En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
La Contraloría General de la República ha dirigido oficios a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instándolas a informar sobre sus planes de reducción de riesgo ante desastres, planes comunales de emergencia y las medidas adoptadas en respuesta a las sugerencias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en materia de incendios forestales. Según datos obtenidos por Radio Bío Bío en Valparaíso, y confirmados por la Contraloría, se destacan cinco puntos específicos sobre los cuales las municipalidades deben proporcionar información detallada. Estos incluyen la ubicación de la red de grifos en las comunas, el listado de funcionarios encargados de unidades de Gestión de Riesgo de Desastres, el plan comunal para la reducción de riesgo de desastres, el plan comunal de emergencia y las medidas adoptadas en respuesta a las sugerencias de Conaf desde los incendios forestales de 2021 a la fecha. Además, la Contraloría ha oficiado a Conaf, solicitando respuestas sobre los planes de protección contra incendios forestales para todas las comunas de las provincias de Marga Marga, Valparaíso y San Antonio. Esto incluye planes de priorización de áreas de incendios forestales y documentos enviados a municipios entre 2021 y 2023 para informar sobre zonas que requieren cortafuegos y limpieza, entre otros aspectos. Los plazos establecidos por la Contraloría para la entrega de esta información son de 15 días hábiles para los municipios y 10 días hábiles para Conaf. Estos requerimientos fueron oficializados el día de ayer, 20 de febrero, marcando un paso importante en la fiscalización y coordinación de medidas de prevención y respuesta ante desastres en la región.
En respuesta a los devastadores incendios forestales que azotaron diversas zonas a comienzos de febrero, la Contraloría General de la República ha dado su aprobación al decreto N.º 71 de 2024, presentado por el Ministerio de Hacienda. Este decreto contempla una serie de medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto económico en las comunidades afectadas. Una de las principales disposiciones de este decreto es la prórroga de los plazos de Declaración y Pago de impuestos establecidos por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, así como por la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta extensión de plazos brindará a los contribuyentes afectados más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales, considerando las circunstancias excepcionales provocadas por los incendios. Además, se autoriza al Servicio de Impuestos Internos (SII) para condonar total o parcialmente los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo, aliviando así la carga financiera para aquellos que se vieron afectados por la emergencia. El decreto también otorga facultades a la Tesorería General de la República (TGR) para ampliar el plazo de pago de las primeras cuotas del impuesto territorial correspondiente a este año, así como para ofrecer facilidades de pago mediante convenios especiales a los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas damnificadas. Estas medidas fiscales, aprobadas por la Contraloría, representan un importante respaldo del gobierno hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, demostrando su compromiso en la recuperación y reconstrucción de estas áreas golpeadas por la catástrofe natural.
En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
La Contraloría General de la República ha dirigido oficios a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instándolas a informar sobre sus planes de reducción de riesgo ante desastres, planes comunales de emergencia y las medidas adoptadas en respuesta a las sugerencias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en materia de incendios forestales. Según datos obtenidos por Radio Bío Bío en Valparaíso, y confirmados por la Contraloría, se destacan cinco puntos específicos sobre los cuales las municipalidades deben proporcionar información detallada. Estos incluyen la ubicación de la red de grifos en las comunas, el listado de funcionarios encargados de unidades de Gestión de Riesgo de Desastres, el plan comunal para la reducción de riesgo de desastres, el plan comunal de emergencia y las medidas adoptadas en respuesta a las sugerencias de Conaf desde los incendios forestales de 2021 a la fecha. Además, la Contraloría ha oficiado a Conaf, solicitando respuestas sobre los planes de protección contra incendios forestales para todas las comunas de las provincias de Marga Marga, Valparaíso y San Antonio. Esto incluye planes de priorización de áreas de incendios forestales y documentos enviados a municipios entre 2021 y 2023 para informar sobre zonas que requieren cortafuegos y limpieza, entre otros aspectos. Los plazos establecidos por la Contraloría para la entrega de esta información son de 15 días hábiles para los municipios y 10 días hábiles para Conaf. Estos requerimientos fueron oficializados el día de ayer, 20 de febrero, marcando un paso importante en la fiscalización y coordinación de medidas de prevención y respuesta ante desastres en la región.
En respuesta a los devastadores incendios forestales que azotaron diversas zonas a comienzos de febrero, la Contraloría General de la República ha dado su aprobación al decreto N.º 71 de 2024, presentado por el Ministerio de Hacienda. Este decreto contempla una serie de medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto económico en las comunidades afectadas. Una de las principales disposiciones de este decreto es la prórroga de los plazos de Declaración y Pago de impuestos establecidos por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, así como por la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta extensión de plazos brindará a los contribuyentes afectados más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales, considerando las circunstancias excepcionales provocadas por los incendios. Además, se autoriza al Servicio de Impuestos Internos (SII) para condonar total o parcialmente los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo, aliviando así la carga financiera para aquellos que se vieron afectados por la emergencia. El decreto también otorga facultades a la Tesorería General de la República (TGR) para ampliar el plazo de pago de las primeras cuotas del impuesto territorial correspondiente a este año, así como para ofrecer facilidades de pago mediante convenios especiales a los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas damnificadas. Estas medidas fiscales, aprobadas por la Contraloría, representan un importante respaldo del gobierno hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, demostrando su compromiso en la recuperación y reconstrucción de estas áreas golpeadas por la catástrofe natural.
