Al pago de una indemnización que podría superar ampliamente los $200 millones por el despido de siete trabajadores condenó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a la Municipalidad de Castro.
El fallo de última instancia responde a un largo proceso que se remonta al mes de diciembre de 2017 cuando el alcalde, Juan Eduardo Vera (UDI), puso término a la relación laboral de un total de siete funcionarios que se encontraban contratados a honorarios.
Nulidad del despido por no pago de cotizaciones, despido injustificado y cobro de prestaciones fueron las figuras legales por las cuales el municipio chilote fue sentenciado.
Fue en marzo de 2018 cuando el abogado Juan Pablo Sottolicchio demandó en representación de Héctor Caripán, Pablo Villarroel, Ximena Cárcamo y Nicolás Oyarzún mientras que Ignacio Álvarez lo hizo a favor de Patricia Matus, Juan Francisco Cárcamo y Romy Catelicán.
A pesar de que el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro había fallado a favor del municipio, sin embargo la parte demandante recurrió a la Corte de Apelaciones logrando la revocación del fallo y ordenando que se realice un nuevo juicio.
“Se hizo un segundo juicio respecto de estos cuatro funcionarios, juicio que salió favorable a estos funcionarios de la municipalidad y el municipio en esta oportunidad recurrió a través de un recurso de queja que era el único mecanismo por el cual podía impugnar esta resolución y la semana pasada se conoció la resolución definitiva de este recurso de queja el cual fue rechazado”, enfatizó el abogado.
El profesional agregó que en el caso de la indemnización “estamos hablando de una suma que no debería ser menor a los 150 millones de pesos”.
Mientras tanto los otros tres exempleados conquistaron una fallo favorable similar luego que el la corte porteña condenó al municipio por otra suma estimada en unos $100 millones.
Declaración de relación laboral y despido injustificado fueron las figuras legales por las cuales recurrió Ignacio Alvarez en representación de sus tres clientes.
“Ellos fueron despedidos ilegalmente por la municipalidad de Castro, demandé al municipio castreño y se declaró que la relación de estos tres trabajadores era de una relación laboral (…) habían sido despedidos sin ningún tipo de indemnización” dijo Álvarez.
En este mismo sentido el abogado demandante aseveró que “el tribunal condenó al municipio a pagarle la indemnización por falta de aviso previo, indemnización por años de servicio, un recargo de 50% también por años de servicio y asimismo pagarle las cotizaciones por todos los años que ellos trabajaron para la municipalidad”.
El jurista señaló que “haciendo un cálculo más o menos de lo que va a tener que desembolsar por esta causa el municipio castreño, estimo que la suma va a ser cercana a los 100 millones de pesos”.
Ignacio Alvarez agregó que este lunes 3 de agosto la causa fue remitida del Juzgado Laboral al Juzgado de Cobranzas Laboral y Previsional para proceden a la liquidación, embargo y ejecución de los montos que corresponden pagar a los exempleados.
JURIDICA
El contundente falló judicial encontró eco en la municipalidad de la capital chilota que salió a responder a través de la asesora jurídica, Loida Salgado.
La abogada asumió la defensa cuando llegó a ocupar el área jurídica a fines de 2018 y cuando se inició la tramitación.
Salgado recalcó que “son demandas presentadas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, las que se han resuelto en definitiva este mes y cuyos montos estaban reservados previamente a la espera de los fallos que se recién resolvieron y que están en pleno conocimiento de cada uno de los integrantes del Honorable Concejo Municipal y de la Contraloría General de la República, debido a la incertidumbre que existía, como ocurre en cualquier procedimiento jurídico de larga data”.
“Los demandantes han ejercido el derecho a recurrir a tribunales cuando así se estime pertinente, por lo tanto no hacemos reproche alguno de aquello y de las sentencias de los tribunales que acatamos, quedándonos con la legítima convicción de haber usado todas las herramientas legales para ejercer una defensa adecuada”, puntualizó la asesora jurídica del municipio.
