La aprobación de la objeción de conciencia institucional en el pleno del Consejo Constitucional ha generado una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición. Los consejeros oficialistas consideran esta norma como unengendro constitucional y lamentan su aprobación, ya que creen que podría tener efectos más allá de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE). Además, advierten que en los establecimientos educacionales los estudiantes podrían ser segregados por sus creencias y orígenes. El consejero Yerko Ljubetic (CS) señaló que esta medida no existe en ninguna constitución del mundo y que las objeciones de conciencia son cuestiones extremadamente excepcionales, ya que permiten a una persona eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud de sus propias convicciones, y podrían extenderse sin límite alguno. Por otro lado, los consejeros de oposición destacan que las normas no son inmutables y están abiertos a la posibilidad de realizar modificaciones. El consejero republicano Luis Silva sostuvo que no hay ninguna norma jurídica que, llevada al extremo, no resulte ridícula. Además, recordó que en el derecho chileno, la objeción de conciencia est á explícitamente consagrada en la ley que despenaliza el aborto en tres causales, y que no es una novedad en el mundo. Organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos, como Corporación Miles, han seguido de cerca los avances y límites de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Explican que actualmente los establecimientos públicos no pueden objetar institucionalmente, pero los centros de salud privados sí pueden hacerlo. Esto significa que los recintos y sus directivos no pueden obligar a su personal de salud a ser objetores y deben respetar si realizan la IVE en otros establecimientos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miles Chile (@mileschile)
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Este viernes hasta las 14:30 horas se llevarán a cabo las primeras votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional, en particular, sobre las propuestas de normas relativas al Capítulo 1, que trata sobre los Fundamentos del orden Constitucional. Con esto, se dará inicio a la recta final del proceso constituyente, que tiene como plazo máximo el día 7 de noviembre para despachar la propuesta final de la nueva Constitución. Es importante recordar que el debate previo estuvo marcado por las críticas y la aprobación de la mayoría de los artículos que modificaron el anteproyecto, pero sólo con votos de Chile Vamos y el Partido Republicano. En el oficialismo acusaron a este sector depasar máquina y de no ser considerados en el debate. Incluso afirmaron que la derecha y extrema derecha fomentaron mecanismos para excluirlos del debate. Por su parte, el consejero republicano Luis Silva expresó su esperanza de que el debate se centre en el contenido del texto y no en las discusiones de cada norma. Desde Revolución Democrática, la consejera Paloma Zúñiga acusó que hay intransigencia por parte de las derechas, pero que de todas formas agotarán todas las instancias de diálogo para lograr acuerdos. En La Moneda, reiteraron la importancia de que la mayoría circunstancial, en este caso el Partido Republicano, respete todas las posturas para lograr un texto que represente a distintos sectores. Así lo afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Finalmente, es importante mencionar que entre hoy y el próximo 4 de octubre se llevarán a cabo las votaciones en el Pleno del organismo.
La aprobación de la objeción de conciencia institucional en el pleno del Consejo Constitucional ha generado una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición. Los consejeros oficialistas consideran esta norma como unengendro constitucional y lamentan su aprobación, ya que creen que podría tener efectos más allá de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE). Además, advierten que en los establecimientos educacionales los estudiantes podrían ser segregados por sus creencias y orígenes. El consejero Yerko Ljubetic (CS) señaló que esta medida no existe en ninguna constitución del mundo y que las objeciones de conciencia son cuestiones extremadamente excepcionales, ya que permiten a una persona eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud de sus propias convicciones, y podrían extenderse sin límite alguno. Por otro lado, los consejeros de oposición destacan que las normas no son inmutables y están abiertos a la posibilidad de realizar modificaciones. El consejero republicano Luis Silva sostuvo que no hay ninguna norma jurídica que, llevada al extremo, no resulte ridícula. Además, recordó que en el derecho chileno, la objeción de conciencia est á explícitamente consagrada en la ley que despenaliza el aborto en tres causales, y que no es una novedad en el mundo. Organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos, como Corporación Miles, han seguido de cerca los avances y límites de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Explican que actualmente los establecimientos públicos no pueden objetar institucionalmente, pero los centros de salud privados sí pueden hacerlo. Esto significa que los recintos y sus directivos no pueden obligar a su personal de salud a ser objetores y deben respetar si realizan la IVE en otros establecimientos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miles Chile (@mileschile)
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Este viernes hasta las 14:30 horas se llevarán a cabo las primeras votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional, en particular, sobre las propuestas de normas relativas al Capítulo 1, que trata sobre los Fundamentos del orden Constitucional. Con esto, se dará inicio a la recta final del proceso constituyente, que tiene como plazo máximo el día 7 de noviembre para despachar la propuesta final de la nueva Constitución. Es importante recordar que el debate previo estuvo marcado por las críticas y la aprobación de la mayoría de los artículos que modificaron el anteproyecto, pero sólo con votos de Chile Vamos y el Partido Republicano. En el oficialismo acusaron a este sector depasar máquina y de no ser considerados en el debate. Incluso afirmaron que la derecha y extrema derecha fomentaron mecanismos para excluirlos del debate. Por su parte, el consejero republicano Luis Silva expresó su esperanza de que el debate se centre en el contenido del texto y no en las discusiones de cada norma. Desde Revolución Democrática, la consejera Paloma Zúñiga acusó que hay intransigencia por parte de las derechas, pero que de todas formas agotarán todas las instancias de diálogo para lograr acuerdos. En La Moneda, reiteraron la importancia de que la mayoría circunstancial, en este caso el Partido Republicano, respete todas las posturas para lograr un texto que represente a distintos sectores. Así lo afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Finalmente, es importante mencionar que entre hoy y el próximo 4 de octubre se llevarán a cabo las votaciones en el Pleno del organismo.
