En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar. La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos. Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones. En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios. Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias. El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
Este lunes a las 11:00 horas estaba fijada la audiencia, en la cual el Juzgado de Garantía de Antofagasta revisó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta para la concejala Paz Fuica desde el pasado viernes 12 de enero, instancia en que fue imputada por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. Jorge Mayne, abogado defensor de Paz Fuica, partió indicando que existen nuevos antecedentes para rebajar la intensidad de la medida cautelar impuesta, esto basándose en las declaraciones de exseremi del Minvu, Carlos Contreras y Liliana Contreras, excandidata al consejo constitucional por Revolución Democrática, quien habría prestado asesoría legal a los convenios del programa de Asentamientos Precarios. El defensor asegura que no existió dolo en el papel que desempeñó Fuica, quien ha sido señalada como jefa de gabinete del exseremi del Minvu, estando contratada por una fundación. Además, haciendo alusión a conversaciones de WhatsApp, el abogado descartó que tomara decisiones sin que sus superiores visaran sus acciones. En definitiva, el defensor de Fuica solicitó revocar la prisión preventiva canjeándola por las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Por su parte, el fiscal Cristián Aguilar, a cargo del caso, solicitó rechazar esta petición sosteniendo que no existirían antecedentes nuevos que justifiquen el cambio de la medida cautelar. Postura a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante. Luego de una extensa jornada en que todas las partes expusieron sus argumentos, el Tribunal de Garantía de Antofagasta abrió debate para cambiar las cautelares por irreprochable conducta anterior y considerar desproporcionada la prisión preventiva. Ante lo cual, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional, mismos términos que consideraron el Consejo de Defensa del Estado junto con la parte querellante. El abogado defensor en tanto pidió arresto domiciliario nocturno para que Paz Fuica pudiera realizar sus labores como concejal y asistir a estudios de magíster en políticas públicas que cursa en la Universidad Católica del Norte. Finalmente, el Tribunal resolvió imponer arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Como el protagonista de una trama política, judicial y comunicacional, fue descrito el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, en una entrevista difundida por T13. El imputado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la medida cautelar de prisión preventiva el pasado miércoles 28 de febrero. Ante la acusación del Ministerio Público que sostiene que se concertó con el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, para defraudar al fisco. Contreras responde eso no es así, lo planteo tajantemente (...) descarto absolutamente un delito. Consultado entonces por el conflicto de interés al haber suscrito convenios con la fundación representada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), de quien Contreras fue jefe gabinete. El exseremi contesta,mi único interés era resolver la problemática que se me planteaba dentro del Ministerio de Vivienda. Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de Asentamientos Precarios, que el Serviu y que el equipo de Asentamientos Precarios pudiera hacer uso de la mejor manera a través de las fundaciones sin fines de lucro de los recursos (...) no veo un conflicto de interés. La nota hace un repaso por la historia de Carlos Contreras en Revolución Democrática, quién ingresó al partido el 2016 para ir en apoyo de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, cuando el discurso era dejar atrás la vieja política. Andrade reconoció públicamente que la fundación no tenía experiencia en construcción. Ante lo cual, Contreras sostieneel programa de Asentamientos precarios tiene una diversidad de programas, algunos de una complejidad mucho mayor que otras. Va desde urbanizar para erradicar y construir barrios (...) versus un programa de habitabilidad primaria, que lo que busca es decidir donde va una luminaria (...) entonces en esos proyectos lo más importante no es el conocimiento constructivo, es el conocimiento para lidiar con la comunidad. Sobre el giro inicial de la fundación de actividades culturales, Contreras expresael detalle técnico respecto del giro es algo que no analicé yo directamente, lo analizaron las jefaturas de la Seremi para efectos de decidir si se derivaban los contactos. En cuanto al intercambio de información que tuvo con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, a días que estallara el caso en la prensa. Contreras indicahabía la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda. No tengo claro (...) específicamente a quien y específicamente a qué estamento. Al reiterarle la pregunta sobre si el Gobierno estaba enterado del hecho, el exseremi insiste a mi entender y la información que yo manejo y el feedback que tuve con la subsecretaria. Sí. Respecto a si considera que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, omitió información. Contreras, señala no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto. Puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar, cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la jefatura central de Asentamientos Precarios, respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional, asegura Contreras refiriéndose a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi.
En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar. La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos. Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones. En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios. Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias. El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
Este lunes a las 11:00 horas estaba fijada la audiencia, en la cual el Juzgado de Garantía de Antofagasta revisó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta para la concejala Paz Fuica desde el pasado viernes 12 de enero, instancia en que fue imputada por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. Jorge Mayne, abogado defensor de Paz Fuica, partió indicando que existen nuevos antecedentes para rebajar la intensidad de la medida cautelar impuesta, esto basándose en las declaraciones de exseremi del Minvu, Carlos Contreras y Liliana Contreras, excandidata al consejo constitucional por Revolución Democrática, quien habría prestado asesoría legal a los convenios del programa de Asentamientos Precarios. El defensor asegura que no existió dolo en el papel que desempeñó Fuica, quien ha sido señalada como jefa de gabinete del exseremi del Minvu, estando contratada por una fundación. Además, haciendo alusión a conversaciones de WhatsApp, el abogado descartó que tomara decisiones sin que sus superiores visaran sus acciones. En definitiva, el defensor de Fuica solicitó revocar la prisión preventiva canjeándola por las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Por su parte, el fiscal Cristián Aguilar, a cargo del caso, solicitó rechazar esta petición sosteniendo que no existirían antecedentes nuevos que justifiquen el cambio de la medida cautelar. Postura a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante. Luego de una extensa jornada en que todas las partes expusieron sus argumentos, el Tribunal de Garantía de Antofagasta abrió debate para cambiar las cautelares por irreprochable conducta anterior y considerar desproporcionada la prisión preventiva. Ante lo cual, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional, mismos términos que consideraron el Consejo de Defensa del Estado junto con la parte querellante. El abogado defensor en tanto pidió arresto domiciliario nocturno para que Paz Fuica pudiera realizar sus labores como concejal y asistir a estudios de magíster en políticas públicas que cursa en la Universidad Católica del Norte. Finalmente, el Tribunal resolvió imponer arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Como el protagonista de una trama política, judicial y comunicacional, fue descrito el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, en una entrevista difundida por T13. El imputado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la medida cautelar de prisión preventiva el pasado miércoles 28 de febrero. Ante la acusación del Ministerio Público que sostiene que se concertó con el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, para defraudar al fisco. Contreras responde eso no es así, lo planteo tajantemente (...) descarto absolutamente un delito. Consultado entonces por el conflicto de interés al haber suscrito convenios con la fundación representada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), de quien Contreras fue jefe gabinete. El exseremi contesta,mi único interés era resolver la problemática que se me planteaba dentro del Ministerio de Vivienda. Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de Asentamientos Precarios, que el Serviu y que el equipo de Asentamientos Precarios pudiera hacer uso de la mejor manera a través de las fundaciones sin fines de lucro de los recursos (...) no veo un conflicto de interés. La nota hace un repaso por la historia de Carlos Contreras en Revolución Democrática, quién ingresó al partido el 2016 para ir en apoyo de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, cuando el discurso era dejar atrás la vieja política. Andrade reconoció públicamente que la fundación no tenía experiencia en construcción. Ante lo cual, Contreras sostieneel programa de Asentamientos precarios tiene una diversidad de programas, algunos de una complejidad mucho mayor que otras. Va desde urbanizar para erradicar y construir barrios (...) versus un programa de habitabilidad primaria, que lo que busca es decidir donde va una luminaria (...) entonces en esos proyectos lo más importante no es el conocimiento constructivo, es el conocimiento para lidiar con la comunidad. Sobre el giro inicial de la fundación de actividades culturales, Contreras expresael detalle técnico respecto del giro es algo que no analicé yo directamente, lo analizaron las jefaturas de la Seremi para efectos de decidir si se derivaban los contactos. En cuanto al intercambio de información que tuvo con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, a días que estallara el caso en la prensa. Contreras indicahabía la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda. No tengo claro (...) específicamente a quien y específicamente a qué estamento. Al reiterarle la pregunta sobre si el Gobierno estaba enterado del hecho, el exseremi insiste a mi entender y la información que yo manejo y el feedback que tuve con la subsecretaria. Sí. Respecto a si considera que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, omitió información. Contreras, señala no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto. Puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar, cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la jefatura central de Asentamientos Precarios, respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional, asegura Contreras refiriéndose a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi.
