En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
La primera sesión oficial de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado y Sistemas de Inteligencia, convocada tras el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, se llevó a cabo este lunes con una notable ausencia: la Ministra del Interior, Carolina Tohá. A pesar de su inasistencia, comunicada esa misma mañana, el subsecretario Manuel Monsalve estuvo presente junto a destacados representantes de las fuerzas policiales y servicios de inteligencia. Durante la parte pública de la reunión, Monsalve abordó temas relacionados con las solicitudes de refugio en Chile y los procedimientos para el control migratorio en las fronteras. Reveló cifras significativas desde que se implementó la Ley de Protección a Refugiados en 2010: aproximadamente 31 mil solicitudes presentadas; 11 mil archivadas; 9 mil rechazadas; 10 mil pendientes y cerca de 1.000 aceptadas. De estos refugios otorgados, solo un pequeño porcentaje corresponde a ciudadanos venezolanos. El caso particular del asesinato del exteniente Ojeda trajo consigo críticas hacia el sistema chileno por supuestamente no ofrecer protección adecuada al exmilitar venezolano. Monsalve enfatizó que los beneficios otorgados a quienes obtienen refugio incluyen residencia definitiva y derecho a no expulsión pero no medidas específicas de protección sin una denuncia previa ante Fiscalía. “Se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las fuerzas armadas que habían sido puestos en un listado por el gobierno venezolano, a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo había 7 de esas 33 personas en territorio nacional, esa es la información que puedo entregar al respecto” , agregó Monsalve. La falta percibida de seguridad para los refugiados fue objeto central durante esta sesión inaugural. La diputada Joanna Pérez confrontó al subsecretario acerca del conocimiento que tenía Interior sobre las actividades políticas y movimientos internacionales realizados por Ojeda antes de su muerte. Monsalve respondió señalando que como refugiado, Ojeda estaba obligado a informar sobre sus viajes fuera del país pero insistió en que no existían denuncias previas que justificaran medidas especiales para él o cualquier otro ciudadano venezolano en Chile. Las explicaciones dadas por Monsalve fueron recibidas con escepticismo e insatisfacción por algunos miembros parlamentarios presentes en la comisión investigadora. El presidente Miguel Ángel Becker expresó su descontento ante lo que considera información vaga y poco analizada, manifestando su esperanza en un cambio conforme avance el trabajo investigativo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha expresado su desacuerdo con la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado la realización de videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana. Desde Valparaíso, Monsalve afirmó que el Ministerio de Justicia y Gendarmería utilizarán todas las herramientas legales disponibles para revertir medidas de esta índole. Según informes de Meganoticias, el juez Urrutia habría emitido la orden de realizar videollamadas de los reos con terceras personas, sin contar con la autorización de la administración penitenciaria. Esta resolución fue objeto de críticas por parte de Gendarmería, argumentando que pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. A pesar del reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución penitenciaria a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alertó sobre la gravedad de la medida. En respuesta, Monsalve criticó la decisión del juez Urrutia y destacó que los reos de alta peligrosidad “ tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”. Además, señaló que medidas como esta socavan los esfuerzos del Estado por generar seguridad en la población. A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir , aseguró Monsalve. Para cerrar, el subsecretario fue consultado acerca de la eventualidad de aplicar sanciones contra el juez Daniel Urrutia, donde señaló que la competencia para tomar dicha determinación recae en el Poder Judicial. Sin embargo, reafirmó su convicción de que la resolución es altamente desacertada y conlleva un perjuicio tanto para la seguridad nacional como para los esfuerzos de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
La primera sesión oficial de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado y Sistemas de Inteligencia, convocada tras el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, se llevó a cabo este lunes con una notable ausencia: la Ministra del Interior, Carolina Tohá. A pesar de su inasistencia, comunicada esa misma mañana, el subsecretario Manuel Monsalve estuvo presente junto a destacados representantes de las fuerzas policiales y servicios de inteligencia. Durante la parte pública de la reunión, Monsalve abordó temas relacionados con las solicitudes de refugio en Chile y los procedimientos para el control migratorio en las fronteras. Reveló cifras significativas desde que se implementó la Ley de Protección a Refugiados en 2010: aproximadamente 31 mil solicitudes presentadas; 11 mil archivadas; 9 mil rechazadas; 10 mil pendientes y cerca de 1.000 aceptadas. De estos refugios otorgados, solo un pequeño porcentaje corresponde a ciudadanos venezolanos. El caso particular del asesinato del exteniente Ojeda trajo consigo críticas hacia el sistema chileno por supuestamente no ofrecer protección adecuada al exmilitar venezolano. Monsalve enfatizó que los beneficios otorgados a quienes obtienen refugio incluyen residencia definitiva y derecho a no expulsión pero no medidas específicas de protección sin una denuncia previa ante Fiscalía. “Se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las fuerzas armadas que habían sido puestos en un listado por el gobierno venezolano, a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo había 7 de esas 33 personas en territorio nacional, esa es la información que puedo entregar al respecto” , agregó Monsalve. La falta percibida de seguridad para los refugiados fue objeto central durante esta sesión inaugural. La diputada Joanna Pérez confrontó al subsecretario acerca del conocimiento que tenía Interior sobre las actividades políticas y movimientos internacionales realizados por Ojeda antes de su muerte. Monsalve respondió señalando que como refugiado, Ojeda estaba obligado a informar sobre sus viajes fuera del país pero insistió en que no existían denuncias previas que justificaran medidas especiales para él o cualquier otro ciudadano venezolano en Chile. Las explicaciones dadas por Monsalve fueron recibidas con escepticismo e insatisfacción por algunos miembros parlamentarios presentes en la comisión investigadora. El presidente Miguel Ángel Becker expresó su descontento ante lo que considera información vaga y poco analizada, manifestando su esperanza en un cambio conforme avance el trabajo investigativo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha expresado su desacuerdo con la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado la realización de videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana. Desde Valparaíso, Monsalve afirmó que el Ministerio de Justicia y Gendarmería utilizarán todas las herramientas legales disponibles para revertir medidas de esta índole. Según informes de Meganoticias, el juez Urrutia habría emitido la orden de realizar videollamadas de los reos con terceras personas, sin contar con la autorización de la administración penitenciaria. Esta resolución fue objeto de críticas por parte de Gendarmería, argumentando que pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. A pesar del reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución penitenciaria a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alertó sobre la gravedad de la medida. En respuesta, Monsalve criticó la decisión del juez Urrutia y destacó que los reos de alta peligrosidad “ tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”. Además, señaló que medidas como esta socavan los esfuerzos del Estado por generar seguridad en la población. A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir , aseguró Monsalve. Para cerrar, el subsecretario fue consultado acerca de la eventualidad de aplicar sanciones contra el juez Daniel Urrutia, donde señaló que la competencia para tomar dicha determinación recae en el Poder Judicial. Sin embargo, reafirmó su convicción de que la resolución es altamente desacertada y conlleva un perjuicio tanto para la seguridad nacional como para los esfuerzos de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
