En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
