Esta semana se sostuvo una reunión entre las autoridades electas y representantes de los trabajadores portuarios de la zona austral, quienes manifestaron su preocupación por el proceso en curso de privatización de los puertos estatales de Puerto Montt, Chacabuco y Magallanes. Solicitan al Gobierno frenar las licitaciones, por el daño social y económico que generará una eventual privatización. 

Los Gobernadores Regionales de Los Lagos, Patricio Vallespín, Aysén, Andrea Macías, y Magallanes, Jorge Flies sostuvieron una reunión con dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (FENATRAPORCHI), quienes expusieron los avances del proceso de licitación de los puertos de la zona austral del país, y con preocupación, expresaron que se ha desarrollado en completo silencio, sin entregar información a la comunidad, y eventualmente posibilitando la constitución de un monopolio portuario. 

Según los antecedentes expuestos en la reunión, la licitación de estos puertos, a la fecha estatales, se encuentra en tramitación en el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), donde se han revisado ya las bases de los puertos de Puerto Montt y Chacabuco, las que fueron autorizadas sin mediar presentaciones que defendieran los intereses de los trabajadores y las comunidades que se verán afectadas por la decisión del ejecutivo, mientras que Magallanes está ad portas de iniciar este proceso. 

Según indicó la Gobernadora Regional (e) de Aysén, Andrea Macías “en nuestra región tenemos tradición portuaria, y sectores como Chacabuco han sido fundamentales para Aysén y sus comunidades, y no creemos que el camino sea privatizar el único puerto administrado por el estado que tenemos, ya que para nosotros esto involucra conectividad, comercio, logística y desarrollo. 

Esta privatización va a significar encarecer nuestros productos y hacer más cara nuestra vida, siendo los únicos perjudicados los habitantes de la región” En cuanto a las licitaciones, la Fiscalía Nacional Económica (FEN), solicitó establecer condiciones de competencia para el proceso en curso, ante la posibilidad de configurarse un monopolio portuario mediante el proceso de integración vertical que supone esta privatización, siendo posible que un oferente se adjudique todos los puertos en cuestión. 

Para Patricio Vallespín, Gobernador Regional (e) de Los Lagos, “esto es una muy mala idea, no aborda los problemas de fondo del sector, donde hay que construir una mirada de futuro, lo que no tiene nada que ver con privatizar. Debemos avanzar en una política de subsidio a la carga y transporte de personas que sea diferenciada, debemos avanzar en crear un plan de desarrollo logístico de la zona austral que otorgue mayor gobernanza al sector portuario. Hoy este proceso de licitación hecho sin publicidad, sin claridad, sin mirada de futuro, es inaceptable”. 

Entre los elementos que destacaron de la reunión entre los Gobernadores y Dirigentes Portuarios, se tocó la relevancia social que tienen los puertos en esta zona del país, donde muchas personas pueden conectarse con el resto de Chile mediante el uso de barcazas, como también muchos comerciantes dependen del tráfico naviero para ingresar productos y bienes que abastecen a localidades aisladas. Esto, a juicio de Jorge Flies, Gobernador Regional (e) de Magallanes y la Antártica Chilena “es una situación riesgosa a la que nos oponemos tenazmente, que, al término de un gobierno, y en un contexto social muy complejo, se esté evaluando privatizaciones de empresas del Estado. Los puertos son de interés geopolítico, fundamentales y críticos en el abastecimiento del sur austral, por eso no es oportuno ni adecuado que este proceso se lleve a cabo a espaldas de la comunidad y también en un contexto que esta empoderando a las regiones con nuevas autoridades y se esta desarrollando un proceso constituyente, lo que no guarda relación con avanzar en la privatización de empresas públicas.” 

Según indicaron los dirigentes portuarios, el proceso licitatorio esta en marcha, y aún hay tiempo de revocarlo, lo que fue acogido por las autoridades regionales electas, quienes se comprometieron a impulsar las acciones necesarias para que esto se transparente y se detenga, por el significativo perjuicio que generaría en todo ámbito a sus regiones.