, se logró incautar un total de 20.000 dólares provenientes de los servicios sexuales, destinados a integrantes de la red criminal. El fiscal regional, Mario Carrera, destacó la relevancia de esta condena en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que golpear las finanzas de estas organizaciones es clave. La idea es justamente golpearlos donde más les duele, que son sus finanzas, y por ello lograr la disolución de este tipo de negocios donde se cometían delitos graves, además de la incautación de sus bienes y patrimonio, es una muy buena señal , afirmó Carrera.
