Durante esta semana, un taller de “Higiene y Autocuidado” en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, en Arica, desató una ola de polémica. Niños de quinto básico, con edades aproximadas de 10 años, se vieron involucrados en la lectura de folletos y la respuesta a preguntas con un contenido sexual que ha alarmado a padres y madres. Las denuncias no se hicieron esperar. Apoderados y apoderadas llevaron el caso ante la Superintendencia de Educación y la Fiscalía, quienes han comenzado una investigación al respecto. La Defensoría de la Niñez también se involucró, anunciando acciones formales hacia el establecimiento educativo, la Superintendencia de Educación y la Seremi de Salud correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar responsables y entender los criterios que guiaron esta actividad. El colegio emitió un comunicado en el cual defendió la inclusión de todas las temáticas en el protocolo de sexualidad, afectividad y género, asegurando que estas están en consonancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Calificaron las denuncias como una “funa”, pero desde el Ministerio de Salud, la postura fue distinta. El Ministerio de Salud se desvinculó de la actividad, indicando que no se ajustó a los protocolos establecidos. Se detectaron presuntos incumplimientos de los lineamientos del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, expresó su preocupación, señalando que con los antecedentes que yo tengo ahora a la vista de cómo se llevó a cabo esta actividad en particular, puedo decir dos cosas. Lo primero, es que no sigue los protocolos del Ministerio de Salud, y lo segundo, es que nos parece que efectivamente se ha dado una situación que es indebida en el trato de los menores en el colegio. Asimismo agregó que por eso vamos a estar recabando más información para poder entender con mayor detalle lo ocurrido y desde ahí tomar todas las acciones administrativas que correspondan. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido declaraciones sobre el caso, argumentando que es una actividad que corresponde regular a la autoridad sanitaria.
En un informe reciente, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez reveló cifras sobre el aumento de homicidios en menores de edad en Chile, basándose en datos del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según el análisis, desde el año 2022 se ha observado un incremento significativo en diversos indicadores de violencia hacia la niñez y adolescencia, especialmente en homicidios, lesiones y violencia sexual. Hasta la última semana del 2023, el informe revela que un total de 38 niños perdieron la vida debido a lesiones causadas por armas de fuego, lo que representa un aumento considerable en comparación con años anteriores. El análisis detallado destaca un preocupante incremento en homicidios por armas de fuego, con 49 casos registrados en el año 2022. La Región Metropolitana encabeza la lista de defunciones por esta causa durante el 2023, con 25 casos, seguida por la región del Biobío con cuatro homicidios. Sin embargo, el informe resalta que al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, la región de Tarapacá presenta la mayor tasa en relación con su población en todo el país. En el desglose por comunas, se destaca que Iquique es la que registra la mayor cantidad de casos en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, con nueve homicidios. Le siguen las comunas de San Bernardo y Renca en la lista. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expresó su profunda preocupación ante esta situación, calificándola como inaceptable y terrible. Quesille advirtió sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenir la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, subrayando que es una responsabilidad compartida de todos los garantes. No poner ahí los esfuerzos significa omitir la responsabilidad que tenemos todos los garantes en evitar una afectación grave al derecho de estar protegido contra toda forma de violencia que impactan en la supervivencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes , remarcó el defensor.
El juez de Garantía, Rodrigo González Fuente, decidió suspender la audiencia de preparación de juicio oral en el caso de Jorge Escobar, tío abuelo del menor de tres años y siete meses que fue reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021 en Caripilún, Región del Biobío. El cuerpo del niño fue hallado nueve días después, a dos kilómetros de su hogar, en una zanja al costado de un predio. Escobar, quien estaba a cargo del niño identificado como T.B., alega que lo dejó solo para atender a unos animales. A finales del año pasado, el Ministerio Público presentó una acusación en su contra, buscando una pena de 10 años de cárcel por su presunta responsabilidad como autor de un delito de abandono de menor con resultado de muerte. La defensa de Escobar informó que no ha tenido acceso completo a los antecedentes de la carpeta de investigación, especialmente a archivos digitales y de videos. Parte de la documentación fue recibida el jueves 18 de enero, lo que generó dificultades en la preparación del caso. Ante esta situación técnica, solicitaron el aplazamiento de la audiencia. En respuesta a esta solicitud, los demás intervinientes en la causa, incluyendo a querellantes como la Defensoría de la Niñez, aceptaron la propuesta y se reagendó la audiencia de preparación de juicio para el lunes 1 de abril de 2024, comenzando a las 10:00 horas.
Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país. Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas. De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría. El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves. El informe también aborda laGarantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos. En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.
Durante esta semana, un taller de “Higiene y Autocuidado” en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, en Arica, desató una ola de polémica. Niños de quinto básico, con edades aproximadas de 10 años, se vieron involucrados en la lectura de folletos y la respuesta a preguntas con un contenido sexual que ha alarmado a padres y madres. Las denuncias no se hicieron esperar. Apoderados y apoderadas llevaron el caso ante la Superintendencia de Educación y la Fiscalía, quienes han comenzado una investigación al respecto. La Defensoría de la Niñez también se involucró, anunciando acciones formales hacia el establecimiento educativo, la Superintendencia de Educación y la Seremi de Salud correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar responsables y entender los criterios que guiaron esta actividad. El colegio emitió un comunicado en el cual defendió la inclusión de todas las temáticas en el protocolo de sexualidad, afectividad y género, asegurando que estas están en consonancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Calificaron las denuncias como una “funa”, pero desde el Ministerio de Salud, la postura fue distinta. El Ministerio de Salud se desvinculó de la actividad, indicando que no se ajustó a los protocolos establecidos. Se detectaron presuntos incumplimientos de los lineamientos del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, expresó su preocupación, señalando que con los antecedentes que yo tengo ahora a la vista de cómo se llevó a cabo esta actividad en particular, puedo decir dos cosas. Lo primero, es que no sigue los protocolos del Ministerio de Salud, y lo segundo, es que nos parece que efectivamente se ha dado una situación que es indebida en el trato de los menores en el colegio. Asimismo agregó que por eso vamos a estar recabando más información para poder entender con mayor detalle lo ocurrido y desde ahí tomar todas las acciones administrativas que correspondan. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido declaraciones sobre el caso, argumentando que es una actividad que corresponde regular a la autoridad sanitaria.
En un informe reciente, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez reveló cifras sobre el aumento de homicidios en menores de edad en Chile, basándose en datos del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según el análisis, desde el año 2022 se ha observado un incremento significativo en diversos indicadores de violencia hacia la niñez y adolescencia, especialmente en homicidios, lesiones y violencia sexual. Hasta la última semana del 2023, el informe revela que un total de 38 niños perdieron la vida debido a lesiones causadas por armas de fuego, lo que representa un aumento considerable en comparación con años anteriores. El análisis detallado destaca un preocupante incremento en homicidios por armas de fuego, con 49 casos registrados en el año 2022. La Región Metropolitana encabeza la lista de defunciones por esta causa durante el 2023, con 25 casos, seguida por la región del Biobío con cuatro homicidios. Sin embargo, el informe resalta que al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, la región de Tarapacá presenta la mayor tasa en relación con su población en todo el país. En el desglose por comunas, se destaca que Iquique es la que registra la mayor cantidad de casos en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, con nueve homicidios. Le siguen las comunas de San Bernardo y Renca en la lista. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expresó su profunda preocupación ante esta situación, calificándola como inaceptable y terrible. Quesille advirtió sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenir la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, subrayando que es una responsabilidad compartida de todos los garantes. No poner ahí los esfuerzos significa omitir la responsabilidad que tenemos todos los garantes en evitar una afectación grave al derecho de estar protegido contra toda forma de violencia que impactan en la supervivencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes , remarcó el defensor.
El juez de Garantía, Rodrigo González Fuente, decidió suspender la audiencia de preparación de juicio oral en el caso de Jorge Escobar, tío abuelo del menor de tres años y siete meses que fue reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021 en Caripilún, Región del Biobío. El cuerpo del niño fue hallado nueve días después, a dos kilómetros de su hogar, en una zanja al costado de un predio. Escobar, quien estaba a cargo del niño identificado como T.B., alega que lo dejó solo para atender a unos animales. A finales del año pasado, el Ministerio Público presentó una acusación en su contra, buscando una pena de 10 años de cárcel por su presunta responsabilidad como autor de un delito de abandono de menor con resultado de muerte. La defensa de Escobar informó que no ha tenido acceso completo a los antecedentes de la carpeta de investigación, especialmente a archivos digitales y de videos. Parte de la documentación fue recibida el jueves 18 de enero, lo que generó dificultades en la preparación del caso. Ante esta situación técnica, solicitaron el aplazamiento de la audiencia. En respuesta a esta solicitud, los demás intervinientes en la causa, incluyendo a querellantes como la Defensoría de la Niñez, aceptaron la propuesta y se reagendó la audiencia de preparación de juicio para el lunes 1 de abril de 2024, comenzando a las 10:00 horas.
Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país. Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas. De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría. El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves. El informe también aborda laGarantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos. En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.
