La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.