Según la ley de aumento gradual del salario mínimo que comenzó a ser efectiva en mayo del 2023, trajo consigo una nueva alza de sueldo, alcanzando la cifra de los $500.000 mil pesos. Monto que fue comprometido por el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Cabe mencionar que, este valor dependerá de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2024. Por consiguiente, desde el 1 de enero del 2025 se podría ver reflejado el último aumento de ingresos mensuales de los trabajadores. Beneficios del Estado El incremento del sueldo mínimo registrará un alza en diferentes beneficios económicos que entrega el Estado. Dos de los principales aportes son la Asignación Familiar y Maternal y, la Pensión de Gracia. La Asignación Familiar es un aporte mensual que se entrega a los sectores medios y vulnerables del país dependiendo de la carga familiar y los ingresos percibidos por el beneficiario. Asimismo, la Asignación Maternal es un subsidio que va dirigido a trabajadoras en periodo de embarazo ya trabajadores que cuenten con cónyuges embarazadas. El beneficio se debe solicitar solo a partir del quinto mes de gestación, y el pago se realiza retroactivamente durante todo el proceso de embarazo. Finalmente, la Pensión de Gracia es un beneficio que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social. Dicha pensión es entregada por el Presidente de la República de manera vitalicia o por un tiempo determinado, se divide en tres categorías: Trabajadores mayores de 18 años y menores de 65, trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 y para efectos no remuneracionales.
Este viernes, la ministra Carolina Tohá comunicó la revocación de pensiones de gracia para 27 individuos debido a antecedentes penales. El anuncio tuvo lugar durante una visita a Quilpué, región de Valparaíso, donde se reunió con afectados por recientes incendios forestales. La decisión, basada en evaluaciones técnicas, se fundamenta en la ausencia de daños graves y permanentes acreditados en los expedientes de los beneficiarios. Son casos en que hay antecedentes penales serios y no está acreditado un daño que sea grave y permanente, explicó Tohá. La Contraloría ha tomado conocimiento de los 27 casos, aseguró la ministra, y se prevé que los trámites estén completamente resueltos para la tarde del mismo día del anuncio. Además, se anticipa que en los próximos días se notificará personalmente a los afectados sobre la revocación de sus pensiones de gracia. La revelación se da después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informara el martes pasado sobre la revocación de 25 pensiones de gracia, negando retrasos en la emisión de decretos. Sin embargo, la cifra se ha actualizado con las 27 revocaciones anunciadas por la ministra Tohá durante su visita a Quilpué.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
Según la ley de aumento gradual del salario mínimo que comenzó a ser efectiva en mayo del 2023, trajo consigo una nueva alza de sueldo, alcanzando la cifra de los $500.000 mil pesos. Monto que fue comprometido por el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Cabe mencionar que, este valor dependerá de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2024. Por consiguiente, desde el 1 de enero del 2025 se podría ver reflejado el último aumento de ingresos mensuales de los trabajadores. Beneficios del Estado El incremento del sueldo mínimo registrará un alza en diferentes beneficios económicos que entrega el Estado. Dos de los principales aportes son la Asignación Familiar y Maternal y, la Pensión de Gracia. La Asignación Familiar es un aporte mensual que se entrega a los sectores medios y vulnerables del país dependiendo de la carga familiar y los ingresos percibidos por el beneficiario. Asimismo, la Asignación Maternal es un subsidio que va dirigido a trabajadoras en periodo de embarazo ya trabajadores que cuenten con cónyuges embarazadas. El beneficio se debe solicitar solo a partir del quinto mes de gestación, y el pago se realiza retroactivamente durante todo el proceso de embarazo. Finalmente, la Pensión de Gracia es un beneficio que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social. Dicha pensión es entregada por el Presidente de la República de manera vitalicia o por un tiempo determinado, se divide en tres categorías: Trabajadores mayores de 18 años y menores de 65, trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 y para efectos no remuneracionales.
Este viernes, la ministra Carolina Tohá comunicó la revocación de pensiones de gracia para 27 individuos debido a antecedentes penales. El anuncio tuvo lugar durante una visita a Quilpué, región de Valparaíso, donde se reunió con afectados por recientes incendios forestales. La decisión, basada en evaluaciones técnicas, se fundamenta en la ausencia de daños graves y permanentes acreditados en los expedientes de los beneficiarios. Son casos en que hay antecedentes penales serios y no está acreditado un daño que sea grave y permanente, explicó Tohá. La Contraloría ha tomado conocimiento de los 27 casos, aseguró la ministra, y se prevé que los trámites estén completamente resueltos para la tarde del mismo día del anuncio. Además, se anticipa que en los próximos días se notificará personalmente a los afectados sobre la revocación de sus pensiones de gracia. La revelación se da después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informara el martes pasado sobre la revocación de 25 pensiones de gracia, negando retrasos en la emisión de decretos. Sin embargo, la cifra se ha actualizado con las 27 revocaciones anunciadas por la ministra Tohá durante su visita a Quilpué.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
