El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
La jornada que se esperaba como la aprobación definitiva de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, se convirtió en un día accidentado marcado por negociaciones de emergencia, ausencias sorpresivas y tensiones en el gabinete. Ante la falta inminente de apoyos, los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot se vieron obligados a solicitar la postergación de la votación en la Sala del Senado. El conflicto surgió a raíz de una norma que establecía un mecanismo de compensación a los municipios por la menor recaudación debido a la exención de contribuciones. La fórmula aprobada en la Comisión Mixta generó resistencia dentro del propio oficialismo, ya que terminaba asignando más recursos del Presupuesto a las comunas consideradas más ricas por tener propiedades con mayor valor. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue quien puso fin al artículo al anunciar su voto en contra, argumentando que la inyección de recursos premiaría a alcaldes que han malgastado dinero en medidas de utilidad pública cuestionable. Tengamos los estándares que se necesitan para tener una adecuada administración, y, finalmente, que los recursos de ese municipio no dependan de una persona solamente en cómo lo administra, expresó el parlamentario por Ñuble. La postura de Sanhueza desconcertó a la mesa del Senado, llevando al vicepresidente Iván Moreira (UDI) a disculparse tras llegar tarde para dirigir la sala. Mis disculpas... La verdad es que me consterné, admitió. Otros factores se sumaron al descalabro, incluyendo la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) por motivos personales y las dudas del senador Rojo Edwards (Ind-RN). Además, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Ind.) exigieron recursos adicionales para las zonas afectadas por el temporal en Coquimbo y Huasco. No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir (...) Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice, advirtió Walker. El revés en el Congreso desató tensiones entre los secretarios de Estado. Según fuentes del oficialismo, el ministro Quiroz habría señalado a Segpres, liderada por José García Ruminot, por no asegurar los votos necesarios. En respuesta, desde Renovación Nacional destacaron que García había advertido sobre la prisa para votar tal como lo exigía Hacienda. Ante este panorama adverso y previendo resistencia en el oficialismo al regreso de la semana distrital, el ministro Quiroz admitió que el Gobierno evalúa renunciar a la compensación municipal para avanzar con el resto del texto. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó, declaró el jefe de Hacienda. Esta decisión permitiría promulgar el núcleo de la megarreforma en agosto, dejando pendiente solo la tramitación de vetos presidenciales anunciados para eliminar artículos específicos. Fuente: ADN Radio Nacional
Una sorpresiva reducción de la carga tributaria corporativa al 22% desató este viernes un inminente quiebre político en la Comisión de Hacienda del Senado. La indicación ingresada de madrugada por el Ejecutivo dinamitó el frágil pacto alcanzado días atrás con la bancada del Partido Por la Democracia (PPD). Los parlamentarios de centroizquierda habían sellado un trato estratégico el pasado miércoles para blindar la cláusula de invariabilidad fiscal y evitar llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la modificación gubernamental redujo la tasa original fijada en un 23%, alterando drásticamente el modelo de recaudación proyectado por la corporación. De acuerdo a las declaraciones públicas emitidas por el jefe de bancada de los senadores del PPD, Ricardo Celis, la iniciativa del Gobierno representa un duro golpe a los ingresos estatales. Según explicó el parlamentario, el diálogo siempre contempló aplicar una sobretasa del 1,5% sobre un régimen del 23%, por lo que este inesperado ajuste incumple lo convenido inicialmente. El vocero oficialista aseguró en el reporte entregado a la prensa que esta maniobra disminuirá significativamente los fondos destinados a respaldar la red de apoyo estatal. “En lugar del 1,5% dejarla en el 0,5%. Nosotros no estamos dispuestos a eso, advirtió el legislador al defender la necesidad de financiar programas sociales. Por su parte, y tal como consignan los testimonios del caso, el senador Pedro Araya profundizó en las críticas apuntando a una total falta de transparencia por parte de La Moneda. El representante aseveró de manera categórica que “nunca estuvo en conocimiento” de que la autoridad central pretendiera fijar la base impositiva de las grandes compañías en apenas un 22%. Según el análisis entregado por Araya, las firmas que se acogieran al beneficio terminarían tributando mucho menos de lo estipulado originalmente, sepultando la cifra esperada del 24,5%. “Estamos repensando qué es lo que vamos a hacer porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación”, sentenció el congresista, abriendo la puerta a desechar el pacto de invariabilidad tributaria. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreció una conferencia de prensa el jueves para informar sobre los avances en la megarreforma del Gobierno, tras llegar a un acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD) en relación a la invariabilidad tributaria. Tras conversaciones con el senador Ricardo Celis, el secretario de Estado confirmó un acuerdo con la bancada, lo que generó críticas por parte de la oposición y otros sectores. Hay un acuerdo con la bancada (del PPD) y el acuerdo consiste en ratificar el principio de invariabilidad tributaria. Quedó una escala que va de 10 a 20 años, dependiendo del monto de inversión, destacó Quiroz. El ministro calificó el acuerdo como muy satisfactorio y aseguró que se mantienen los mismos tributos de la propuesta original, además de establecer requisitos razonables para optar a este beneficio. Asimismo, se acordó un cambio paramétrico que fija montos más altos de inversión sujetos a 20 años, manteniendo los 10 años para inversiones de menor tamaño. Desde el punto de vista económico, me parece que esencialmente logra los mismos objetivos de invariabilidad, pero le da resguardos y tranquilidad al PPD, agregó Quiroz. En cuanto al acuerdo final, se estableció lo siguiente en relación a la invariabilidad tributaria: Hasta 10 años para proyectos a partir de los $100 millones de dólares. Hasta 15 años para inversiones desde 350 millones de dólares. Hasta 25 años para proyectos que superen los 500 millones de dólares. Estos cambios representan un hito importante en la política tributaria del Gobierno actual y marcan un paso significativo en las negociaciones con distintas bancadas parlamentarias. Fuente: Meganoticias
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que autoriza al Gobierno a contraer obligaciones financieras por hasta US$6.200 millones durante 2026. Esta medida busca proporcionar al Ejecutivo margen para financiar compromisos presupuestarios y administrar las necesidades de caja del Estado. Según explicó el Gobierno, el aumento en el endeudamiento se debe principalmente a tres factores. En primer lugar, se destaca un déficit fiscal mayor al previsto en la Ley de Presupuestos 2026, estimado en USD 3.800 millones. Esta propuesta establece un límite máximo de endeudamiento para el sector público durante el próximo año y forma parte de las herramientas utilizadas por el Gobierno para financiar gastos, refinanciar deudas vencidas y hacer frente a posibles contingencias económicas. En medio de la discusión, se aclaró que la autorización no implica necesariamente que se utilizará la totalidad del monto aprobado, sino que establece un tope máximo para posibles operaciones de financiamiento a lo largo del ejercicio fiscal. Además, se resaltó que esta medida se enmarca en la estrategia de responsabilidad fiscal y manejo de la deuda pública, considerando las proyecciones económicas y los compromisos del Estado. El Ejecutivo argumentó la necesidad de destinar USD 1.500 millones para cumplir con las obligaciones fiscales a tiempo, así como fortalecer la posición de liquidez del Tesoro Público. El proyecto generó debate entre parlamentarios oficialistas y de oposición. Mientras algunos respaldaron la flexibilidad financiera para el Gobierno, otros expresaron preocupación por el aumento en los niveles de endeudamiento y abogaron por un mayor control del gasto público. A pesar de las discrepancias, el proyecto logró obtener los votos necesarios para avanzar en su proceso legislativo. Luego de ser aprobado por la Cámara Baja, el proyecto pasará ahora al Senado para su revisión antes de convertirse en ley. De ser ratificada la propuesta, el Ejecutivo tendrá la facultad de emitir deuda o contraer obligaciones financieras hasta el límite autorizado de US$6.200 millones, conforme a las normativas vigentes sobre administración financiera del Estado. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
La jornada que se esperaba como la aprobación definitiva de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, se convirtió en un día accidentado marcado por negociaciones de emergencia, ausencias sorpresivas y tensiones en el gabinete. Ante la falta inminente de apoyos, los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot se vieron obligados a solicitar la postergación de la votación en la Sala del Senado. El conflicto surgió a raíz de una norma que establecía un mecanismo de compensación a los municipios por la menor recaudación debido a la exención de contribuciones. La fórmula aprobada en la Comisión Mixta generó resistencia dentro del propio oficialismo, ya que terminaba asignando más recursos del Presupuesto a las comunas consideradas más ricas por tener propiedades con mayor valor. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue quien puso fin al artículo al anunciar su voto en contra, argumentando que la inyección de recursos premiaría a alcaldes que han malgastado dinero en medidas de utilidad pública cuestionable. Tengamos los estándares que se necesitan para tener una adecuada administración, y, finalmente, que los recursos de ese municipio no dependan de una persona solamente en cómo lo administra, expresó el parlamentario por Ñuble. La postura de Sanhueza desconcertó a la mesa del Senado, llevando al vicepresidente Iván Moreira (UDI) a disculparse tras llegar tarde para dirigir la sala. Mis disculpas... La verdad es que me consterné, admitió. Otros factores se sumaron al descalabro, incluyendo la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) por motivos personales y las dudas del senador Rojo Edwards (Ind-RN). Además, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Ind.) exigieron recursos adicionales para las zonas afectadas por el temporal en Coquimbo y Huasco. No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir (...) Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice, advirtió Walker. El revés en el Congreso desató tensiones entre los secretarios de Estado. Según fuentes del oficialismo, el ministro Quiroz habría señalado a Segpres, liderada por José García Ruminot, por no asegurar los votos necesarios. En respuesta, desde Renovación Nacional destacaron que García había advertido sobre la prisa para votar tal como lo exigía Hacienda. Ante este panorama adverso y previendo resistencia en el oficialismo al regreso de la semana distrital, el ministro Quiroz admitió que el Gobierno evalúa renunciar a la compensación municipal para avanzar con el resto del texto. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó, declaró el jefe de Hacienda. Esta decisión permitiría promulgar el núcleo de la megarreforma en agosto, dejando pendiente solo la tramitación de vetos presidenciales anunciados para eliminar artículos específicos. Fuente: ADN Radio Nacional
Una sorpresiva reducción de la carga tributaria corporativa al 22% desató este viernes un inminente quiebre político en la Comisión de Hacienda del Senado. La indicación ingresada de madrugada por el Ejecutivo dinamitó el frágil pacto alcanzado días atrás con la bancada del Partido Por la Democracia (PPD). Los parlamentarios de centroizquierda habían sellado un trato estratégico el pasado miércoles para blindar la cláusula de invariabilidad fiscal y evitar llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la modificación gubernamental redujo la tasa original fijada en un 23%, alterando drásticamente el modelo de recaudación proyectado por la corporación. De acuerdo a las declaraciones públicas emitidas por el jefe de bancada de los senadores del PPD, Ricardo Celis, la iniciativa del Gobierno representa un duro golpe a los ingresos estatales. Según explicó el parlamentario, el diálogo siempre contempló aplicar una sobretasa del 1,5% sobre un régimen del 23%, por lo que este inesperado ajuste incumple lo convenido inicialmente. El vocero oficialista aseguró en el reporte entregado a la prensa que esta maniobra disminuirá significativamente los fondos destinados a respaldar la red de apoyo estatal. “En lugar del 1,5% dejarla en el 0,5%. Nosotros no estamos dispuestos a eso, advirtió el legislador al defender la necesidad de financiar programas sociales. Por su parte, y tal como consignan los testimonios del caso, el senador Pedro Araya profundizó en las críticas apuntando a una total falta de transparencia por parte de La Moneda. El representante aseveró de manera categórica que “nunca estuvo en conocimiento” de que la autoridad central pretendiera fijar la base impositiva de las grandes compañías en apenas un 22%. Según el análisis entregado por Araya, las firmas que se acogieran al beneficio terminarían tributando mucho menos de lo estipulado originalmente, sepultando la cifra esperada del 24,5%. “Estamos repensando qué es lo que vamos a hacer porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación”, sentenció el congresista, abriendo la puerta a desechar el pacto de invariabilidad tributaria. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreció una conferencia de prensa el jueves para informar sobre los avances en la megarreforma del Gobierno, tras llegar a un acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD) en relación a la invariabilidad tributaria. Tras conversaciones con el senador Ricardo Celis, el secretario de Estado confirmó un acuerdo con la bancada, lo que generó críticas por parte de la oposición y otros sectores. Hay un acuerdo con la bancada (del PPD) y el acuerdo consiste en ratificar el principio de invariabilidad tributaria. Quedó una escala que va de 10 a 20 años, dependiendo del monto de inversión, destacó Quiroz. El ministro calificó el acuerdo como muy satisfactorio y aseguró que se mantienen los mismos tributos de la propuesta original, además de establecer requisitos razonables para optar a este beneficio. Asimismo, se acordó un cambio paramétrico que fija montos más altos de inversión sujetos a 20 años, manteniendo los 10 años para inversiones de menor tamaño. Desde el punto de vista económico, me parece que esencialmente logra los mismos objetivos de invariabilidad, pero le da resguardos y tranquilidad al PPD, agregó Quiroz. En cuanto al acuerdo final, se estableció lo siguiente en relación a la invariabilidad tributaria: Hasta 10 años para proyectos a partir de los $100 millones de dólares. Hasta 15 años para inversiones desde 350 millones de dólares. Hasta 25 años para proyectos que superen los 500 millones de dólares. Estos cambios representan un hito importante en la política tributaria del Gobierno actual y marcan un paso significativo en las negociaciones con distintas bancadas parlamentarias. Fuente: Meganoticias
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que autoriza al Gobierno a contraer obligaciones financieras por hasta US$6.200 millones durante 2026. Esta medida busca proporcionar al Ejecutivo margen para financiar compromisos presupuestarios y administrar las necesidades de caja del Estado. Según explicó el Gobierno, el aumento en el endeudamiento se debe principalmente a tres factores. En primer lugar, se destaca un déficit fiscal mayor al previsto en la Ley de Presupuestos 2026, estimado en USD 3.800 millones. Esta propuesta establece un límite máximo de endeudamiento para el sector público durante el próximo año y forma parte de las herramientas utilizadas por el Gobierno para financiar gastos, refinanciar deudas vencidas y hacer frente a posibles contingencias económicas. En medio de la discusión, se aclaró que la autorización no implica necesariamente que se utilizará la totalidad del monto aprobado, sino que establece un tope máximo para posibles operaciones de financiamiento a lo largo del ejercicio fiscal. Además, se resaltó que esta medida se enmarca en la estrategia de responsabilidad fiscal y manejo de la deuda pública, considerando las proyecciones económicas y los compromisos del Estado. El Ejecutivo argumentó la necesidad de destinar USD 1.500 millones para cumplir con las obligaciones fiscales a tiempo, así como fortalecer la posición de liquidez del Tesoro Público. El proyecto generó debate entre parlamentarios oficialistas y de oposición. Mientras algunos respaldaron la flexibilidad financiera para el Gobierno, otros expresaron preocupación por el aumento en los niveles de endeudamiento y abogaron por un mayor control del gasto público. A pesar de las discrepancias, el proyecto logró obtener los votos necesarios para avanzar en su proceso legislativo. Luego de ser aprobado por la Cámara Baja, el proyecto pasará ahora al Senado para su revisión antes de convertirse en ley. De ser ratificada la propuesta, el Ejecutivo tendrá la facultad de emitir deuda o contraer obligaciones financieras hasta el límite autorizado de US$6.200 millones, conforme a las normativas vigentes sobre administración financiera del Estado. Fuente: Publimetro
