Luego de confirmarse la masiva fuga de salmones desde el centro de cultivo  de la empresa Blumar, emplazado en el seno de Reloncaví, comuna de Hualaihue, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó medidas urgentes y transitorias a la compañía.

La máxima autoridad del servicio, Cristóbal de la Maza, señaló que tras el hundimiento de 16 jaulas y un posterior escape de peces, “se generó una situación de riesgo ambiental, que se está abordando a través de estas medidas en conjunto con acciones que ha ordenado Sernapesca”.

La empresa debera fijar un programa periódico de sobrevuelos de verificación del área de la concesión y sitios aledaños, que permitan descartar el varamiento de mortalidades de peces, abarcando a lo menos, los sectores costeros de Caleta La Arena, Chaicas, Puelche, Cochamó y Hualaihue. Se indica además que Blumar deberá presentar un programa de recaptura con información geográfica, contemplando un análisis de riesgo.

Además, deberá presentar un cronograma y programa de extracción, manejo, tratamiento y disposición de la mortalidad generada por el evento, sumado a la extracción de los peces que pudieran encontrarse atrapados entre las redes de cultivo. Otra acción será disponer las mortalidades en un lugar de destino final seleccionado, el cual deberá contar con un pronunciamiento sanitario, sobre la efectividad de recepcionar dicho residuo.

Finalmente, tendrá que registrar por medio de fotografías y grabación submarina del interior de la totalidad de las jaulas del módulo siniestrado, cada vez que se efectúe una actividad o procedimiento de extracción de mortalidad, la cual debe ser reportada diariamente a la Superintendencia cada vez que ello ocurra, mediante un informe en detalle de cada jaula.

Junto a estas medidas, la compañía deberá entregar en un plazo de 5 días hábiles contados desde el vencimiento de las medidas ordenadas, un informe detallado respecto de cómo fue cumplida cada una de ellas.

Las críticas a la empresa

Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace Chile señaló que es «impresentable que la propia empresa no sepa la magnitud del escape. El permiso de siembra era para un total de 1.009.474 salmones y en este evento se hundieron prácticamente todas las jaulas, por lo que al menos estamos hablando de 1 millón de salmones escapados».

«Sabemos también que la industria sistemáticamente falsifica los datos sobre siembras y mortandades, así lo demostró el caso de Nova Austral donde el ex gerente Nicos Nicolaides presenta diferentes denuncias y querellas por ocultar las cifras. Para el caso de este centro, el representante legal de la empresa Blumar al momento de la tramitación de los permisos para aumentar la capacidad de cultivo es el mismo Nicos Nicolaides, por lo que no extrañaría que la cantidad realmente sembrada en este centro sea aún mayor de lo autorizado y se debe investigar a fondo las causas del hundimiento de las jaulas», agregó la representante de Greenpeace.

En tanto, entre los habitantes del sector también había desazón por lo ocurrido. Las Comunidades Indígenas del territorio de Walaywe, se declararon «muy preocupadas por el hundimiento del centro de cultivo. Lo que genera mayor incertidumbre es pensar que hay o una fuga masiva o una mortandad masiva de peces, ya que cualquiera de las dos situaciones genera un daño tremendo al ecosistema y fondo marino».

«Nuestra mayor preocupación es que este centro de cultivo limita con el actual ECMPO (Espacio costero marino de pueblo originario) Mañihueico-Huinay, en proceso de destinación marítima cuyos solicitantes son las comunidades indígenas del territorio de Walaywe, que en conjunto con pescadores artesanales y otros usuarios del borde costero de Walaywe, se verán afectadas por esta situación que tiene el carácter  de desastre ambiental», explicó Yohana Cuñuecar, representante de la Comunidad Admpu Ka Lafquen, parte del grupo de comunidades solicitantes de la ECMPO Mañihuieco-Huinay.

«Creemos que este tipo de desastre no debe pasar por alto y esperamos que las autoridades no se escuden en la actual pandemia para realizar las fiscalizaciones que corresponden y esperamos las máximas sanciones que los organismos de estado puedan aplicar: la caducidad de la concesión marítima y de la Resolución de Calificación Ambiental de este proyecto», exigieron las comunidades.