«Durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la vigencia de las alertas sanitarias, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes clientes»:
– Usuarios residenciales o domiciliarios.
– Hospitales y centros de salud.
– Cárceles y recintos penitenciarios.
– Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
– Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
– Bomberos.
– Organizaciones sin fines de lucro.
– Microempresas.
Así lo dispone, el texto de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras, y que fue respaldado por 28 votos a favor y 10 abstenciones en la Sala del Senado, con lo cual quedó en condiciones de ser remitido a su trámite de promulgación.
Cabe señalar que, los senadores Harboe y Galilea dejaron constancia de su inhabilitación en la votación.
En la oportunidad, los parlamentarios coincidieron en forma transversal en el objetivo social y humanitario del proyecto que contempla la postergación de los mencionados cobros, no obstante, algunos legisladores hicieron presente sus aprensiones por las obligaciones que genera para el Estado, en cuando a eventuales indemnizaciones a las empresas y la constitucionalidad de las normas.
Asimismo, senadores de gobierno recordaron que el Presidente de la República, el 27 de marzo anticipó un acuerdo con las empresas de servicios, de modo que no se apliquen cortes de suministros.
Por su parte, senadores de oposición indicaron que lo importante es contar con un marco jurídico no sólo para el 40% más vulnerable sino para el 60% de la población y para todos quienes están enfrentando los efectos de la crisis y que tiene dificultades para financiar sus gastos.
La iniciativa suspende además las normas que permiten la aplicación de cargos por interés, por mora y la suspensión del servicio para dichos clientes.
Por otro lado, se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria; y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.
EL DEBATE
Durante el debate intervinieron los senadores, Álvaro Elizalde quién en su calidad de presidente de la Comisión Mixta dio cuenta del Informe de la Comisión Mixta, además del Subsecretario Juan José Ossa. Fundamentaron su voto los senadores:
“Creo que habiéndose generado la voluntariedad del pago no entiendo por qué se genera responsabilidad del Estado”
«Es un proyecto bien inspirado pero lamento que no se haya aprobado el límite de consumo en agua potable»
«Creo que no se focaliza adecuadamente el beneficio y se vulneran algunas normas constitucionales al principio de igualdad en la repartición de cargas públicas»
«Tenemos una situación excepcional, la economía está en estado de hibernación y las medidas sociales como ésta son una importante la señal para los ciudadadanos».
«Este tipo de proyectos se han implementado por distintos gobiernos en el mundo y de distinto sino político . La propiedad privada debe estar orientada al bien común».
«Es una alivio sensato, mínimo y necesario para muchas familias de trabajo para que no paguen todo el costo social asociado a esta pandemia».
«Es importante considerar en el Ingreso Familiar de Emergencia la deuda acumulada a los 3 meses, por concepto de estos servicios»
«Esta fue una iniciativa del Presidente Piñera quien llegó a acuerdo con las empresas para establecer todo lo que se da a conocer en este proyecto».
«Queremos dar certeza a los usuarios en tiempos de pandemia y el proyecto perfecciona un acuerdo y le da validez jurídica,especialmente en materia de internet»
«A nadie le van a cortar los servicios básicos. Pero, nadie puede desconocer que si se legisla se dará derecho a empresas para demandar al estado, lo que genera incertidumbre”.
“Esta ley va más allá de los acuerdos establecidos por el gobierno y las empresas porque alcanza solo los 50 mil hogares, lo cual es un mínimo y este proyecto apunta al 60% de población más vulnerable y quienes cambien su situación”
«Las reglas deben ser claras para que se puedan cumplir. Tuvimos muchas situaciones donde no hubo acuerdo en todas las normas, creemos que estos convenios deben ser voluntarios, las personas tienen que decidir».
«A raíz de la constitucionalidad de esta norma, en cualquier país esto pudo ser resuelto por decreto en virtud de las facultades del estado de emergencias. Las empresas de servicios deben ser reguladas».
«Hoy damos un paso importante en el ámbito de nuestras competencias. Queda claro que tenemos dos desafíos : conectar a los no conectados con internet y telefonía de calidad y estable, sí como dar agua potable a mas de 1 milón de personas».
«Uno entiende que este tema es un elemento esencial estamos en condiciones de estado excepción y este ambiente peculiar que tensiona al Estado».
«Creo que es un proyecto tan sencillo, tan humano que debiera haber convocado a todas las bancadas. Pero este proyecto no da solución a las personas solo genera deudas».
«Agradezco a la Ministra de Transportes que acogió la moción que presentamos junto a la senadora Provoste y otros autores para que los estudiantes cuenten con internet gratuito».
«En este tipo de debate queda en evidencia la diferencia entre oposición y gobierno para enfrentar la crisis. Sorprende que el gobierno no haga uso de las facultades del Estado de emergencia para condonar multas, regular precios y aliviar a hogares».
